Hace dos meses, EL OTRO fue el primer medio de comunicación en informar que, a partir del 4 de abril, medio centenar de médicas y médicos anestesiólogos no seguirían trabajando en hospitales públicos de Mendoza, debido a “la falta de actualización de honorarios acorde a la situación inflacionaria actual”. Hoy, a un mes de la concreción de esta renuncia masiva, 68 trabajadores profesionales, que cubrían 82 puestos laborales en toda la provincia, continúan ignorados por el Gobierno de Mendoza que insiste en su fallida estrategia de esconder bajo la alfombra una gravísima lista de espera de cirugías que deteriora silenciosamente la salud y la vida de miles de mendocinas y mendocinos. Mientras el gobierno les ofrece una mejora salarial del 40%, anestesiólogos autoconvocados exigen que el Ejecutivo distribuya el superávit provincial para comenzar a recuperar el poder adquisitivo del salario.
Por Negro Nasif
En Mendocita no se consigue
El relato político mediático de Cambia Mendoza trató de instalar a la mendocinidad como presunta característica cultural superior de nuestra provincia respecto de sus hermanas del país. En esa falacia se montó, por ejemplo, el fracasado proyecto separatista que impulsó con ríos de prensa Alfredo Cornejo y que, en términos electorales, concluyó con el naufragio político de su delfín Hugo Laricchia, el chanta del MendoExit.
Más allá de aquel delirio independentista, los datos duros actuales comprueban que la situación socioeconómica de Mendoza no está a la altura de la soberbia de sus dirigentes, ni mucho menos de los indicadores estadísticos de las provincias de la región. En el caso puntual de los salarios en salud, un reciente informe del Centro de Investigaciones de Economía Crítica (CIEC), publicado hace un mes por este diario, señaló que los médicos en San Luis cobran el doble que los mendocinos, en tanto que los sueldos en San Juan son 90% más altos que los de nuestra provincia.
Estos datos, contra los que choca una y otra vez el relato oficialista, explican buena parte del deterioro de las condiciones laborales y salariales de miles de profesionales de la salud que piensan en armar sus valijas, ya no para irse a buscar un futuro a países escandinavos, sino a las vecinas San Luis y San Juan, tradicionalmente vilipendiadas por los gobiernos de Cornejo y su sucesor, Rodolfo Suarez.
Ah pero el superávit…
Que el Gobierno ajusta con la salud de los mendocinos ya no es una denuncia de opositores al neoliberalismo, es una confesión orgullosa de Suarez. La Provincia está ordenada, es cierto, pero bajo criterios de un orden injusto y autoritario, propio de las derechas neoliberales.
El pasado 1 de mayo, en su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, el gobernador explicó que, gracias a la combinación de reducción de impuestos sobre el sector privado y un sostenido ajuste en el sector público, la Provincia de Mendoza registra nuevamente un superávit equivalente al 11% de los ingresos corrientes en 2021. Dicho en plata: el Estado provincial embolsó 27 mil millones de pesos.
Con semejante caja, el Gobierno podría duplicar el sueldo de todos los trabajadores estatales. Pero está más que claro que esa no es su prioridad. Así lo demostró en 2020 con el 0% de incremento salarial para el sector público, incluidas las y los enfermeros, técnicos, licenciados y médicos que integraban la llamada primera línea de batalla contra el coronavirus.
Mejor prevenir que criminalizar
A la inferioridad salarial versus acumulación fiscal en Mendoza, se suman nuestra superioridad inflacionaria, de pobreza y desocupación que padecen las y los trabajadores mendocinos en general, y los de la salud en particular que pasaron –en la retórica oficial- de ser héroes de la pandemia a extorsionadores seriales.
Por subestimación o soberbia, la ministra de Salud Ana María Nadal minimizó la ola de renuncias masivas de anestesiólogos y, confiada en el desgaste que sufrirían quienes decidieron no renovar los contratos de prestaciones, trató de instalar la idea de que los autoconvocados serían una suerte de banda criminal que amenaza al Estado.
En ese empeño llegó al extremo de sumar al exministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, para embestir a los casi 70 médicos que decidieron no seguir trabajando por remuneraciones indignas. Tras un encuentro en Casa de Gobierno, Nadal los calificó de “corporativos” aunque confió en que “van entrar en razón”, en tanto que Rubinstein fue más allá y directamente los señaló como “extorsionadores”.
No obstante, la idea de criminalizar el reclamo no caló hondo en el discurso de los medios hegemónicos oficialistas, debido a la alta valoración de la opinión pública acerca de la importancia del personal de la salud y la evidencia palmaria de que es el Gobierno, y no los médicos, el responsable de que los hospitales funcionen como corresponde.
Representatividad en crisis
Paralelamente a los ataques mediáticos del Ministerio de Salud hacia los anestesiólogos, el subsecretario Oscar Sagás comandó una avanzada para desgastar individualmente a los médicos y estrechó lazos con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) para desactivar un conflicto que se expandió a otras especialidades médicas, sobre todo en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde casi 100 profesionales se sumaron a la ola de renuncias.
Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, fue muy eficiente en su tarea de desarticulación de las asambleas autoconvocadas y, pese a que públicamente exigió el pase a planta permanente y el reconocimiento de la mayor dedicación de casi 600 profesionales con contratos basura, solo consiguió una reunión con Suarez y Nadal y, posteriormente, una propuesta de Sagás para formalizar a apenas 29 profesionales.
Esta impronta del sindicato oficialista es la que llevó a los anestesiólogos autoconvocados a adoptar una posición autónoma, y solo reconocer a la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) como la entidad negociadora ante el Ministerio de Salud que, luego de más de un mes sin diálogo, los convocó a Casa de Gobierno.
El miedo a la viralización
El pasado 22 de abril, el periodista Marcelo Torrez reveló que el gobernador Suarez, antes de partir hacia Israel, habría mantenido la directiva de no ceder ante los planteos de los anestesiólogos. “En el Gobierno aducen que lo que se paga es todo lo que se puede y que una modificación en ese nomenclador obligaría a un aumento generalizado hacia el resto de los profesionales, como los cirujanos, por caso”, señaló el columnista.
Torrez, quien repitió que para el Gobierno estos profesionales “conforman una corporación extorsiva”, remarcó el principal temor de Suarez: “En el Ejecutivo rechazan que la corporación médica, en este caso la de los anestesiólogos, les maneje la política de los aranceles. Sostiene que aceptar lo que se reclama dejaría asentado un mal precedente hacia el resto del ámbito sanitario”.
El mismo día de esta bajada de línea, los “extorsionadores” se reunieron con autoridades de Salud. Al término del encuentro, el subsecretario Oscar Sagás manifestó que “fue una reunión que se dio en buenos términos, con buen diálogo”. El funcionario recibió un escrito de la Asociación Mendocina de Anestesióloga en el que plantearon que la prestación de guardia por 24 horas debe rondar los 55 mil pesos, frente a los 27 mil que ofrece el Gobierno. Sagás pidió tiempo para contestar y acordó con la AMA un nuevo encuentro que se dará el próximo viernes.
La gravísima crisis ya es inocultable, incluso para los hijos de pauta. De acuerdo con un relevamiento de medios realizado por EL OTRO, desde que se dio a conocer la primera nota de este diario, se han publicado más de 70 artículos periodísticos sobre el tema en diarios, radios y canales de televisión de Mendoza.
El gobernador tiene un estrechísimo margen para solucionar un problema que tiene la dimensión del 90% de las guardias de Anestesiología afectadas en los hospitales públicos de toda Mendoza. Dilatar la crisis no parece una opción inteligente, sobre todo frente a un grupo muy significativo de médicas y médicos que mantienen una posición muy firme y que dieron muestras de no ser permeables al ablandamiento de la negociadora AMProS. Por el contrario, acceder a la exigencia de un 100% de recomposición salarial, utilizando el superávit fiscal, sería además de una durísima derrota para el relato ajustador del Gobierno, una posible mecha que encienda nuevos conflictos en el resto de los sectores estatales donde la totalidad de los sindicatos acordaron paritarias a la baja.
Independientemente de las decisiones que se tomen, ya hay síntomas notables de un daño estructural en el sistema sanitario que puede agravarse todavía más con el crecimiento de la migración de profesionales de una provincia grande gobernada por dirigentes que oscilan entre la victimización permanente y el vuelo bajo.
Pronóstico reservado
El médico Arturo Salassa, vocero de los anestesiólogos autoconvocados, brindó a EL OTRO un pormenorizado detalle de la situación en todo el territorio provincial. De acuerdo con este informe estos son los 82 puestos laborales que quedaron sin profesionales de la especialidad:
18 en el Hospital Notti (Guaymallén), quedando este nosocomio con solo 12 profesionales de planta permanente que deben cubrir la demanda de urgencias y emergencias.
8 en el Hospital Central (Capital), lo que provocó la suspensión del 50% de la actividad quirúrgica programada y el refuerzo de guardia de 14 a 20 hs.
17 en el Hospital Lagomaggiore (Capital). Se cerraron 3 de los 5 quirófanos y los procedimientos de Gastroenterología que anteriormente se realizaban todos los días de la semana quedaron reducidos a solo una jornada.
11 en el Hospital Perrupato (San Martín). La actividad quirúrgica quedó reducida a una sola sala de operaciones.
11 en el Hospital Paroissien (Maipú). Se cerraron 3 de los 4 quirófanos. Las listas de espera crecen día a día debido a la suspensión de cirugías generales, urológicas, ginecológicas, entre otras.
6 en el Hospital Scaravelli (Tunuyán). El número de cirugías programadas se disminuyó a la mitad en este nosocomio regional que recibe derivaciones de Tupungato y San Carlos. Se realizan intervenciones vitales y las demás se derivan a la Ciudad de Mendoza.
7 en el Hospital Schestakow (San Rafael). Más del 90% de las cirugías programadas se han resentido, acumulándose una lista de espera de cerca de 1200 pacientes.
4 en el Hospital Saporitti (Rivadavia). Quedó solo 1 médico de planta que obviamente no puede cubrir las necesidades de ese centro asistencial.
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