El sábado por la tarde, el delincuente José Sánchez aplastó con su tractor a un obrero de una chacra de la empresa Germinando S.A. La víctima, un joven de 20 años, resistió el desalojo ilegal de la vivienda que habita junto a su familia, frente a la amenaza concreta del patrón de “tirar la casa abajo”, si continúan reclamando una importante deuda, en concepto de tareas agrícolas realizadas en carácter de contratistas y empleados en relación de dependencia de la sociedad anónima. La Policía de Mendoza constató la escena del hecho pero ni siquiera facilitó asistencia médica de urgencia al agredido, ni tampoco detuvo al peligroso agresor. “El patrón les dijo que los iba a matar y a enterrar en la finca como a un perro que nadie va a reclamar”, denunciaron desde la comunidad boliviana organizada. Frente a la violencia institucional, configurada por las omisiones de funcionarios de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal, exigieron al Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia que interceda para proteger las vidas en riesgo.
Por Negro Nasif
Un obrero fue aplastado brutalmente por un tractor conducido por el patrón criminal de una finca propiedad de la empresa Germinando S.A., cuyo domicilio legal se encuentra fijado en “Los Pinos 11500, Distrito Los Corralitos, Departamento de Guaymallén”.
El indignante cuadro de crueldad ocurrió en el contexto de una sistemática explotación laboral ejercida por la sociedad anónima constituida en 2007, por “Graciela Margarita Morales, DNI 20.747.727” y “José Alberto Sánchez, DNI 17.698.875”, tal como consta en los registros societarios a los cuales tuvo acceso EL OTRO.
Según coinciden las y los testigos, una familia que vive y trabaja desde hace años en esa finca comenzó a padecer una escalada de agravios y amenazas de muerte por parte del empleador, tras ejercer el legítimo reclamo de una importante suma de dinero adeudada en concepto de porcentaje de producción hortícola bajo régimen de contratista, y haberes en mora por labores personales en relación de dependencia.
El espiral de crueldad de larga data, impregnado de racismo, xenofobia, machismo y odio de clase contra las y los más vulnerados, estuvo al límite de desembocar en el asesinato de un trabajador de 20 años, hijo de migrantes del hermano pueblo boliviano. La escena de terror trascendió la habitual invisibilización de la explotación en las chacras mendocinas, a partir de la viralización -este miércoles- de un impactante video en el que se puede observar la grotesca desigualdad entre un pusilánime montado en una maquinaria de gran porte y una persona que, con su menuda humanidad, se dispone a resistir el desalojo de su familia sumida en el extremo de la pobreza y la exclusión.
En el crudo audiovisual se oyen los gritos y llantos desesperados de varias personas, algunas de ellas muy pequeñas, de la familia Lamas-Rodríguez, quienes asisten en condiciones de indigencia al avasallamiento sin límites de un desquiciado que, dispuesto a derribar el humilde hogar obrero, sostiene su firme convicción de pasarles por arriba con las inmensas ruedas –para nada simbólicas- de su obsceno poderío económico y social.
Entre las testigos de una secuencia, que bien podría suponerse de un tiempo histórico de servidumbre superado, pero que refleja una lamentable actualidad, estuvo una escribana pública que, contratada por la empresa agrícola para dar fe de las supuestas trasgresiones de las y los trabajadores, terminó documentando lo que podemos ver en la pantalla de un celular: un joven tendido en el barro, gritando desgarrado, con un dolor que se oye insoportable, rodeado de gente impotente que oscila entre los llantos y los insultos de defensa ante la desesperación y la injusticia explícita, representada por el tractor del patrón apretando los huesos y las carnes del joven contra un poste frente al cual el obrero se plantó para resistir, con el último recurso de su cuerpo, el desalojo de una decena de seres humanos.
La pretensión de una expulsión completamente ilegal derivó en una clara tentativa de homicidio que, de milagro, solo provocó lesiones al trabajador que fueron acreditadas por agentes policiales, los que arribaron al lugar tras una llamada de auxilio. Pese a la evidente gravedad de los hechos y la indudable conducta dolosa de Sánchez, los uniformados se negaron a llamar a una ambulancia para que asistiera al herido e, incumpliendo el deber de aprehender al propietario en flagrancia, para identificarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía en turno, la Policía de Mendoza, en tanto representación del Estado, legitimó la impunidad de un concurso de conductas delictivas que de ningún modo hubiesen tolerado si, en lugar de ser el victimario un “empresario blanco” se tratara, inversamente, de un “joven boliviano” cargado con el estigma racista y la sospecha de clase de una fuerza de seguridad que, ya no cabe ninguna duda, está formada para la persecución penal conforme a estrictos criterios de portación de rostro, pobreza, feminidad o cualquier disidencia frente al orden injusto que Estado policial protege con suficiente autonomía.
Fueron los propios trabajadores desprotegidos al extremo quienes se ocuparon de buscar los medios para llevar al joven retorcido de dolor e indignación a un centro asistencial, donde afortunadamente, se descartaron fracturas o lesiones internas que requirieran hospitalización. Es así que la familia, previo denunciar los hechos en sede del Ministerio Público Fiscal, retornó a la misma casa que habitan desde hace años, sin agua, sin electricidad, ni otros servicios públicos esenciales, debido a que los Sánchez les cortaron los suministros para así forzar la desocupación del inmueble y eludir la obligación de cancelar las deudas originadas en una relación contractual que está vigente.
“El patrón dijo que los iba a denunciar como usurpadores, los amenazó que les iba a tirar las casas. Hay otro video donde se ve cómo uno de los Sánchez golpea a la madre del pibe atropellado”, señaló en su relato una de las fuentes consultadas por este diario. “Varias veces los quisieron atropellar con el tractor, luego de denigrarlos e insultarlos como ‘bolivianos de mierda’ y ‘muertos de hambre’, con una discriminación total”, señaló la doctora Raquel Cruzate, abogada de las víctimas, quien además subrayó la impunidad del empleador ante los ojos de la Policía y la Fiscalía.
Por su parte, Yolanda Pozo, destacada referenta de las comunidad boliviana organizada en Mendoza informó a EL OTRO que, apenas conocieron los hechos, se pusieron en contacto con la cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Cynthia Vicente, para anoticiarla de los acontecimientos sufridos por la familia Lamas-Rodríguez, entre ellos la madre y el padre del joven agredido, ciudadana y ciudadano bolivianos, quienes se radicaron en 1983 en este país donde nacieron sus hijos.
“Siempre vivieron de su trabajo, pero ahora no tienen dinero ni siquiera para enviar a sus hijos a la escuela. No les han podido comprar zapatillas, ropa, útiles, ni tampoco cuentan con plata para cargar combustible y llevarlos por el largo callejón de la finca hasta la ruta donde pueden tomar un colectivo”, señaló Pozo, protagonista fundamental en Mendoza de la resistencia popular contra la dictadura de Jeanine Áñez y de la vuelta a la democracia en el país vecino.
Previo a señalar que “vamos a exigir que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto”, la dirigenta comunitaria narró con notable preocupación que sus compatriotas “tienen mucho miedo de que los maten, porque el patrón ya los amenazó con una escopeta. Les dijo que los iba a matar a ellos y a su familia si seguían protestando por la deuda. Que los iba a matar y enterrar en la finca como a un perro que nadie va a reclamar”.
Las imágenes registradas, los testimonios, la carga social de aporofobia, la acostumbrada desidia del Ministerio Público conducido por Alejandro Gullé y la violencia institucional encarnada en la jefatura policial de Roberto Munives, suman suficientes razones para comprender el terror de las y los explotados y, al mismo tiempo, las garantías de impunidad de patrones criminales.
Otra vez está muy claro. No hay lugar para el chivo expiatorio de los supuestos loquitos sueltos. El Estado mendocino es y será responsable de las integridades y las vidas de las y los trabajadores agrarios que, en condiciones deshumanizantes, producen la riqueza que un puñado de sánchez acumulan.
