El fracaso premeditado de las negociaciones con los gremios estatales adelanta un año complejo y duro para los “esenciales”, cada vez más invisibles a los ojos del gobernador Suarez. Los sindicatos definen esta semana acciones en conjunto. ¿Se viene un paro general?

Por Redacción EL OTRO

Foto: Coco Yañez

El Gobierno de Mendoza dejó en claro cuál será su posición frente a los reclamos de mejora salarial del próximo año. La reapertura de las paritarias 2020, por cumplimiento de una sentencia judicial, sirvió para evidenciar lo que se puede advertir en la estructura del Presupuesto 2021.

Los representantes gremiales que se sentaron a negociar mejoras salariales y laborales en los últimos días –SUTE y ATE- oyeron el mismo discurso. El gobierno marcó la cancha temprano: la pandemia no nos permite hacer ofertas salariales, sin recomposición de la recaudación no habrá aumento, los esfuerzos son para el pago de lo que ya está acordado, fueron, palabras más palabras menos, los argumentos de la patronal.

El cerrojo que mostró el Gobierno frente a las necesidades de las y los trabajadores y la realidad que trajo la pandemia presupone un año muy complejo. La expansión del coronavirus afectó los ingresos públicos en todo el país, no obstante, Mendoza es una de las tres únicas provincias que no aumentaron los sueldos de los trabajadores de la educación en todo el año. Desoír las demandas de las y los docentes, que sostuvieron con sus recursos el funcionamiento de la escuela, menospreciar las urgencias de los trabajadores y trabajadoras de la Salud y otros rubros esenciales, con un 26 % de inflación (al mes de octubre) y una canasta que roza los 44 mil pesos, es dinamitar cualquier acuerdo de convivencia.

Las cartas están dadas. Como se advirtió desde los sectores que representan a los laburantes, el Presupuesto 2021 no fue calculado para mejorar en su esencia a los servicios estatales. La preocupación del Gobierno, reflejada en el diseño de la distribución de los recursos públicos, está en un conjunto de obras públicas, el pago a los acreedores de la deuda, y en el beneficio impositivo para el sector privado.

Foto: Cristian Martínez

Las discusiones en la Legislatura con el Frente de Todos sobrevolaron, como viene sucediendo en los últimos años, las necesidades de los que sostienen los servicios esenciales del Estado, Salud, Educación, Seguridad, pero también la crisis sanitaria. La pandemia no pudo torcer la conducta adoptada en el palacio en el último lustro.

Las negociaciones y los acuerdos vinculados al endeudamiento para obras de infraestructura y el refinanciamiento de la deuda dejaron en un reducido segundo plano a la distribución arbitraria.  Ejemplo, el 58% de la inversión prevista para el próximo año – $35.602 millones -será destinada a Portezuelo del Viento, y en un ajustado 21% se acomodan obras de infraestructura vial, obras municipales varias, arreglo de la Ruta 82, cloacas en Malargüe, ciclovías en el área Metropolitana, Polo Judicial Penal, la maternidad del Hospital Luis Lagomaggiore y el arreglo de edificios escolares, entre otros.

Foto: Cristian Martínez

En otro punto, el presupuesto para el próximo año establece un aumento del 19% respecto del anterior, sin embargo la partida en concepto de “Amortización de la Deuda” decreta un incremento del 45% de la partida, en relación al último ejercicio.  En 2020, $6.467.022.462; en 2021, $ 11.797.903.911.

En paralelo, la Ley de Avalúo e Impositiva dispone que 50 actividades económicas recibirán una baja en alícuotas. El beneficio, creado con el objetivo de “estimular el crecimiento a través de la inversión”, supone una quita importante de la recaudación y por ende la desatención de otros frentes.

Foto: Cristian Martínez

Ni la letra del Presupuesto, ni las explicaciones de los funcionarios, ni la defensa oficialista en las Cámaras dejaron en claro en qué consistirá el ofrecimiento que se les dará a las y los estatales en el año que se avecina.  Se resalta con negrita que las limitaciones a incrementar el “gasto en personal” solo serán habilitadas cuando estén cubiertas por el presupuesto y las autorice el Ejecutivo.

Frente a la ajustada planilla excel, los gremios estatales SUTE, ATE, UPJCM, Judiciales, FADIUNC, APEL y ATSA cerraron filas y, en una conferencia de prensa que ofrecieron este lunes, denunciaron “la crítica situación salarial de todo el sector estatal y las acciones a seguir en conjunto”.

Foto: SUTE

El próximo viernes se realizará un plenario de todos los delegados de los sindicatos estatales. Diciembre siempre es agitado, y la frazada va quedando muy corta antes de comenzar el verano. Aunque desde los gremios anticipan que hay clima para exigir mediante un paro general.

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