EL OTRO dialogó con la madre de dos niños abusados por una familia de pedófilos. La mujer se encuentra desesperada por “la inacción” del fiscal de la causa, Gustavo Stroppiana, y horrorizada por el tratamiento que un medio hegemónico le da a la información de esta historia, siempre en connivencia con el poder. Denuncia posible comercialización de imágenes de pedofilia.
Por Jo Thomatis
Sucedió hace más de un año el terrible episodio en el que una madre mendocina se enteró de que sus dos hijos menores de edad estaban siendo abusados sexualmente por la familia de su expareja, a quien ella anteriormente había denunciado por violencia de género y de quien estaba separada. Solo uno de los niños es hijo biológico del abusador, pero ambos reconocían como padre al hombre que abusaba de ellos junto con dos tíos, mientras la abuela miraba y la tía filmaba y sacaba fotos.
Como suele pasar en estas historias, los hechos horroríficos de abuso y pedofilia, que fueron comprobados durante el proceso que inició la Justicia, no tuvieron mucha prensa en los medios hegemónicos de la provincia, solo se publicó una nota meramente informativa a fines de 2019 en diario El Sol. Pero no fue hasta que la Justicia les dio la libertad a los pedófilos, que los diarios El Sol y Mendoza Post hicieron notas denunciando la gravísima situación de dejar a esta familia suelta. Las publicaciones fueron realizadas por pedido de la denunciante, que solicitó ayuda en los medios de Mendoza y solo obtuvo respuestas de esos dos diarios.
Pero no solo sucedió que los grandes medios pasaron por alto esta peligrosa situación en la que la Justicia no estaría actuando como corresponde también, en una clara postura machista, el diario Los Andes publicó una nota firmada por el periodista Oscar Guillén en la que se desacredita la denuncia de esta madre hacia los abusadores de sus hijos, nombrándola como “una denuncia guionada” y haciendo referencia a una supuesta falsedad de los testimonios brindados en la causa por los niños abusados, testimonios que ya habían sido completamente probados como reales en la investigación de la causa.
Una familia peligrosa
Tres hermanos, una hermana y la abuela. Toda una familia complotada para convertir dos infancias en un infierno. A estos abusadores de Godoy Cruz, una vez realizada la denuncia en su contra, se les secuestraron múltiples dispositivos (computadoras, cds, celulares) con contenido de pornografía infantil. “Hace más de un año que el fiscal tiene este material en su poder y no lo ha investigado. Hasta ahora no se sabe dónde esta gente consiguió el material ni tampoco si lo distribuyen, que en ese caso sería un delito federal”, cuenta anonadada la denunciante de la causa en entrevista con EL OTRO. El fiscal a cargo de esta investigación es Gustavo Stroppiana, reconocido actor en la resolución del caso Próvolo.
Al ser probadas las acusaciones de los hijos de esta mujer contra sus abusadores, los tres hermanos involucrados recibieron prisión preventiva el año pasado, pero luego el juez Marcos Pereira les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, que los hombres han violado de manera recurrente según denunciaron los propios vecinos del barrio en el que viven en Godoy Cruz. Marcos Pereira, luego de ese fallo en favor de los pedófilos, renunció a la causa.
“Y como la causa no se movió, se vencieron los plazos procesales. Ahora siguen imputados pero en libertad”, explica la denunciante angustiada, “son personas que tenían una cantidad muy grande de pornografia infantil, entre la cual hay fotos de uno de mis hijos desnudo”.
“Lo más extraño es que el fiscal nunca investigó, Stroppiana es muy liviano respecto a esta causa”, señala la mujer. “Que yo sepa, esta familia no tiene relación con nadie, no son personas que tengan contactos políticos o con el poder. A mí lo único que se me ocurre es que ese material pornográfico podrían haberlo vendido y que podrían ser distribuidores. Y que quienes lo compran son los que tienen mucho poder. Ninguno de la familia trabaja, solo el padre de mi ex pareja, en una cerrajería. Están pagando dos abogados penalistas, el mantenimiento de dos casas, pagaron las fianzas, ¿de dónde sale ese dinero? Mi expareja nunca tuvo trabajo, no se explica la cantidad de dinero que están gastando con su falta de trabajo. No me cierra de dónde sale la plata de estas personas”.
Periodismo sin perspectiva de género
Al leer el título “Una denuncia de abuso sexual ‘guionada’ generó protestas vecinales en Godoy Cruz”, de la nota firmada por el periodista Oscar Guillén para diario Los Andes en junio de este año, creímos estar leyendo una noticia publicada hace mucho tiempo atrás, porque no dábamos cuenta de ver un titular tan abiertamente contrario a todo lo que las leyes sobre perspectiva de género establecen para el tratamiento periodístico de una noticia en nuestro país. El cuerpo de la nota no hace más que confirmar esta falta de apego al cuidado de los derechos de las mujeres, niñes y adolescentes.
“A mis hijos los han revictimizado de una manera espantosa. En el diario Los Andes dijeron que mi hijo miente, que no pudo declarar en cámara Gessel porque se puso nervioso y en realidad lo que sucedió fue que fuimos dos veces a que nos atendieran en cámara Gessel, nos tuvieron esperando horas y al segundo día de espera mi hijo tuvo un ataque de pánico en el que empezó a gritar que le tenía miedo a Pablo, uno de los imputados, y en ese lugar no había ningún médico ni nadie que pudiera ayudarlo. Después apareció el director a pedir disculpas”, explicó llorando la denunciante a este diario.
Sostiene Guillén en su nota: “Otro dato importante es que la pericia realizada a la madre de los chicos no resulta favorable. Los psicólogos advierten que existe un odio visceral hacia su ex y toda su familia y que el relato no es convincente”, todo el tiempo apoyándose en “una fuente judicial” sin nombre.
“Que de mí digan lo que quieran, lo que no puedo aceptar es que a mis hijos los traten de mentirosos. A mis hijos los dejaron sin contención psicológica por la pandemia, están vulnerando todos sus derechos. El mayor tiene depresión y ansiedad medicadas, ambas. El más chico todavía no recibe ayuda psicológica porque recién ahora he logrado juntar dinero para pagársela de manera particular. Y yo no tengo ningún tipo de atención psicológica porque nadie me daba respuestas en los lugares a los que me mandaba el Estado”.
Pero lo que hace terrible a la nota publicada en diario Los Andes es el hecho de que ya había sido probada por la Justicia la veracidad de las declaraciones de los niños en cámara Gessel (sin mencionar la cantidad de imágenes de pedofilia que se probó que la familia de abusadores tenía en su poder y en la que había fotos de uno de los niños). “En las noticias que se endiosa al fiscal Stroppiana sobre el caso Próvolo veo la firma del mismo periodista que dijo que yo soy mentirosa y mis hijos también. Qué casualidad”, destacó indignada la denunciante.
La Justicia que no se hace
Más allá del horror de saber que los abusadores de sus hijos están en libertad y más allá del hecho de que los niños no duermen bien hace más de un año “por miedo de que vengan a buscarlos”, la denunciante no comprende por qué no se avanza desde la Fiscalía en la investigación del origen del material pornográfico incautado. Los abogados de la mujer ofrecieron un perito informático que la Fiscalía no ha puesto por su parte, “y todavía estamos esperando que lo acepte el fiscal hace más de un mes”.
“Otra cuestión que no me cierra del fiscal es que en la última audiencia, en la que fue el cese de la prisión preventiva para los imputados, mis abogados pidieron una perimetral de 2 km hacia mí y hacia mis hijos. Stroppiana se opuso porque le parecían excesivos los 2 km, cuando a uno de los imputados le sale en sus pericias psiquiátricas que tiene falta de control de impulsos y que además ha sido demostrado en la Justicia que rompió la perimetral que ya tenía para venir a mi casa y dejarme las ventanas trizadas. El juez sí otorgó la perimetral, pero el fiscal se oponía”.
La mujer no confía en las calificaciones en perspectiva de género del fiscal a cargo de esta causa. “Es incomprensible la falta de respuestas de Gustavo Stroppiana frente a esta situación. Pueden poner de excusa la pandemia, pero esta causa está hace un año dormida en la Fiscalía y tiene la firma de él”.
Ahora solo queda esperar que la Justicia inicie las investigaciones correspondientes, y que el periodismo local adopte en sus producciones lo dispuesto por la Ley Micaela y la Ley 26.485. Y que si ninguno de estos aspectos establecidos por ley se cumplen, que tampoco nadie quede impune.
