En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se presentó en sociedad la organización Líbera, que nuclea abogadas feministas en defensa del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. EL OTRO dialogó con la abogada Leticia Morcos, integrante de la agrupación.
Mientras se espera que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, envíe un proyecto de ley para legalizar el aborto, la Interrupción Legal del Embarazo cumplirá cien años en 2021, pero el sistema de causales que se establecen en el Código Penal argentino ha fracasado a la luz de los acontecimientos.
Según las abogadas que suelen tener que lidiar con las obstrucciones que se presentan desde el primer grado de la primaria (con el deficiente desarrollo de la Educación Sexual Integral), el Estado niega el acceso a distintas informaciones y prácticas de diversas maneras y en distintas instituciones merced a una posición política que privilegia concepciones religiosas por sobre políticas de Estado.
Leticia Morcos ha trabajado en relación con la efectivización de derechos y junto a otras mujeres abogadas feministas han concluido que solo uniéndose pueden hacer frente a la calcificación que el sistema patriarcal machista ha generado en las instituciones públicas.
Para comunicarse con Líbera, ante cualquier negación de acceso a la salud que sufran las mujeres o las personas pertenecientes al colectivo LGTTBIQ, la organización ha dispuesto un correo electrónico: liberaorganizacion@gmail.com y tiene páginas de Facebook e Instagram.
En un camino que caracteriza a las mujeres que defienden derechos, este grupo de abogadas proviene de diversos espacios feministas como la Diplomatura de Intervención y Análisis de la Violencia de Género en el ámbito socio-jurídico, la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados, la Alianza Nacional de Abogadas Defensoras de los derechos de las mujeres y la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En palabras de Morcos “desde la organización tratamos de generar un acceso de las mujeres y las personas gestantes a los derechos sexuales y reproductivos y, dentro de estos, lo que tiene que ver con la planificación reproductiva y con el acceso a la interrupción legal del embarazo”.
Por otra parte, si bien pondera los “grandes avances que ha habido en gestiones nacionales anteriores con leyes como la de identidad de género, la de erradicación de la violencia contra las mujeres, o incluso la ley Micaela” (NdR; para la formación de agentes del Estado en perspectiva y violencia de género), también aclara que “sin la voluntad de cumplirlas, las leyes se transforman inmediatamente en letra muerta”.
La abogada explica que existe un “constructo de opresiones que de manera nada inocente genera desigualdades y discriminaciones que se verifican en el ámbito del Derecho, la Salud y la Educación, entre otros”, por lo que han decidido trazarse como objetivos compartidos con otros espacios afines el efectivo cumplimiento de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y el acceso a la salud sexual y reproductiva desde el inicio de la educación.
A partir del enfoque profesional que han elegido las integrantes de Líbera, se han encontrado con diversos ejemplos de violación de los derechos e incumplimiento de la ley por parte del Estado que se encarna en profesionales que no brindan información adecuada o que directamente ejercen el poder que los inviste para generar dilaciones que significan mucho en el contexto de un embarazo no deseado.
Ejemplo sonante y constante de la provincia de Mendoza es la obra social más grande del oeste argentino que suele pedir que las personas que han decidido no continuar con el embarazo “reconsideren su posición porque no es tan grave” o emite informes en los que, a menudo, no se consideran los riesgos para la salud de las mujeres que solicitan la práctica en OSEP (Obra Social de Empleados Públicos).
Según Juan Méndez, relator especial contra la tortura y otros tratos crueles y degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, “Los Estados tienen la obligación de regular, controlar y supervisar las prácticas de asistencia a la salud a fin de poder prevenir los malos tratos bajo cualquier pretexto que, en muchos casos, encajan en la definición de tortura”.
Con estos ejemplos locales en mente, la organización de abogadas presentó, el pasado 15 de mayo, un pedido de informes al Ministerio de Salud de la provincia y a OSEP para conocer “el grado de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo prevista en el artículo 86 -incisos 1 y 2- del Código Penal, como indicador del acceso a la salud integral de las mujeres y las personas gestantes”. Sin embargo, a dos semanas de la presentación de ese pedido, Líbera recibió solamente el número de expediente que identifica el reclamo.
Una nueva organización feminista se suma desde Mendoza a la lucha por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTTBIQ.
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