Ante la falta de elementos que permitan sostener su encarcelamiento, la fiscal Gabriela Chaves se vio obligada a liberar a Ángel Rojas, hermano de la líder de la Túpac Amaru en Mendoza. El abogado defensor Alfredo Guevara la denunció penalmente por “abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y prevaricato”.
El jueves pasado la fiscal Gabriela Chaves decidió liberar a Ángel Rojas, hermano de Nélida, referenta de la Organización Barrial Túpac Amaru en Mendoza, quien sigue presa en la cárcel de Agua de las Avispas acusada de liderar una asociación ilícita, entre otros delitos.
Para Alfredo Guevara, abogado defensor de los hermanos Rojas, la libertad del “perseguido de la Túpac Amaru” se debe a la falta de elementos que sustenten la calificación jurídica de “coacción agravada”.
De acuerdo con el código penal (art. 149 ter inciso 2°), para que se configure ese delito que la fiscal Chaves le imputaba a Ángel Rojas, es necesario que éste haya obligado a una persona a hacer abandono de su “residencia habitual”. Según consta en el expediente N° P-19.352/17, al que pudo acceder EL OTRO, la representante del Ministerio Público sostuvo su acusación sobre Rojas basada en una denuncia de la ex miembro de la Túpac Amaru, Emilce Belén Martínez Lama, en la que acusó a aquel de haberla expulsado de su vivienda.
Sin embargo, esta versión de Martínez Lama fue contradicha por Rojas, quien sostuvo que en realidad aquella “intentó ocupar una vivienda en un barrio en construcción donde era sereno y que avisó a la policía, que sacó a la mujer del lugar ´antes de que saliera el sol´, y que se hizo una denuncia por usurpación”, en contra de Martínez Lama.
De la lectura del expediente surge que la denunciante había declarado un domicilio ubicado en un barrio en construcción, en Tres de Mayo, Lavalle. Es decir, una casa que no tenía ni techo ni ventanas, y que resultaría absurdo considerar como “residencia habitual”.
En síntesis, si no se daban las condiciones para considerar ese domicilio como “residencia habitual”, menos podría imputársele a Rojas el delito de coacción agravada, que requiere sí o sí ese presupuesto básico. No hay posibilidad de delito si la conducta no se configura exactamente como especifica el código penal. Este dato fundamental le constaba a la fiscal Chaves, no obstante igualmente decidió encarcelar al hermano de Nélida Rojas.
De acusadora a acusada
Para el Dr. Guevara las circunstancias endebles de detención de Ángel Rojas, entre otras, explican la motivación política que impulsa a la fiscal a “perseguir” a los militantes de la organización social. Es por eso que, además de haber solicitado la libertad de su defendido –que le fue otorgada- denunció penalmente a la propia Chaves por “abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y prevaricato”.
Pero éste no es el único dato relevante que quedó en evidencia en estos días. De acuerdo con una fuente judicial consultada por EL OTRO, hay constancia fehaciente que Milena Gómez, la primera persona que denunció a Nélida Rojas (patrocinada por el abogado Carlos Aguinaga y con gran exposición mediática) habría estado bajo las mismas condiciones que la denunciante Martínez Lama, o sea: reconociendo como domicilio una casa (sin techo ni ventanas) que a las claras no podría ser su “residencia habitual”.
En declaraciones a diario Los Andes, la fiscal Chaves admitió que recibe “directivas particulares” del fiscal Gonzalo Nazar, segundo del Procurador de la Corte Alejandro Gullé, designado por iniciativa de Cornejo.
De acuerdo con Guevara el domicilio de Milena Gómez también le constaba a la fiscal Chaves, ya que (como manifestó en una entrevista publicada ayer en diario Los Andes) en 2015 archivó una causa donde se probó que, si bien Gómez usurpó una vivienda el 19 de abril de 2015, la fiscal interpretó que se encontraba en “estado de necesidad” y por lo tanto decidió no solicitar su imputación.
Para el abogado defensor de Nélida Rojas (quien viene denunciado públicamente que la causa de la Túpac responde a órdenes directas del gobernador Alfredo Cornejo instrumentadas por el procurador Alejandro Gullé), esta situación demuestra cómo la fiscal forzó calificaciones penales para “montar” las detenciones, las que todavía no han sido revisadas por un juez.
Censura en Radio Nacional Mendoza
La Regional Mendoza del Comité por la Libertad de Milagro Sala publicó un comunicado en el que denunció actos de censura en la radio pública.
Señala el texto:
“Repudiamos la censura ocurrida el martes 18 de abril en Radio Nacional Mendoza, por decisión de la directora – interventora de Radio Nacional Gabriela Figueroa”.
“Esa mañana el periodista encargado de judiciales y de realizar coberturas relacionadas a Derechos Humanos entrevistó al abogado del CELS e integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, el excelentísimo Dr. Horacio Báez para dar a conocer la situación judicial de Nélida Rojas, desde una fuente diferente a la del oficialismo, única voz recurrida por este medio para informar sobre el caso”.
“La entrevista duró apenas seis minutos, y se realizó en clima de hostilidad hacia la labor que estaba desarrollando el profesional por parte del conductor Raúl Marín”.
“Una vez concluida la entrevista, el periodista redactó la nota y la publicó en la web de Radio Nacional, parte de su rutina laboral, tal como lo realiza con todos los informes que elabora. Dos horas después de publicada la nota con el respectivo audio fue eliminada de la página web y de las redes sociales de la emisora. El audio original fue borrado de los archivos generales de la emisora en Mendoza”.
“Nos duele la censura, nos duele la persecución ideológica, nos duele el cerco mediático. No vamos a cesar en denunciar estos continuos arrebatos a la democracia de parte de funcionarios de baja calaña del Gobierno Nacional y Provincial”.
