El titular de la OSEP, Sergio Vergara, deberá concurrir a la Legislatura para explicar un acuerdo irregular entre ese organismo y la Municipalidad de Guaymallén. El diputado Lucas Ilardo denunció maniobras ilegales que dejaron sin ART a los trabajadores del municipio que conduce Marcelino Iglesias. La Fiscalía de Estado investigará posibles perjuicios económicos en la obra social.
La Legislatura aprobó ayer la citación al Director General de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Sergio Vergara (foto de portada), para que dé explicaciones sobre un convenio celebrado con la comuna que gobierna el radical Marcelino Iglesias.
“El municipio de Guaymallén y la obra social firmaron un acuerdo irregular a partir del cual la entidad se convirtió en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo del municipio sin siquiera estar habilitada legalmente para hacerlo”, cuestionó Lucas Ilardo, el diputado provincial que impulsó la citación del titular de la OSEP.
Ilardo denunció que “la obra social no está cumpliendo con su Carta Orgánica, ya que el único objeto para el cual ha sido constituida dicha entidad es asegurar la prestación de servicios médicos asistenciales que contribuyan a la preservación de la salud física y psíquica de sus empleados” y no la cobertura por accidentes y enfermedades profesionales.
Del WhatsApp al escándalo
Tal como informara EL OTRO el 1 de noviembre de 2017, la Municipalidad de Guaymallén dejó sin Aseguradora de Riesgos de Trabajo a 3800 empleados y les comunicó la novedad por la red social WhatsApp.
En los últimos días de octubre los trabajadores y trabajadoras del municipio se enteraron de forma sorpresiva que ya no contaban con los servicios de ART. “Sres. Secretarios y Directores, comunico que a partir de hoy y hasta nuevo aviso los accidentes de trabajo serán atendidos por OSEP”, se informó entonces mediante un mensaje distribuido a través de celulares.
Lo que se notificó el año pasado, y que hoy se dio a conocer a partir de la difusión de una denuncia presentada por Ilardo ante la Fiscalía de Estado, es que el vínculo entre el municipio y OSEP posee groseros vicios legales.
De acuerdo con el escrito del diputado peronista, el convenio transgrede las previsiones de la Ley N° 24.557 (Ley de riesgos de trabajo) y desconoce a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el organismo estatal responsable de fiscalizar el funcionamiento de las aseguradoras laborales.
Implicancias legales y patrimoniales
“Recurrir a este tipo de convenios es contrario a la normativa laboral, implicaría una violación a la ley que necesariamente llevaría a implicancias penales de los funcionarios que tomen esa decisión”, consigna Ilardo en su denuncia, en la que también puntualiza posibles perjuicios económicos por el accionar irresponsable de Sergio Vergara.
El legislador además apuntó contra el autocalificado “abanderado de los gorilas”: “Marcelino Iglesias está ahorrando a costa de los trabajadores. Cualquier empleador de la provincia tiene la obligación de tener a sus empleados con una ART contratada. El intendente de Guaymallén decidió que sus trabajadores no estén cubiertos y, encima, firmar un contrato con una entidad que no está autorizada para ser ART”.
El acuerdo irregular, que flexibiliza las condiciones laborales, obliga a Guaymallén a pagar el equivalente al 3,7 % sobre el total de la masa salarial que perciba el personal de la Municipalidad en condición de planta permanente, temporaria, contratados, personal fuera de nivel o escala y/o cualquier otra modalidad de contratación incluido el aguinaldo. Pero no garantiza la protección legal de la salud y vida de los empleados, y expone al municipio a futuras demandas judiciales.
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