Imagen: Lucero de Nofal y Zuloaga

El programa nacional Precios Transparentes puso en evidencia la improvisación en organismos de control. Un relevamiento de precios de electrodomésticos realizados por EL OTRO muestra la absoluta libertad del mercado, frente a consumidores sin defensa estatal.

Comisión de Economía del Senado de Mendoza. Foto: gentileza G. Arenas.

La semana pasada, las directoras provinciales de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero de Nofal, y de Fiscalización, Mercedes Zuloaga fueron citadas por el Senado de la provincia para que den explicaciones sobre la implementación del programa nacional Precios Transparentes.

Ante la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Senado, ambas funcionarias pusieron en evidencia la improvisación en la puesta en práctica del “sinceramiento” de precios al contado y en cuotas, al reconocer que no “habían podido hacer ningún relevamiento al respecto porque ellas se habían enterado un día antes, por los medios de comunicación, acerca de Precios Transparentes”.

Lucero de Nofal y Zuloaga, manifestaron “que no tuvieron tiempo de hacer un seguimiento serio ni antes ni después de que empezara a funcionar el nuevo sistema”. De lo cual se desprendería que no hay elementos estadísticos objetivos que permitan establecer si el lanzamiento del programa –inciado el 1 de febrero- produjo disminución o aumento de valores de los productos ofrecidos por los comercios de Mendoza.

“El Gobierno provincial mintió con Precios Transparentes, ya que no hizo los relevamientos necesarios y los precios subieron en vez de bajar”, manifestó Gustavo Arenas, el legislador autor de la iniciativa a partir de la cual el Senado decidió citar a las funcionarias del ministerio de economía provincial. En un comunicado de prensa, Arenas subrayó las contradicciones de organismos de control que, aún sin contar con datos fiables, ponderan la eficacia del programa: “La Dirección de Defensa del Consumidor había anunciado días atrás por diversos medios que, según sus mediciones, habían descendido los precios a partir del lanzamiento de ese programa nacional”. Aunque todo parece indicar que tales mediciones no existen ni existieron.

Claro como el agua (turbia)

Uno de los segmentos que mayor expectativa despertó con relación al programa Precios Transparentes fue el de los electrodomésticos.

De acuerdo con un relevamiento realizado por EL OTRO en comercios del Gran Mendoza dedicados a este rubro, la mayoría de los negocios cumplen con la obligación, impuesta por la Resolución E 51 del Ministerio de Producción de la Nación, de exhibir los precios al contado, precios en cuotas y porcentajes de tasas de interés. No obstante, al no contar el consumidor con precios de referencia fiscalizados por el Estado, anteriores a la puesta en marcha del programa, existe poca -o ninguna- claridad sobre posibles variaciones que permitan confirmar si efectivamente los precios al contado bajaron, tal como prometió el gobierno nacional.

Publicación en Diario UNO – 16/12/2016

EL OTRO tomó una muestra de precios de electrodomésticos en base a publicaciones anteriores al 1 de febrero, fecha en que se inició el programa nacional, y los comparó con precios actuales, para tener un indicio sobre el comportamiento del mercado en este rubro.

La dinámica en los precios de contado no es uniforme. Mientras, por ejemplo, el valor de un aire acondicionado split descendió $ 1200, y el precio de un microcomponente subió $ 1000, el costo final de una consola de videojuegos se mantuvo y el de un led de 32” se infló $ 300.

Bajadas que suben: en diciembre de 2016 Frávega anuncia la baja de un TV led desde $ 7.999 a $ 4.999. Ayer volvió a anunciar la disminución, pero esta vez de $ 7.999 a $5.299. La publicidad engañosa esconde el aumento de $ 300 en sólo dos meses y medio.

Las variaciones en alza son constantes en los casos de compras en cuotas. Hasta no hace mucho eran frecuentes planes de 12 y 18 cuotas fijas sin interés, pero actualmente el costo financiero total para compras en cuotas promedia el 25%, lo que hace que el precio final, en casi la totalidad de los productos consultados en la última semana, sea significativamente mayor que durante diciembre y enero pasados.

Esta realidad provocó un incremento significativo en las compras al contado con relación a las financiadas.  “Si antes el 15% de las compras eran de contado con plata o débito, ahora el porcentaje subió al 40%, incluyendo un pago con crédito”, graficó un responsable de una de las casas de electrodomésticos más importantes del Shopping de Guaymallén.

En dos meses, este teléfono bajó $ 1040 al contado. Hoy se puede comprar hasta en 18 cuotas, con un Costo Financiero Total (CFT) que oscila entre 30,30% y 61,89%.

En las grandes cadenas visitadas por EL OTRO (excepto Musimundo donde los empleados nos transmitieron que tienen prohibido el diálogo con la prensa) reconocieron una disminución interanual cercana al 30% en las ventas de febrero de 2017, comparadas con el mismo mes del año pasado. Unos de los productos que traccionaron ese declive fueron los aires acondicionados. “El aumento de las tarifas de luz hace que la gente piense dos veces antes de comprar un acondicionador de aire. En enero las ventas estuvieron bastante bien, pero en febrero se movieron casi solamente los ventiladores”, reconoció un experimentado vendedor.

Sin control

La semana pasada en el Senado, frente a legisladores del oficialismo y la oposición, representantes de las Pymes y de ONG´s protectoras de los derechos del consumidor, las funcionarias Nofal y Zuloaga aclararon que “sus direcciones no tienen la potestad de vigilar aumentos de precios, sino sólo la de controlar que los comercios informen debidamente cuáles son los montos finales que paga el consumidor tanto al contado, como en cuotas”, y que no pueden aplicar sanciones por variaciones arbitrarias de los precios, quedando las empresas regidas por el simple juego de la oferta y la demanda.

Este medio lo pudo corroborar, mediante un botón que muestra cómo los ciudadanos y ciudadanas están a merced de un mercado jugando absolutamente de líbero, mientras el gobierno mendocino, en lugar de arbitrar, permanece con la Defensa (del consumidor) demasiado baja.