La organización Padres de la guarda es un grupo de padres y madres que por diversas disposiciones judiciales tienen prohibido ver a sus hijes. Sus integrantes reclaman el derecho a recuperar el contacto porque sostienen que las denuncias que les alejan de sus familias son falsas. La lucha de esta organización aborda un tema complejo que muchas veces se evita profundizar porque cada caso tiene sus particularidades, además este tipo de organizaciones corren el riesgo de amparar a personas violentas. Por eso EL OTRO no solo entrevistó a integrantes de Padres de la guarda sino también a la reconocida abogada de Familia y feminista Marisa Herrera.

Fotos: Seba Heras

Durante la semana del Día de las infancias la organización Padres de la guarda instaló un stand frente al edificio de Justicia de Familia y Minoridad de Mendoza para visibilizar su reclamo, así fue como EL OTRO conoció a esta organización y decidió entrevistar a sus voceros. Se autodefinen como “un grupo de autoayuda  y de apoyo para padres que no contaban con ningún tipo de contención”, se trata de una organización de 14 años que cuenta con alrededor de 40 padres y, en su minoría, madres que tienen prohibición de contacto con sus hijes por disposición judicial.

Cada caso es distinto, pero a la mayoría se les denuncia por maltrato infantil o abuso sexual hacia sus hijos e hijas. Lo que sostienen las y los integrantes de Padres de la guarda es que las denuncias que pesan sobre ellos son falsas. “Nosotros luchamos por los derechos de nuestros hijos y los nuestros como padres. Somos padres y madres, pero también abuelas, abuelos, primas, primos, tíos”, explicaron.

Adrián Fermosel, vocero de Padres de la guarda.

Adrián Fermosel, uno de los voceros de la organización, cree que hay “un gran negocio” alrededor de la Justicia: “lo que hace el sistema con cualquier tipo de denuncia es tratar de engrosar y colapsar en lugar de darle un tratamiento como corresponde, que deberían ser 90 días como máximo; hoy pueden pasar 2 o hasta 10 años.  El negocio es todo lo que se genera a raíz de estas denuncias: los honorarios de los abogados, que se abran puestos en entidades que se desprenden de la DINAF a las que se les asigna un presupuesto, puestos de personas que no hacen nada. También se justifica la generación y creación de nuevas fiscalías con algún tipo de objetivo particular. Se hace de todo esto un circo, se genera plata permanentemente”.

Frente a la afirmación de que “hay una mina de oro” detrás de estas denuncias, EL OTRO consultó a la reconocida abogada de Familia Marisa Herrera, quien respondió a las palabras de Fermosel: “¿Quién puede creer que haya un ‘gran negocio’ en iniciar planteos falsos? Sabemos que este tipo de juicios no generan ni ‘un gran negocio’ ni ‘mueven mucho dinero’. Es sabido que los casos en el fuero de Familia que generan dinero son los de contenido patrimonial, no este tipo de procesos. Todo lo contrario, son casos que para los/as abogados/as encierra un compromiso ético y profesional muy fuerte por la gravedad y la magnitud de la violación de derechos humanos que involucra a personas menores de edad, personas vulnerables, y a sus madres que deben contenerlos y llevar adelante procesos psico-socio- judiciales muy dolorosos. En definitiva, no se genera ni un gran negocio, ni involucran gran dinero; lo que sí genera es muchísima angustia”.

Alexis Melnicov, padre integrante de la organización.

Alexis Melnicov, otro integrante de Padres de la guarda sostiene que “el juez no le hace un estudio psicológico a quien denuncia. Directamente ante la presión mediática o para lavarse rápido las manos le da curso a la denuncia. A mí me hicieron una denuncia por violencia psicológica con testigos falsos, compañeras de trabajo que no me conocían a mí ni a mis hijos. Desde ese momento a mí me sacan de mi casa con la policía sin yo siquiera suponer que una medida así se me venía encima. Eso vulnera todos los derechos básicos de un ser humano. Después ponete vos a pelear judicialmente a ver qué logras. Yo pasé por 4 o 5 abogados, me cansé de gastar dinero. Mis hijos se hicieron grandes y son ellos hoy quienes vienen a verme. La justicia no resolvió nada, la denuncia por violencia psicológica todavía no la dan de baja”.

“La temática en cuanto a falsas denuncias sigue siendo la misma. Por más que haya probatoria de la falta de mérito y esté probada la falsa denuncia, jamás al denunciante se lo ha penado, nunca. Y si se lograra hoy una pena, con $12.500 o 7 meses de prisión, sigue siendo un incentivo permanente a que la gente haga una falsa denuncia porque lo que se hace con estas denuncias es dar aliento al sistema judicial, que hoy por hoy ha hecho de las causas de familia un negocio” insistió Fermosel.

Para Marisa Herrera, la lógica de Padres de la guarda encierra “varios errores. La Justicia no incentiva nada, la Justicia interviene ante un conflicto determinado. El régimen jurídico prevé acciones ante denuncias falsas de cualquier tipo, o en general como lo es la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de falsas denuncias; por ende, es falso que no exista ninguna sanción”.

De acuerdo con la especialista en Familia, “lo más importante, si nos centramos en la cuestión de las supuestas ‘falsas denuncias’ de violencia y/o abuso a los fines de impedir el contacto o comunicación entre el progenitor e hijo, se pueden extraer tres conclusiones: 1) la regla general es que las denuncias de abuso y violencia son ciertas, las personas no suelen inventar denuncias de tal magnitud al sólo efecto de interrumpir el vínculo entre padres e hijos; 2) las supuestas ‘falsas denuncias’ constituyen o encierran un modo perverso de desacreditar situaciones de gravedad que sufren los hijos contra sus padres, alegando que ellos están ‘manejados’ por el progenitor conviviente -por lo general, las madres- y 3) se fundan en un inexistente ‘síndrome de alienación parental’, ya que para ser conceptualizado de síndrome se debe cumplir con una cantidad de validaciones científicas que están absolutamente ausentes, respondiendo más a un argumento machista para culpabilizar a las madres y, a la par, esconder situaciones de extrema gravedad hacia los hijos como lo son las situaciones de violencia y abuso”.

Una de las razones por las que existen resquemores sociales frente a organizaciones de esta naturaleza es el hecho de que pueden llegar a ser integradas por padres y madres que realmente han sido violentos con sus hijos, hijas o parejas. Frente a la consulta de EL OTRO sobre cómo son admitidas las personas que se unen a Padres de la guarda, Fermosel explicó que “para formar parte de lo que hoy es Niños x Justicia (nuevo nombre con el que una parte de la organización se siente identificada), lo que solicitamos es la resolución o las pericias de causa, porque en el transcurso de todo estos años se han acercado muchas veces padres que tienen causas graves y bien fundadas”.

Respecto a este punto sensible la doctora Herrera también brindó su visión “crítica de este tipo de organizaciones porque se suelen edificar/amparar en situaciones de gravísima violación de derechos humanos a personas vulnerables como son los hijos y también sus madres, fundado en síndromes inexistentes y en reglas fundamentalistas y machistas, funcionando más como una ‘corporación’ para presionar y confundir a la Justicia”.

Michel Grizas, integrante de Padres de la guarda.

Pero desde Padres de la guarda sostienen que es una falsa apreciación confundirlos con una organización machista. “Lo primero que se estima es que nosotros somos un grupo antifeminista, pero lo nuestro va por otro lado. De hecho a los dos movimientos nos perjudican las falsas denuncias, porque muchas veces hay mujeres que realizan falsas denuncias amparadas por grupos feministas, que después quedan muy mal parados cuando se demuestra que la denuncia fue falsa. Yo tengo amigas feministas, he pensado en acercarme y es como que interpretan falsamente nuestro grupo: creen que somos amparadores de machos violentos. Esto no es una cuestión de género, no se trata de que solo los padres tienen este problema”, dijo Michel Grizas, otro de los padres presentes en la entrevista.

María Celia Fernández, madre integrante de Padres de la guarda.

“Mi caso viene de 2011. El padre de mis hijos me los sustrajo en unas visitas y no me los devolvió más. En el transcurso de que mi expediente me diera la tenencia a mí, el papá de mis hijos fallece en un accidente de tránsito. Nosotros habíamos llegado antes de eso a un arreglo y estábamos mejor, llegamos a una reconciliación de la cual nació Milagros, la hermana de los chicos que vive conmigo. Una vez fallecido el padre, los abuelos toman a mis dos hijos y los tienen con ellos desde entonces, en 2015. Hasta el día de hoy no tengo la posibilidad de un vínculo con mis dos hijos y su hermana tampoco, siendo que tengo una tenencia definitiva a mi favor, siendo que tengo un reintegro resuelto a mi favor, una autosatisfactiva donde el juez ordena urgente la vinculación, y nada de esto se respeta, está detenido en la Cámara de Apelaciones desde hace 3 años y medio. Esto es maltrato, porque mis hijos están creciendo sin papá y sin mamá”, contó María Celia Fernández, una de las pocas madres de la organización.

Lo que se reclama a la Justicia desde Padres de la guarda es la aplicación de “la Ley de Punto de Encuentro Familiar (número 8.647), que es una ley ya promulgada que establece mediante acordada de la Suprema Corte de Justicia y las municipalidades generar puntos de encuentro neutrales para que exista el reencuentro familiar supervisado con psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales. Otro reclamo es que nos tomen las denuncias por impedimento de contacto y por falsas denuncias, porque no lo hacen. Nos dicen que como es una pena leve es excarcelable, siempre buscan un pretexto. Nosotros entendemos que hay hombres violentos que cometen atrocidades, pero la mayoría de los padres no somos así”.

Para la abogada Marisa Herrera también es importante la aplicación de esta ley que permite encontrar a padres y madres con sus hijes: “me parece interesante destacar iniciativas como los llamados ‘Puntos de Encuentro Familiar’ como lo regula Mendoza o Chubut pero que por falta de recursos no se han podido poner en funcionamiento del modo en que está legislado. Ahora, este tipo de herramientas son de interés para trabajar de manera interdisciplinaria conflictos entre padres e hijos, cuando no se trate de situaciones de violencia o abuso, sino otro tipo de desavenencias o razones por las cuáles se incumplen regímenes de comunicación”.

“Desde el sentido común, ¿se puede sostener que, por lo general, las madres con el solo objetivo de interrumpir el vínculo con el padre apelan a una denuncia falsa de hechos de suma gravedad que compromete de manera directa a sus hijos, con las implicancias que se derivan de la doble intervención judicial -en el campo penal por el abuso, y civil por el impedimento de contacto- y su impacto ineludible en la vida de los hijos?”, interpeló la letrada.

“El sentido común permite concluir que la generalidad gira en torno, lamentablemente, a la cantidad de casos de abuso y violencia que se suelen observar con mayor presencia en el ámbito intrafamiliar. La balanza se inclina, sin lugar a duda, a favor de esta última situación: la veracidad de la denuncia y no la falsedad”, argumentó Herrera.

Frente a esta problemática compleja y delicada, en la que entran en juego diversos intereses e ideologías, EL OTRO buscó arrojar luz sobre un tema difícil de abordar por las particularidades presentes en cada caso. A pesar de las diferentes posturas aquí retratadas, hay un punto de acuerdo en ambas: La Justicia, y por tanto el Estado, es el responsable de que cada caso en que un progenitor pierda contacto con su hije sea resuelto de la manera más sana para ese niñe.

 

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