EXCLUSIVO | En lugar de proponer incrementos salariales que destraben el conflicto en Anestesiología, el Gobierno de Mendoza avanza con sumarios administrativos para suspender las matrículas profesionales de 68 médicos y médicas, quienes renunciaron a sus trabajos a raíz de los bajos sueldos que paga el Estado. La pésima gestión de la crisis sanitaria no solo que no aporta soluciones concretas a más de 5 mil pacientes que aguardan intervenciones quirúrgicas en hospitales públicos de toda la provincia, sino que además amenaza con vaciar de profesionales al sector privado. “Si se pierden esas matrículas va a impactar en todo el sistema”, reconoció Rodolfo Torres, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, en diálogo con EL OTRO. De concretarse la sanciones anunciadas por Salud, el Hospital Español, Clínica de Cuyo, Clínica Santa Isabel de Hungría e Instituto Zaldívar, entre otras, podrían sumarse a la postergación de intervenciones por falta de anestesiólogos.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
Lejos de buscar un camino efectivo y urgente de solución para las extensas listas de espera de cirugías, la estrategia punitiva del Gobierno de Mendoza contra los médicos anestesiólogos, que renunciaron a sus cargos a partir del 1 de abril, agrava aún más la dramática situación en la salud pública, y amenaza con extender la problemática desde los hospitales del Estado a las clínicas y sanatorios del sector privado.
Desde las máximas autoridades del Ejecutivo, incluido el propio gobernador Rodolfo Suarez, su ministra de Salud, Ana María Nadal, y el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, vienen repitiendo en las últimas dos semanas que el Estado avanzará con medidas para sancionar a los 68 profesionales que prestaban servicios en los ocho hospitales públicos más importantes de Mendoza. Amenaza a la que se sumó con virulencia -y hasta insultos- el último viernes el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, durante la segunda reunión de la Mesa de Diálogo en Casa de Gobierno, a la que esta vez no asistió el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, emparrilado por el escandaloso caso de la Banda del Bidón negro.
El patrón Peti
El destrato prepotente de “Peti” Lombardi colmó algunas paciencias, y provocó que la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) abandonara el espacio institucional creado por la Ley de Emergencia, tal como se dio a conocer el viernes mediante un categórico comunicado (leer aquí).
Con este deterioro en las negociaciones, que obliga a Nadal a intentar conversar directamente con los anestesiólogos autoconvocados sin la mediación de la AMA, la Mesa de (no)Diálogo evidenció una vez más que la avanzada sancionatoria es la única respuesta que instrumenta el Gobierno frente al nulo acatamiento de las y los médicos a las convocatorias que realizó Salud, a partir de la sanción de la ley el pasado 17 de mayo.
Pese a que el oficialismo, a través de sus medios pautados, agradeció el “regreso voluntario de cuatro profesionales”, la realidad es que ni siquiera esa mínima cantidad de médicos retomó sus tareas. Es por eso que, luego de la difusión de noticias falsas, el Gobierno anunció que comenzó los sumarios contra los “médicos rebeldes” –como los calificó la prensa- para suspender sus matrículas profesionales, de 1 mes a 5 años, tal como prevé la ley de trabajo forzado.
Más allá del relato mediático, el Ministerio de Salud solamente comenzó con las notificaciones formales, con graves errores, marchas y contra marchas, como primer paso de un complejo proceso que, incluso con la impresión de máxima velocidad burocrática, llevará meses y, de llegar a la concreción de las sanciones, será un tiro en el pie –o en el pecho- para el sistema de salud en su totalidad.
La razón es sencilla. Cualquier trabajador o trabajadora de la salud que se quede sin matrícula no podrá desempeñar su profesión en Mendoza, tanto en el sector público como el privado. Es por eso que si esta sanción se aplica a los cuestionados, la crisis se expandirá más allá de los nosocomios públicos, como un virus sin remedio.
En la reunión del viernes, el senador Gerardo Vaquer, miembro de la Mesa de Diálogo por el peronismo, entregó a la ministra Nadal un informe sobre el Estado de situación de la implementación de la emergencia en la especialidad de Anestesiología (leer aquí), basado en “los resultados obtenidos en el relevamiento realizado en los últimos días en el sistema de salud pública de Mendoza, los cuales fueron constatados personalmente y a través de consultas directas con distintos referentes de hospitales públicos de nuestra provincia”.
En este documento oficial de Vaquer, donde se sostiene que “ningún medico/a regresó voluntariamente a los hospitales”, se consigna un listado de 67 profesionales renunciantes, “médicos y médicas anestesiólogos que prestaron servicios en 80 cargos” hasta el 1 de abril. Treinta y seis de los cuales mantienen sus cargos de planta permanente en el sector público.
Es decir que, por un lado, la suspensión masiva de matrículas promovidas por el Gobierno dejaría no menos de 120 puestos de trabajo sin médicos anestesiólogos en hospitales públicos. Por el otro, según pudo cotejar este diario, 65 profesionales que renunciaron a los contratos basura en el Estado siguen hoy trabajando en clínicas privadas, por lo que el posible castigo oficial los obligaría a abandonar un número todavía indeterminado de prestaciones en este sector.
“Actualmente no tenemos ningún conflicto, las cirugías se están haciendo con normalidad en el sector privado, pero vemos una amenaza con la posible suspensión de las matrículas a los anestesiólogos, lo que impactaría en las clínicas”, reconoció Rodolfo Torres, representante de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, en entrevista con EL OTRO.
El coordinador médico de ACLISA aseguró que, de llevarse a término los sumarios, “perderíamos un tercio de la fuerza laboral”, habida cuenta de que son alrededor de 250 especialistas los que trabajan en Mendoza. Para Torres la línea es muy delgada, aun si estas medidas disciplinarias se aplicaran a unos pocos y no a la totalidad de los que renunciaron, también serían golpeadas las clínicas, debido a que no hay posibilidad de reemplazos de este tipo de especialistas.
Bomba de tiempo
El Ministerio de Salud publicó recién el jueves pasado la Resolución 996/22, mediante la cual Nadal dispuso convocar “a los profesionales que hubieran estado cumpliendo funciones, previas al 31 de marzo de 2022, en los Servicios de Anestesiología de los Hospitales del subsector público de la Provincia de Mendoza”.
Entre los nombres consignados en el anexo de la resolución, EL OTRO corroboró que Salud tiene en la mira a numerosos profesionales que prestan servicios en clínicas privadas mendocinas, quienes forman parte de prestigiosos equipos quirúrgicos. Como por ejemplo los doctores Bruno Ciotti, Marcelo Fortuny, Cristian Morsuchi y Eduardo Isuani, cuatro de los cinco médicos integrantes de los servicios de Anestesia Cardiovascular del Hospital Español, Clínica de Cuyo y Clínica Santa Isabel de Hungría.
En el caso de que los sumarios lleguen a sanciones, tal como prometió la cartera de Salud y agitó con énfasis el diputado Lombardi, los cuatro especialistas de estas tres clínicas perderán sus matrículas, de 1 mes a 5 años, lo que les impedirá el ejercicio de la medicina en nuestra provincia, pero no en el resto del país. O sea, una invitación hostil a abandonar Mendoza en búsqueda de otros horizontes laborales, migración que de hecho viene ocurriendo por goteo, debido a las bajas remuneraciones locales en comparación con los ingresos medios de la región.
También las caídas de acreditaciones profesionales, siempre siguiendo la Resolución 996/22, podrían impactar en el reconocido Instituto Zaldívar, ya que los doctores Javier José y Pablo Nasif, consignados en la convocatoria de Nadal, son dos de los tres anestesiólogos que actualmente trabajan en este centro oftalmológico, que atiende pacientes de Mendoza y el resto del país, y extranjeros que viene especialmente a nuestra provincia para ser operados.
Efecto dominó
La misma –mala- suerte del Español o Zaldívar tendrían, de acuerdo con Torres de ACLISA, el resto de las clínicas de toda la provincia, lo que obviamente afectaría a la población mendocina. También a pacientes con patologías oncológicas o que requieren intervenciones de cabeza y cuello, que son derivados desde provincias vecinas –sobre todo San Luis- a clínicas privadas de Mendoza, que cuentan con equipos médicos e infraestructura para intervenciones de alta complejidad. Además, podrían verse interrumpidos los cronogramas quirúrgicos de extranjeros -chilenos en su mayoría- que, beneficiados por la disparidad cambiaria, viajan a nuestra provincia para ser operados en sanatorios privados.
Sin luz al final de túnel, el panorama para este sector sanitario se complicaría todavía más, si el Gobierno, en aplicación del artículo 4 de la Ley de Emergencia en Anestesiología, convoca a médicos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco años. Es decir que, profesionales que dejaron el sector público para trabajar exclusivamente en el privado, podrán ser obligados a retornar, agravándose el déficit de especialistas.
Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios plantearon al Gobierno “por canales no formales” la preocupación que existe por la posible pérdida masiva de matriculaciones, pero hasta ahora no hay respuestas oficiales.
Ante la consulta de EL OTRO sobre las posibles derivaciones de la crisis, desde ACLISA se mostraron cautos aunque subrayaron que “es importante destacar que la salud es una responsabilidad del Estado provincial”. “Si no se tienen antestesiólogos certificados, lo que van a hacer las clínicas es no operar, no pueden hacer otra cosa, y los pacientes tendrán que recurrir al sector público”, advirtió el coordinador médico Rodolfo Torres.
Un tiro sin anestesia. En el pie o en el pecho, es lo que está por verse.
