La discrecionalidad y falta de transparencia en la distribución de la pauta publicitaria oficial atenta contra la libertad de expresión y el Estado de derecho. La frecuencia con la que encumbrados comunicadores promueven operaciones culturales dictadas por el poder de turno evidencia el problema. El paradigma de concentración económica y discursiva en los medios de comunicación atropella principios democráticos básicos, consagrados en nuestra Constitución y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cobra fuerza y sentido el proyecto de ley de fomento de pluralidad y diversidad informativa.
Por Redacción EL OTRO
Mucha panza
La estigmatización hacia los y las trabajadoras de la educación expresada por el periodista Marcelo Torrez al “entrevistar” a Ester Linco Lorca -secretaria general de SADOP en Mendoza-, no es más que un botón de muestra de la vinculación directa que existe entre práctica periodística paraestatal y pauta publicitaria, en este caso del Gobierno de Mendoza.
Aunque probablemente el comunicador suscriba verdaderamente los conceptos y prejuicios vertidos y se ampare en la cantinela libertaria, el hecho –de amplia repercusión y repudio- es inescindible a la lógica del discurso hegemónico recostada en la complicidad entre medios, gobierno y elites económicas.
El método está tan ejercitado que parece natural y la mayoría de las veces pasa desapercibido. En este caso, como en otros tantos, desde los medios se baja línea respecto a algún conflicto -o su antesala- con el objetivo de orquestar y moldear a la famosa opinión pública. Construyendo sentido común. Es decir, el sentido que los sectores de poder desean imponer. Solo en ocasiones, pasó con la intentona de reforma de la 7722 y con el Borrador Thomas, la maniobra genera reacciones sociales de magnitud tal que los voceros se refugian en su cucha por un tiempo. Algo parecido le sucedió al prominero Marcelo la semana que pasó. No ocurrió sin embargo -por ejemplo- en el montaje discursivo del ítem aula o en las cotidianas operaciones en detrimento del Estado, sus trabajadores o los pobres y vulnerables de nuestra sociedad.
Tamaña distorsión sobre el derecho humano a la información es posible en buena parte por la oscura y multimillonaria transferencia de recursos del Estado al conglomerado de medios que contrapresta expertise en función de sus negocios. No es nada nuevo y lamentablemente, aún no existen en nuestra provincia herramientas legales que regulen y corrijan esa dañina relación. A nivel nacional la situación no es tan distinta, pero al menos el monto destinado a publicidad es de dominio público. Adecuación que se produjo a partir de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado Nacional a regular por ley el manejo de esos recursos.
En una entrevista brindada esta semana al programa Muchas Gracias de Radio Libertador, el escritor y periodista Mempo Giardinelli explicitaba la problemática: “Conozco las tribulaciones de los medios del interior, que tienen muchos problemas de recepción de fondos o pautas. Porque muchos ni siquiera están recibiendo pautas nacionales y las pautas provinciales son muchas veces esquivas, son muy selectivas. Los lectores y el público tienen que tomar conciencia de esto que es muy grave. Hay medios cooperativos o comunitarios a los que asfixian para que no puedan sobrevivir porque son voces independientes”.
Anteriormente, en el diario Página/12, el intelectual chaqueño advirtió que “en ese que parece un campo minado de opiniones no siempre compartidas, es además escasa y poco cristalina la información sobre la publicidad oficial en cada provincia. Otra cuestión importante, para algunos, sería que las provincias generen pautas publicitarias propias por ley. Y es que si los medios y la democracia son esenciales para una mejor comunicación, no hay otro camino que la ley pareja.
Pluralismo y diversidad
Junto a distintas organizaciones y federaciones de trabajadores de prensa, de la industria gráfica, sindicatos, asociaciones de medios alternativos (gráficos, radiales y televisivos) y también facultades de periodismo y comunicación, desde EL OTRO sostenemos que es imprescindible emprender de manera urgente reformas en las políticas de comunicación de los Estados nacional, provinciales y municipales.
La más urgente es la federalización y la democratización de la pauta publicitaria pública. Su distribución se ha convertido en otro sótano de la democracia, donde las grandes corporaciones se llevan la mayor parte de estos recursos económicos destinados a difundir las políticas de Estado.
Por ello estimamos auspicioso el proyecto presentado por un grupo de diputados de la Nación –entre los que se encuentran los comprovincianos Marisa Uceda y José Luis Ramón- que tiene como objetivo “garantizar el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación y en su dinámica interna para el ejercicio pleno y universal del derecho a la libertad de expresión”.
El proyecto, denominado Ley de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, también busca “cumplir con el deber estatal de maximizar el pluralismo y la diversidad en la producción y circulación de información como un requisito del bien común, habilitante del pleno ejercicio de la libertad de información, en consecuencia con los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, e “impulsar el pluralismo al mayor grado posible, promoviendo el incremento de la expresión de colectivos, con equidad en la participación y representación de distintos géneros y diversidades para lograr un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público”, así como “adoptar un régimen tributario de fomento para todos aquellos que intervienen en las actividades promovidas de la presente ley, a efectos de contribuir a su sostenibilidad”.
El proyecto está dirigido principalmente a “medios de comunicación dedicados a la difusión de noticias, servicios periodísticos o informativos sobre cualquier soporte, de titularidad de personas jurídicas sin fines de lucro: las asociaciones civiles; las simples asociaciones; las fundaciones; las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas; las mutuales; las cooperativas, y las asociaciones sindicales”.
De concretarse, la normativa permitiría a sus beneficiarios aplicar sus créditos fiscales para compensar el pago de cargas de seguridad social, impuestos sobre combustibles, energía eléctrica, telefonía móvil, y otra serie de alivios fiscales.
Además, en su artículo 10, el proyecto estipula la creación de un Fondo de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, que sería administrado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, destinado “a financiar los proyectos, programas y acciones que ejecuten la Política Integral de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa”
Por último, y no menos interesante por la vidriosa situación expuesta en nuestra provincia, la propuesta invita a los gobiernos provinciales a “adherir mediante leyes específicas y generar mecanismos que atiendan al Pluralismo y la Diversidad Informativa en sus respectivas jurisdicciones”.
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