El ajuste presupuestario en Salud de Mendoza afecta a todas las áreas del sistema. En estos últimos días, residentes de servicios de Salud Mental denunciaron que desde hace meses la Provincia aplica descuentos injustificados en sus salarios. Los recortes rondan el 15% del sueldo beca. Las y los residentes mendocinos cobran $180 mil mensuales, mientras que en San Luis la remuneración asciende a $340 mil, a $280 mil en Córdoba y en Buenos Aires a $226 mil.
Por Juan Sajor
El presupuesto para cubrir el funcionamiento del sistema de Salud de Mendoza ha sido recortado notablemente en los últimos años. La caída de la inversión sanitaria, que detalló EL OTRO, en base a un estudio del CIEC (Centro de Investigaciones en Economía Crítica) se expresa en ajustes sobre infraestructura, insumos y salarios en cada uno de los niveles que lo componen.
Desde que gobierna Rodolfo Suarez, los conflictos en la Salud no han cesado. Más allá de los constantes reclamos por el desajuste salarial, antes, durante y después de la pandemia, se han conocido numerosas denuncias por falta de recursos básicos y precarización laboral. En este panorama se encuadra el grave conflicto con los médicos anestesiólogos, la renuncia masiva de pediatras, el éxodo de profesionales a otras provincias y el quiebre de la obra social de los empleados públicos.
En esta ocasión, el recorte detonó en el ámbito de las residencias. En los últimos días, profesionales en formación de los servicios de Salud Mental salieron a denunciar recortes en los pagos que reciben por parte de la Provincia. Según explicaron, desde enero vienen sucediéndose descuentos que van desde 15 a 20 mil pesos, y de los que solo se tiene información -en el recibo de sueldo- de que se trata de ajuste de prestación.
El grupo está compuesto por residentes en Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social y Especialistas en Salud Mental, que se desempeñan en hospitales generales, centros de salud y hospitales monovalentes como el Carlos Pereyra y El Sauce. Estos profesionales trabajan 68 horas semanales -9 horas de lunes a viernes, una guardia de 24 horas y 4 horas los sábados- en salas de Internación, Consultorios Externos y Guardia. “Nos utilizan para cubrir los baches por falta de personal contratado y de planta”, resume una de las profesionales.
El ingreso mensual que perciben, denominado sueldo beca, está compuesto por aportes de la Nación y de la Provincia. Hasta diciembre de 2022 la cifra mensual ascendía a $200 mil, pero con los descuentos que les aplica la Provincia, ésta se redujo a $180 mil. La queja de los profesionales se basa en que el monto es insuficiente si se tiene en cuenta la cantidad de horas y muy retrasado si se lo compara con otras provincias, como San Luis ($340 mil), Córdoba ($280 mil) o Buenos Aires ($226 mil).
Al respecto, uno de los médicos que sostiene el reclamo explicó que no solo se trata de los descuentos de haberes en Mendoza: “Nos estamos organizando con la residencias interdisciplinarias y comunitarias del resto país para que se aplique la Resolución 2.953 del 2022, según la cual los residentes de Salud Mental tenemos que cobrar un incentivo que equivale al 85% del sueldo actual. Le hemos pedido explicaciones al Gobierno Provincial sobre este tema pero no hemos tenido respuestas, nos viene prometiendo informes, se victimizan respecto a la relación que tienen con Nación, pero en concreto no nos dan ninguna respuesta”.
El complejo panorama que describen los residentes tiene como trasfondo un sistema de salud desbordado, sin recursos para brindar atención de calidad a los pacientes. Esto guarda relación con que Mendoza no ha avanzado en la aplicación de la Ley de Salud Mental 26.657 y, en consecuencia, no hay acciones concretas para garantizar la atención como un derecho.
“La Ley plantea que las personas padecen o transitan una enfermedad mental deben recibir asistencia en centros de atención primaria, en lugares cercanos a su domicilio, pero esto en Mendoza no pasa, porque los centros de salud están colapsados y no tienen profesionales en ese área, entonces las personas terminan asistiendo a hospitales monovalentes. Llegan sin recibir ningún tipo de atención y todo lo que se puede hacer no alcanza. No hay presupuesto, ni espacios intermedios entre los hospitales y la comunidad que sostengan a una persona para su tratamiento, entonces llegan directo a la internación. Tampoco en Mendoza se ha creado un órgano de revisión que garantice la aplicación de la ley, y que esté velando por la atención de la salud mental como un derecho humano”, explicó una de las profesiones que realiza la residencia en uno de los hospitales monovalentes de la provincia.
En referencia al reclamo, los residentes autoconvocados aclararon que por el momento no tienen programado realizar medidas de fuerza y trabajan para conseguir acompañamiento de los demás residentes y de AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud), que por ahora se ha mostrado indiferente ante la situación.
