El gobernador Suarez llega a la nueva instancia paritaria con la obligación de presentar una propuesta que esté a la altura de la situación. La contundencia de los reclamos exige sinceridad y abandonar el relato, para reparar el vergonzoso retroceso de los salarios de toda la planta del Estado. Las discusiones salariales en la mayoría de las provincias parten de un piso que en Mendoza se ve como un horizonte lejano. ¿De qué cifras se habla en la región y en otros puntos del país?
Por Redacción EL OTRO
No hay indicios sobre cuál será la propuesta que el gobernador Rodolfo Suarez presentará en las reuniones que tendrá con los gremios estatales en los próximos días. El 44% que decretó hace dos semanas como solución ya se pulverizó con la inflación de julio. Con los últimos incrementos, el IPC en la provincia llegó al 48%, situándose por encima de la media nacional que es del 46,2%.
Sin embargo, el reclamo de los estatales no sólo se asienta en el desfasaje de los sueldos con el valor de la canasta básica. Los 35 mil docentes que marcharon a Casa de Gobierno, y los cinco días de paro en las escuelas con acatamiento superior al 80%, se debe también al malestar de saber que sus salarios están entre los más bajo del país, que en 2020 no recibieron un solo peso de aumento, y que la Provincia cuenta recursos para mejorar el nivel salarial de toda la planta de agentes estatales: el Ejecutivo se jacta de haber cerrado 2021 con superávit de $35 mil millones.
En este contexto, para que los empleados públicos de la Provincia no sigan hundiéndose en la tabla de los salarios más bajos, el Gobierno deberá hacer una inversión conforme a la que han hecho la mayoría de las provincias. Los acuerdos alcanzados en el primer semestre por los estatales de distintos puntos del país promedian el 60%, y en varios ya se iniciaron reclamos para que se actualicen los convenios, para llegar a diciembre con remuneraciones que al menos empaten con la inflación.
En Salta, el Gobierno, la Mesa Intergremial y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) acordaron a fines de julio un aumento del 35% para el segundo semestre, que se suma al 45% que ya estaba establecido. Esta suba del 80% se plantea además con revisiones en septiembre y noviembre.
En San Juan, el gobernador Sergio Uñac y los sindicatos convinieron a fines de junio un incremento del 65%, abonado en tramos, y una cláusula de revisión para cuando la inflación supere la suba fijada o, si esto no sucede, las partes se sentarán a dialogar en la primera quincena de septiembre. Aunque en la última semana los sindicatos salieron a las calles para reclamar que se adelante la revisión, el mandatario contestó que no tiene pensado modificar las fechas convenidas
En San Luis, el gobierno de Alberto Rodriguez Saá estableció en marzo un aumento del 46% y 14% en junio. En principio, este 60% dejó conforme a la mayoría de los gremios, aunque insistieron en denunciar la habitual falta de diálogo del Ejecutivo puntano y la persistencia de diferentes problemas en sectores del Estado. En los últimos meses, el sostenido aumento de la inflación ha puesto nuevamente en guardia a los diferentes sindicatos, que se predisponen a volver a las calles.
Por su parte, los estatales de La Rioja recibirán en octubre la última cuota de un incremento de 71%, pagado en tramos. En agosto se completó el 55% de incremento y la última cuota será de 16%. En julio, ante los fuertes reclamos de los agentes estatales, el gobernador Ricardo Quintela tuvo que adelantar un bono de $6.000.
En Córdoba, Juan Schiaretti, tras reiteradas jornadas de multitudinarios reclamos, ofreció llevar el aumento a 65%. Pero la propuesta fue rechazada por los gremios. A principios de año se había convenido un incremento de 30% (febrero – julio) y la nueva propuesta es de 38%, a liquidarse en cuatro cuotas: 12% para julio, 9% en septiembre, 11% en noviembre y, finalmente, 6% en enero del año que viene. Todo indica que el Gobierno deberá mejorar la propuesta, y de no ser así vendrán semanas conflictivas en esa provincia.
En Buenos Aires, la revisión del acuerdo paritario comenzará también durante esta semana. El gobernador Axel Kicillof, luego de repetidos pedidos, citó a ATE, UPCN y Fegeppba para rever el acuerdo firmado en mayo, en el que se estableció una suba del 60%, abonada en cinco cuotas.
En Mendoza, la discusión parte de un piso del 44%. Sin embargo, el gobernador convocó a los sindicatos a acordar y les pidió “sensatez”, y que las demandas “no comprometan las cuentas públicas provinciales”. La reunión con el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) está pactada para el jueves, y los dirigentes adelantaron que concurrirán para exigir un ajuste que alcance el 48%, para así equiparar la inflación actual de Mendoza, un “incremento mínimo del 20% sobre el salario básico” y el compromiso de sentarse nuevamente en septiembre y noviembre.
El otro sindicato que está citado es ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) que al igual que SUTE rechazó el 44% de aumento. El máximo dirigente de la asociación de estatales, Roberto Macho, quien recientemente estuvo detenido en la cárcel de San Felipe por cortar la circulación de vehículos en una protesta, anticipó que se sentarán a discutir poniendo sobre la mesa el valor de la Canasta Básica, que en Mendoza asciende a $99.000, y que exigirán un bono de $40.000 para todos los estatales.
Además de los sindicatos con mayor cantidad de afiliados, el Gobierno se reunirá para discutir las pautas de aumentos con el gremio del personal de Juegos y Casinos (Upjcm), que viene reclamando una recuperación del 45%, y que se paguen los bonos correspondientes para los empleados de casinos.
Con el 60% como horizonte lejano, el gobierno de Mendoza se sentará a buscar acuerdos. En los canales oficiales e infoductos oficialistas adelantan que los paritarios se sentarán con la premisa de Hacienda de “no hipotecar la Provincia”.
El ministro Víctor Fayad sostiene que los excedentes de 2021 (superávit operativo de 4,6% y un ahorro de 11,4% de recursos corrientes) deben guardarse para las contingencias. Entre las que, obviamente, no cuenta las legítimas demandas de las y los trabajadores de todos los sectores públicos, que en las últimas semanas protagonizaron las manifestaciones más convocantes contra la gestión Cambia Mendoza.
