La Justicia condenó al policía José Alexis Méndez Castro por un doble caso de violencia institucional. Tras el veredicto de un jurado popular, el criminal recibió la condena de prisión perpetua por herir de un disparo a un militar -luego de una absurda discusión- y asesinar de dos balazos por la espalda a Ricardo Bazán Zárate, albañil y recolector de basura de Capital. “Mi hijo no merecía morir de la forma en que el policía lo mató. Estuve realmente muy mal, pero hoy me siento tranquila. Puedo decir que estoy en paz”, manifestó a este diario Antonia Zárate, mamá de “Ricardito”. En diálogo con EL OTRO, Lucas Lecour, presidente de Xumek y abogado querellante, explicó los desafíos a los que hubo enfrentarse en esta primera experiencia local de juicio por jurado, en una causa de gatillo fácil que el Gobierno de Mendoza invisibilizó.
Por Milagritos Contreras y Negro Nasif
“Hoy le exigimos a la Justicia que cuide a nuestro policías, hoy no hay ninguno imputado por gatillo fácil”, mintió Alfredo Cornejo el 20 de mayo de 2019. “Hoy tenemos un defensor del policía que si alguno de estos chicos tiene un problema, va a tener un abogado a disposición y que no se haga cargo la familia”, subrayó el exmandatario mendocino en un acto de entrega de equipamiento policial, flanqueado por el entonces candidato a gobernador, Rodolfo Suarez, el jefe de la fuerza de seguridad Roberto Munives y el actual ministro de Seguridad en las sombras, Néstor Majul.
En su discurso manodurista, Cornejo obvió intencionalmente dos gravísimos casos de violencia institucional protagonizados por el mismo auxiliar de policía. El “problema” invisibilizado que tuvo José Alexis Méndez Castro fue asestarle un balazo a un militar y acribillar por la espalda a un obrero.
Pese a los falsos dichos públicos del exgobernador, un proceso judicial demostró los detalles de un caso atroz de asesinato perpetrado por un policía que portaba su arma reglamentaria y prestaba funciones en la fuerza, no obstante tener antecedentes de gatillo fácil.
El 29 de julio del 2018 Méndez Castro tuvo una discusión de tránsito absurda con un transeúnte mendocino. El intercambio verbal escaló y terminó cuando la bala de su arma impactó en una de las piernas de Cristian Orellana, militar del Ejército Argentino. El policía, quien se encontraba fuera de servicio, huyó de la escena del crimen. En tanto que su víctima sufrió una herida de tal magnitud que debió abandonar su carrera militar.
Tras este primer hecho de gatillo fácil, el agente de policía fue sumariado. Aunque la Inspección General de Seguridad (IGS) recomendó su cesantía, el delincuente con uniforme siguió bajo las órdenes de Roberto Munives, director de Policía, y al amparo del entonces ministro de Seguridad, Gianni Venier.
La decisión política de sostener la impunidad del efectivo le dejó las manos sueltas. Nueve meses después del primer crimen, Méndez Castro se cobró la vida de Ricardo Bazán Zárate.
Durante la noche del 1 de mayo de 2019, Ricardo, su esposa María Sales y un amigo de la pareja salieron en auto a comprar alimentos para la cena. En las cercanías del barrio Alto Mendoza, en el oeste de la Capital, fueron detenidos por un control vehicular. Tres policías obligaron a los jóvenes a bajar del vehículo y palparon a Ricardo y María, una práctica habitual, y no siempre justificada legalmente, en las barriadas populares donde el hostigamiento policial y las detenciones por portación de rostro son frecuentes.
En ese contexto, Bazán Zárate, luego de ser revisado por los uniformados, huyó asustado, razón que, a juicio de uno de los agentes, fue suficiente para iniciar una persecución y frenarlo a balazos. “Uno de los policías constató que no tenía ningún arma, y él salió corriendo”, explicó la esposa de la víctima en una entrevista televisiva. Relato que fue confirmado con las pruebas del expediente judicial.
Méndez dejó a Ricardito tirado en el piso, le plantó una arma tumbera y se fugó. Ricardito, así lo llaman sus familiares y amigos, quienes reconocieron que el policía amenazó a Bazán en numerosas ocasiones antes de asesinarlo, lo que explica las razones de su huida abrupta el día de su fallecimiento. “Ya te va a tocar a vos, te estas salvando mucho”, le decía el policía, como un siniestro preludio de lo que terminó por acontecer, relataron desde Xumek, la organización defensora de los derechos humanos que asistió jurídicamente a la familia del albañil.
Fueron los propios vecinos del lugar los que auxiliaron al herido y lo llevaron al Centro de Salud del Barrio La Favorita, a donde ingresó sin vida y con dos impactos de balas policiales en el cuerpo, una en su corazón, según reconstruyeron más tarde los peritos judiciales.
La abundancia de pruebas permitió que el impulso judicial de la causa llegara a buen puerto. Durante el proceso que concluyó con la elevación a juicio, los efectivos que participaron de aquel operativo de tránsito contradijeron a Méndez, dejando expuesta la falsedad de su coartada que apuntaba a responsabilizar a la víctima del desenlace fatal. Los uniformados entregaron sus armas reglamentarias y a partir de los peritajes de rutina se puedo establecer que al menos seis disparos salieron de la pistola de quien finalmente fue condenado por el tribunal popular.
“Para Xumek el desafío fue doble”
Previo a la sentencia, Lucas Lecour, presidente de Xumek y abogado querellante en esta causa, explicó a este diario el doble desafío que implicó este proceso, debido a que no solo se trataba de un homicidio, además se acusaba a un funcionario policial, y esto representaba una carga mayor para que las que doce personas del jurado popular lo encontraran culpable de hechos tan aberrantes.
“Para nosotros desde lo profesional fue un desafío enorme, porque pensamos que la sociedad mendocina difícilmente, en su gran mayoría, apoyaría un accionar policial de estas características. Estamos enfrentando un prejuicio quizás nuestro o no, no lo sé, pero sí entendemos que no es fácil tener en el banquillo de los acusados a un policía que le disparó a un pibe pobre de un barrio humilde de Mendoza. Por supuesto, no debería pasársele por la cabeza a ninguna persona que esto no es un delito, pero hay mucha gente que considera que ‘es la policía o son ellos’, o entienden que la policía no tiene los mismos derechos que los presuntos delincuentes, y piensan que ya por el sólo hecho de pertenecer a un barrio humilde lo son, y el funcionario policial en esos casos estaría habilitado a disparar”, aseveró el abogado.
Asimismo, Lecour expresó que “no se trata de ir contra de la institución policial, sino de ir en contra de un policía que violó la ley, los protocolos, o no cumplió debidamente con sus funciones. Nuestro objetivo era mostrar que se trata de una serie de policías que, al no recibir la sanción que corresponde, terminan actuando de esta forma y causando este daño”.
Cuando este medio le consultó al presidente de Xumek si el hecho de que Méndez Castro hubiese abandonado a Bazán herido en el lugar agravaría aún más la situación del policía, el letrado aseguró: “Éste es un indicio que a nosotros nos permitió acreditar que hubo intención deliberada en matar, porque no solamente disparó, sino que también se fue del lugar, no le prestó ninguna ayuda, no dio aviso a ninguno de los compañeros que había disparado y que las balas habían impactado en Ricardo. Porque si hubiese sido esto un accidente, como intentó mostrarnos la defensa de Méndez Castro, cualquier policía que dispara y accidentalmente hiere a alguna persona, lo primero que va a hacer es asistirla, llevarla a algún centro de salud, va a informar a sus superiores y va a tratar de resolver esa situación. En cambio en este caso lo abandonó en el lugar, y si no hubiese sido por los vecinos, hubiese muerto allí mismo, pero muere en la salita del barrio La Favorita”.
“Transcurrir este proceso judicial ha sido como un parto”
En el año 2019, Antonia Zárate llegó a Xumek, gracias al trabajo social y comprometido de la Red Puentes de Nuestramérica en el Barrio La Favorita, para que la representen en el proceso penal en el que se investigaba el homicidio de su hijo, Ricardo Bazán.
Dos días después de la sentencia que condenó al asesino de su hijo a prisión perpetua, este diario se comunicó con Antonia, quien aún atravesada por las emociones que le dejó el juicio, expresó: “Transcurrir este proceso judicial ha sido como un parto, ha sido tremendo. Toda la semana estuve asistiendo, siempre con el temor de que no se hiciera justicia. Los abogados que siguieron nuestro caso me dieron mucha fuerza y me hicieron confiar en que se haría justicia. Estoy muy conforme con ellos, porque realmente me ayudaron. Y eso que no creía que le darían esta sentencia por el hecho de ser policía”.
Cuando este diario le consultó si tomaba dimensión de que esta resolución marcaba un precedente histórico que trascendió los límites de Mendoza, respondió: “Sí, realmente en algún momento llegué a pensar que el caso de mi hijo quedaría impune. Hay muchos otros casos, madres que aún esperan que se les resuelva el caso de sus hijos víctimas del gatillo fácil, que esperan hace cinco, ocho años y aún no ven respuesta. Afortunadamente lo de Ricardito salió rápido”.
Finalmente, Antonia se dirigió a esas madres que todavía luchan: “Les digo que tengan fe, esperanza, que esto se va a aclarar, que se hará justicia por nuestros hijos. Hoy (por el sábado) fui al cementerio, estuve más de una hora ahí, y no lloré porque yo le dije a mi hijo que se haría justicia y se hizo justicia. Estuve realmente muy mal, pero hoy me siento tranquila, conforme. Puedo decir que estoy en paz”.
En octubre del año pasado, los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Luis Petri presentaron un proyecto de ley para institucionalizar la violencia policial, promoviendo la llamada doctrina Chocobar. En los últimos días, los dos dirigentes de Juntos por el Cambio insistieron en su negacionismo, evitando hablar de la histórica sentencia contra el gatillo fácil y la impunidad en Mendoza.
“Exigimos justicia para todas las víctimas de gatillo fácil, torturas y represión”
Convocan a un repudio masivo de la legalización del gatillo fácil
