El fiscal Flavio D’Amore recibió instrucciones para que solicite el sobreseimiento de los funcionarios públicos imputados en la causa judicial contra la organización barrial Túpac Amaru. A dos años de la citación a indagatoria del intendente de Lavalle, Roberto Righi, y de funcionarios del IPV de las gestiones justicialistas, el fiscal adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar, y el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Sebastián Capizzi, reconocieron que no hay pruebas ni argumentos legales para continuar con la acusación penal. Otro capítulo del Fracaso de la Operación Túpac, o cómo hace agua la guerra política, mediática y judicial de Alfredo Cornejo contra sus opositores.
Exclusivo de EL OTRO | Por Negro Nasif
¿Es o se hace?
El 26 de abril de 2019, el entonces gobernador de Mendoza ofreció una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. En el monólogo comunicacional, Alfredo Cornejo colocó un ladrillo más en su relato impune de demonización de la organización barrial Túpac Amaru y de dirigentes políticos opositores.
Roberto Righi “se hace la víctima y acá las únicas víctimas son las personas que no tuvieron sus casas o que les construyeron sus casas en forma deficientes”, cargó públicamente el exgobernador contra el intendente de Lavalle, quien fuera ese mismo día citado a declaración indagatoria, en el marco de la ya fallida Operación Túpac.
“Si el municipio no ha cumplido con su tarea y el intendente no cumplió con su tarea de control requiere de sanciones y de someterse a una investigación. Investigación que en Mendoza es absolutamente imparcial”, mintió Cornejo aquel viernes, a solo dos días de las elecciones PASO en las que -casualmente- el dirigente peronista lavallino disputaría la reelección.
La clara maniobra, para nada neutral, tuvo a la fiscal Gabriela Chaves como protagonista destacada del lawfare radical o, dicho en mendocino, la guerra judicial promovida por el procurador de la Corte y amigo personal del exgobernador, Alejandro Gullé, en contra de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que ofrecieran resistencia a las políticas de gobierno que, para ese entonces, hacían estragos económicos. Por supuesto, bajo el manto de silencio de empresas hegemónicas de comunicación que, solo durante aquel 2019, recibieron más de 100 millones de pesos mensuales en concepto de “pauta oficial”.
La gran estafa
Chaves, en una inusual incursión mediática para una funcionaria del Poder Judicial, precedió a Cornejo en la instalación del discurso de criminalización de la Túpac y de la figura del intendente de Lavalle. Un día antes de la conferencia de prensa del gobernador, la fiscal dio la noticia judicial en Mendoza Post. “Este viernes, el intendente de Lavalle, Roberto Righi, será imputado por ‘peculado’ en el marco de la causa en la que se investiga un eventual fraude al Estado respecto de los recursos que tenían como destino la construcción de viviendas sociales en ese departamento”, señaló el operador de prensa Christian Sanz en el texto de la entrevista con la magistrada.
“¿Pero usted tuvo en cuenta que justo había elecciones este domingo?”, preguntó Sanz fingiendo ingenuidad. “Yo no tengo en cuenta la agenda política, porque todo el año va a ser un año de elecciones. Lo importante es que esto es el gran fraude a los mendocinos, y me voy a tomar todo el tiempo que me tenga que tomar para avanzar en esto”, mintió Chaves. O al menos esa es la evidencia que se desprende, no de los medios de comunicación hijos de pauta, sino del expediente judicial que luego de dos años no reunió prueba alguna ni argumentos jurídicos para avanzar en aquella grandilocuente acusación de la exfiscal de la causa.
La única verdad
EL OTRO accedió en exclusiva al expediente judicial 79.663/18 donde consta que, el pasado 17 de marzo, el fiscal Flavio D’Amore elevó un pedido de consulta a sus superiores respecto a la continuidad de la causa judicial, heredada de Chaves, en la se imputó a los funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda y al intendente de Lavalle, entre otros.
En su largo escrito, el fiscal D’Amore concluyó que las hipótesis planteadas por Chaves a lo largo de su investigación no encuentran respaldo en las pruebas concretas incorporadas a la causa y, en razón de ello, consideró solicitar al tribunal el sobreseimiento de los imputados.
“Si bien en un primer momento podría haber existido cierta sospecha en relación a los mismos (se refiere a los funcionarios públicos imputados), con la incorporación de diversos elementos probatorios (…) surge un estado de duda –a mi criterio- insuperable respecto a que los mismos omitieron deliberadamente el control del programa para facilitar el desvío de fondos”, sostuvo categórico el fiscal, y agregó: “Si bien se encuentra probado que muchos de esos funcionarios suscribieron contratos de obra, actas de inicio de obras, certificados y otros documentos, no se advierte por qué la intervención en dichos actos jurídicos se tornaría fraudulenta, máxime cuando dichos actos han sido auditados por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, sin existir observaciones al respecto”.
Todo va a caer
El último 12 de abril, en respuesta al planteo elevado por D’Amore, el fiscal adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar, y el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Sebastián Capizzi, respaldaron los argumentos del responsable de la acusación y le instruyeron que solicite “el sobreseimiento de los funcionarios públicos imputados en la presente actuación penal”, y que agote “la investigación respecto al destino real dado por el resto de los imputados a los fondos públicos desembolsados en el marco de programas nacionales”.
Esto último resulta casi una expresión de deseos, si se tiene en cuenta que recientemente el propio fiscal D’Amore planteó el cambio de calificación en las imputaciones contra Nélida Rojas y militantes de la Túpac Amaru, al considerar que ya no hay elementos para sostener las acusaciones por asociación ilícita, extorsión, usurpación y coacción agravada, figuras penales que utilizó la fiscal Gabriela Chaves para encarcelar a Rojas y su familia.
“Cuando partimos de la base de la imposibilidad de modificar las acusaciones contra los funcionarios públicos aquí tratadas, lo hacemos descartando cualquier impulso proveniente de la íntima convicción, la opinión pública o las presiones políticas”, señalaron Nazar y Capizzi, tras instruir que debe requerirse el sobreseimiento de los imputados Omar Parisi, Carmelo Simó, Manuel Moreno Serrano, Jorge Mario Pérez, Roberto Righi, José Blanco, David Acuña, Jorge Álvarez y Carolina Arribi”.
“Presiones políticas”. Al que le quepa el lawfare, que se lo ponga.
