Un litigio en el fuero laboral desnudó una dinámica de aprietes que llegó al presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay. El escándalo comenzó por un juicio laboral contra un geriátrico VIP -propiedad de la exdiputada nacional del PRO Susana Balbo- e incluye amenazas, falsas denuncias, incompatibilidades y apellidos poderosos. Todas circunstancias ajenas al servicio de Justicia, aunque parte de su cotidianidad.
Investigación especial de EL OTRO Diario
Foto de portada: Dalmiro Garay, presidente de la Corte | Por Cristian Martínez
Gente grande
El último suceso que sacude a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en un año institucionalmente vergonzante, surge de un juicio laboral. Más precisamente desde el expediente “Bonil Rojas Katherine Danef c/ Gente Grande S.A. p/ despido”. En este caso, una trabajadora de un geriátrico VIP que al ser echada le inició un juicio a su empleadora.
A partir de fuentes del Poder Judicial y documentación que consta en los expedientes en curso, EL OTRO pudo reconstruir la trama que implica apellidos célebres de la economía, la política y el foro local.
La residencia para ancianos donde se desempeñaba la trabajadora -bajo el nombre comercial “Awki”- es propiedad de la exdiputada nacional del PRO y empresaria bodeguera Susana Balbo y su representante legal es el Dr. Miguel Pérez Hualde (hermano de Alejandro, exjuez de la Suprema Corte local), quien en ese entonces se desempeñaba como responsable del Área Jurídica de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, ocupando -en modo cambiemita- ambos lados del mostrador.
El juicio se tramitó y lo ganó la trabajadora, por lo que el patrocinante de Bonil, el Dr. Marcelo Venier, trabó embargo preventivo sobre la cuenta bancaria del geriátrico. Por la patronal, Pérez Hualde contestó con una solicitud de sustitución de embargo. El abogado Venier recurrió y finalmente la Primera Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial accedió, bajo la forma de póliza de caución.
Esta situación desembocó en un recurso contra la sentencia, presentado por Pérez Hualde, que en definitiva espera la resolución del máximo tribunal de Justicia de Mendoza.
Hasta aquí, un litigio más de la vida judicial vernácula.
Pendejo, tengo tus datos
Las desprolijidades más elocuentes comenzaron a evidenciarse el 7 de setiembre de este año, cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, recibió una nota firmada por las juezas María Nenciolini, Elcira de la Roza y Alfredo Milutin, titulares de la Primera Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, en la que manifestaron que los abogados Marcelo Venier y Miguel Pérez Hualde “actuaron de manera contraria a los deberes de probidad y respeto propia de dos profesionales del derecho”, en la causa Bonil contra Gente Grande S.A.
Según los camaristas, “los profesionales han hostigado de manera permanente a través de llamadas telefónicas a los integrantes del Tribunal y sus funcionarios, realizando toda clase de amenazas”.
En la misma misiva advirtieron que “la conducta del Dr. Pérez Hualde, representante de la parte demandada, resulta de suma gravedad. Insultó al Dr. Luffi (NdR: prosecretario de la Cámara) con expresiones tales como ‘pendejo’ ‘ya tengo tus datos’, insinuando, en la virulencia de sus expresiones, que le enviaría matones y amenazó ‘cargar las ambulancias con los viejos y se las voy a estacionar en la puerta del Tribunal para que se hagan cargo’, expresiones escuchadas directamente por las Dras. de la Roza y Nenciolini”.
Mientras que sobre Venier, alegan que “al momento de suspenderse la primera audiencia de vista de causa, como consecuencia de la pandemia, se dirigió despectivamente hacia la persona del Dr. Milutin y formuló amenazas”.
Por otro lado, recordaron otro incidente con Pérez Hualde ocurrido en 2018, donde “concurrió al Tribunal, entró a los despachos de los jueces levantando la voz y agrediendo verbalmente a los magistrados por el resultado de la sentencia, la que apeló y fue confirmada por la Corte”.
Mantener la paz
Marcelo Venier, abogado de la trabajadora del geriátrico, asegura haberse enterado de la situación mientras tramitaba otro expediente ante el mismo Tribunal, lo que dejó plasmado en una nota que envió a la Suprema Corte el 14 de noviembre: “Habiendo tomado conocimiento en el día de ayer, en Gómez C/ Gil, originarios de la Primera Cámara del Trabajo que, con motivo de la excusación deducida por la Dra. Elcira de la Roza, el tribunal en pleno (Primera Cámara del Trabajo) habría procedido a elevar nota a V.E. con fecha 7 de septiembre del 2020, concurro a ponerme a vuestra disposición ESPONTÁNEAMENTE para todo lo que considere necesario y oportuno, a fin de resguardar mi buen nombre y honor”.
Aunque el letrado también le señaló al máximo tribunal la liviandad con que se habían tramitado los presuntos hechos denunciados por los camaristas Nenciolini, de la Roza y Mitulin, contexto en el cual, además, accedieron al apriete de Pérez Hualde: “la gravedad de los hechos que se denuncian ameritan la inmediata intervención de la Justicia del Crimen pues, no puede admitirse que los magistrados y/o funcionarios puedan ser objetos de AMENAZAS Y/O COACCIONES de ningún tipo y menos aún, que con las mismas logren sus propósitos los agresores”.
En diálogo con EL OTRO, Venier sostuvo que “en el expediente del geriátrico no figura nada respecto a mi supuesto maltrato. O sea, recién en setiembre, y en otro expediente, el Tribunal menciona esa falta de conducta siendo que habían sido amenazados por Pérez Hualde. Le escribí a Elcira de la Roza diciéndole que me parecía descabellado lo que estaba sucediendo, ya que me dejaban en el medio, cuando las amenazas fueron hechas por Pérez Hualde y me contestó que lo había hecho para mantener la paz en el Tribunal”.
“Lo que querían hacer pasar es que esto era una disputa entre abogados. Pero en definitiva, ellos accedieron a la amenaza de Pérez Hualde”, denuncia el profesional laboralista, quien relata que “el 27 de noviembre me cita Dalmiro Garay. Me dice que los jueces habían estado reunidos con él el día anterior. Porque yo les había mandado una carta documento solicitándoles que se retracten respecto de mi presunto maltrato. A Garay le dije que el problema era de la Suprema Corte, porque si había amenazas como afirmaron los jueces, había delito y ya tendría que estar en manos de un fiscal y la Justicia del Crimen. En definitiva le aseguré que si ellos no hacían la denuncia, la haría yo. Y además denunciaría a los jueces por realizar una falsa denuncia”.
Finalmente, Venier formalizó la demanda penal ante el Ministerio Público Fiscal, que conduce el procurador Alejandro Gullé, el pasado 13 de diciembre, aunque aún espera que lo citen a ratificar su denuncia. “¿Qué garantías tiene el justiciable cuando tiene que litigar contra personajes como éstos? Ninguna”, concluyó el abogado.
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