EXCLUSIVO | En medio de la crisis en Anestesiología y la negativa de 68 médicos de la especialidad a retornar a los quirófanos, la directora del Hospital Central aceptó la renuncia de un profesional del Servicio de Anestesia de ese nosocomio. La absurda determinación en el contexto de la emergencia, se suma a la decisión del director del Hospital Notti de dejar sin efecto la convocatoria del portavoz de los anestesiólogos autoconvocados. Mientras tanto, la ministra Nadal insiste con sumarios administrativos a cuentagotas, que no solucionarán una sola intervención quirúrgica de las más de 5 mil pendientes, y el diputado Andrés Lombardi abandona su rol de vocero de Salud y se llama a silencio.
Por Negro Nasif
La gravísima crisis en Anestesiología, con más de cinco mil pacientes en listas de espera, no muestra atisbo de solución. La pésima gestión del conflicto por parte del Gobierno de Mendoza ha puesto a uno de los servicios sanitarios esenciales en punto muerto.
Por un lado, ya se tomó la decisión de no destinar un solo peso del superávit, estimado en más de 35 mil millones, para negociar la vuelta de los 68 médicos y médicas anestesiólogas, que dejaron los hospitales públicos hace dos meses por los bajos sueldos que cobraban.
Por el otro, la estrategia de disciplinarlos por medio de sumarios administrativos no está dando resultados, y de obtenerlos será en el mediano o largo plazo y con consecuencias desastrosas para toda la salud pública, tanto de gestión estatal como privada. Situación que parece haber dejado en silencio al diputado Andrés Lombardi, miembro oficialista de la Mesa de Diálogo, quien en los últimos días abandonó su rol de ferviente vocero de las amenazas contra las y los médicos, para concentrarse en otros temas más importantes, como las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo.
Con este dramático panorama, directores de dos de los hospitales más importantes de Mendoza tomaron decisiones institucionales que, lejos de sumar profesionales para mitigar la emergencia, los excluyen del sistema.
Renuncia aceptada
El 16 de mayo, el médico anestesiólogo Agustín Andrés Grimalt renunció a su cargo de planta en el Hospital Central. Días más tarde, con la sanción de la Ley de Emergencia en Anestesiología ya vigente, la directora ejecutiva de ese centro asistencial Mariana Pezzutti tomó la inexplicable decisión de aceptársela. Lo que formalizó a través de la Resolución 322/2022, del 3 de junio, la que fuera notificada al profesional tres días más tarde.
Es decir que, mientras las ley 9391 dispuso que se retengan o se recuperen profesionales de anestesia, Pezzutti optó por dejar ir al doctor Grimalt. Decisión ya irreversible.
Pero esta no es la única decisión absurda tomada por funcionarios de Salud, quienes parecen más dispuestos a evitar que a promover la recuperación de las intervenciones quirúrgicas postergadas.
El médico Jorge Pérez, director ejecutivo del Hospital Humberto Notti, emitió el martes pasado una cédula dirigida al anestesiólogo Arturo Salassa, mediante la cual intentó dejar “sin efecto la convocatoria a Ud. a presentarse a trabajar y cumplir con las exigencias, necesidades de su servicio y/o funciones profesionales”.
Pese a que el portavoz de los 68 anestesiólogos autoconvocados ya había sido convocado legalmente, Pérez lo “desnotificó” argumentando, sin sustento legal razonable, que el médico del hospital pediátrico no se encontraba “comprendido entre los profesionales anestesiólogos convocados mediante Resolución Ministerial N° 996/2022”, firmada el 2 de junio por Ana María Nadal.
El ridículo de esta determinación del director del Notti supera la lógica elemental, toda vez que Salassa ya presentó un amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley de trabajo forzado que impuso, entre otras prescripciones, la obligatoriedad del regreso de los médicos anestesiólogos renunciantes, bajo apercibimiento de suspensiones de sus matrículas profesionales, por el término de 1 mes a 5 años.
En el marco de la causa que tramita el amparo, la jueza María Paz Gallardo, del Primer Tribunal de Gestión Asociada, rechazó una medida cautelar del demandante pero fijó una audiencia de conciliación que se celebrará hoy, entre el “desconvocado” Salassa y representantes del Ministerio de Salud.
¿Le pedirán que vuelva, o preferirán que se mantenga lejos de los quirófanos?
