La definición le pertenece a Carlos Valcarcel, titular del PAMI en Mendoza. Este lunes, el funcionario dio explicaciones en la Legislatura sobre la crisis que atraviesa el organismo. El relato del médico personal del gobernador sembró incertidumbre, y explicitó el ajuste en el programa de salud de jubilados y pensionados.
Fotos: Coco Yañez
Finalmente, luego de un intento frustrado por la bancada oficialista, la Comisión de Salud del Senado provincial recibió esta semana al responsable de la Unidad de Gestión Local de PAMI, Carlos Valcarcel. El funcionario contestó, durante más de dos horas, las preguntas de los legisladores en torno a las graves dificultades que sufren los beneficiarios de la obra social de los jubilados.
El tema central de la “interpelación” fue la reciente baja de las prestaciones sanatoriales, que afectó a más de 25.000 afiliados de PAMI. Aunque también los senadores, y representantes de asociaciones de jubilados que se hicieron presentes, expresaron preocupación por las restricciones en el acceso gratuito a medicamentos y la reducción de prestaciones médicas de profesionales particulares bajo convenios.
El nuevo truco del “si pasa, pasa”
Valcarcel no ahorró eufemismos. En su alocución fue elocuente al señalar que es política del gobierno nacional terminar con la universalización de prestaciones asistenciales.
Ante los legisladores, con cierto sarcasmo que no hizo gracia a nadie, sentenció el fin del “todo para todos”. Una máxima que viene sosteniendo desde que asumió al frente de la delegación mendocina del PAMI.
Cabe recordar que el año pasado, el médico personal del gobernador Alfredo Cornejo protagonizó un papelón, al inflar cifras que justificarían el recorte de un presunto despilfarro millonario.
En una nota publicada el 16 de mayo de 2016, titulada “Afiliados fantasmas y edificios de sobra en el PAMI”, el diario ultraoficialista MDZ difundió parte de una entrevista con Valcarcel, quien denunció que “el PAMI perdía alrededor de 3,6 millones de pesos por mes en erogaciones que no correspondían”. O sea: los médicos se robaron todo.
Sin embargo, dos días después, el funcionario y el portal online retrocedieron sobre la exageración de sus pasos. “Tras la publicación de la nota, Valcarcel tuvo que rectificarse y aclaró que los médicos de cabecera no perciben un promedio de 200 pesos, sino de 33 pesos. De esta manera el PAMI no perdió por mes 3,6 millones, sino 594 mil pesos (sic)”.
De todos modos la mentira, o el mal cálculo, se instaló socialmente. Esta semana, Valcarcel reincidió en su estrategia, e insistió con la idea del “despilfarro”, para intentar justificar la poda presupuestaria que derivó en la caída de los convenios con clínicas privadas.
Recalculando
El médico cardiólogo no pudo dar precisiones sobre cuál será el futuro de los más de 25.000 pacientes que están bajo cobertura del hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Hospital de Ojos Caimari.
El senador peronista Gustavo Arenas, autor de la propuesta legislativa que promovió la citación del titular del PAMI, le preguntó a Valcarcel acerca de los miles de jubilados y pensionados que se quedaron sin cobertura abruptamente. Fue entonces cuando el responsable del programa de salud anotició a los legisladores que la Justicia dictó, la semana pasada, una “medida de no innovar” que obliga al PAMI a mantener los servicios de esos efectores privados hasta el 30 de junio.
No obstante la decisión judicial, el funcionario expresó que no está resuelto el futuro de los convenios con las clínicas, y que su estrategia es “reasignar pacientes”. Por ejemplo, unos 14.000 jubilados y pensionados irían a la clínica Santa Clara, que tiene 27.000 ya asignados.
En diálogo con EL OTRO, el senador Arenas señaló el “despropósito” que significa la “solución” de Valcarcel. Para el legislador, la crisis desatada en el PAMI lejos de resolverse se agravará, debido a la sobredemanda derivada a clínicas que no tienen la infraestructura ni la capacidad operativa suficientes.
Todo X $2
“Las autoridades (de PAMI) dieron de baja a la cobertura del 100% en los medicamentos, con una metodología similar a la baja de pensiones para discapacitados. Ahora los jubilados tienen que reempadronarse para ver si les corresponde ese derecho”, explicó el senador Arenas, luego de la reunión de la Comisión de Salud.
Además, el legislador le puso número a la gravedad del recorte: “Hay 50.000 mendocinos que no se han reempadronado y el PAMI supone que eso es porque estaban en forma irregular. Nosotros creemos que no es así”.
Situación igualmente crítica atraviesan los médicos privados que prestan servicios de salud para afiliados al PAMI, quienes recibirán montos irrisorios por sus prestaciones. “Por ejemplo, un médico especialista cobraba 65 pesos y ahora va a cobrar 24 pesos por paciente atendido”, graficó Arenas.
Desde la Asociación de Profesionales de PAMI expresaron que “hoy son los profesionales quienes deben dar la cara y hacerse cargo, frente a la dramática situación que viven los más de 20.000 abuelos que quedaron sin cobertura en la provincia”. Asimismo, esta organización gremial señaló que “el corte del servicio pone en riesgo de vida a los pacientes, y en una dificultosa situación a los profesionales que no cuentan con los recursos para afrontar estas contingencias”
Teléfono para Najul
Durante el ida y vuelta de preguntas y respuestas en la Comisión de Salud del Senado, Carlos Valcarcel reiteró una grave denuncia, ya difundida en medios de comunicación locales. El responsable del PAMI dijo, esta vez frente a los legisladores, que la Sociedad Española de Socorros Mutuos no reúne las condiciones sanitarias mínimas para prestar servicios asistenciales.
Debido al tenor de la declaración, el senador Arenas manifestó que el viernes pasado presentó un pedido de informe, dirigido a la ministra de Salud Claudia Najul, para que explique qué auditorías y controles está haciendo esa cartera sobre las clínicas privadas, y en particular sobre aquellas que prestan servicios para el PAMI. En el mismo sentido, el legislador insistió en un proyecto para que la propia ministra concurra a la Cámara Alta, requisitoria que ya fue rechazada en bloque por el oficialismo.
