Luego de conocerse el proyecto de ley del gobernador Rodolfo Suarez para forzar la vuelta a sus puestos de trabajo de 68 anestesiólogos que renunciaron a su cargos, debido a los bajos salarios que percibían, el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA), y más de una docena de organizaciones profesionales de diversas especialidades, repudiaron el ataque del Gobierno de Mendoza y manifestaron su respaldo a las médicas y médicos autoconvocados.  En el contexto del conflicto, aunque sin mencionarlo, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPros) solicitó la reapertura de paritarias. Pese al silencio institucional de la Asociación Mendocina de Trabajadores del Estado (ATE), su secretaria general adjunta, Adriana Iranzo, se pronunció en línea con el discurso y la embestida de Cambia Mendoza. 

Por Redacción EL OTRO

MDZ | 14 de mayo de 2022. Captura de pantalla

“Desde el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA) repudiamos enérgicamente el proyecto de ley que el gobernador Rodolfo Suarez y su ministra de Salud, Ana María Nadal, enviaron este viernes a la Legislatura, con la clara intención de disciplinar a 68 compañeras y compañeros médicos anestesiólogos que, debido a los miserables sueldos que se pagan en los hospitales públicos de nuestra provincia, decidieron renunciar a sus cargos a partir del mes pasado”, comienza el comunicado, titulado Sin salarios dignos no habrá salud pública digna, que difundió este sindicato el pasado viernes, tras conocerse la avanzada del Ejecutivo en la Legislatura. (Leé el comunicado completo aquí)

Para SiTEA, “bajo el pretexto de una ‘declaración de emergencia’ en los servicios de anestesia, el titular del Poder Ejecutivo solicitó este viernes al Poder Legislativo la sanción de una norma que, en sus fundamentos, no hace más que asumir la incapacidad del gobernador y de su ministra para evitar una grave problemática en la salud pública, que afecta al conjunto de la población mendocina, sobre todo la más vulnerada”.

Foto de archivo: Coco Yañez

“Tras 75 días de conflicto –sigue el comunicado- y mientras se acumulan por miles los pacientes en lista de espera quirúrgica, en lugar de mejorar la deteriorada salud pública a través de la distribución de los recursos producidos por el pueblo de Mendoza, que el propio Gobierno reconoce superavitario en más de 30 mil millones de pesos, Suarez intenta obligar a las y los trabajadores de la salud a cumplir tareas en condiciones laborales y salariales indignas, bajo la amenaza de ser excluidos del Estado durante 5 años, o perder por igual período la matriculación profesional, lo que les impediría el desempeño de actividades públicas y privadas. Es decir: trabajo forzoso o ‘muerte’ laboral”.

Asimismo, el sindicato que conduce Víctor Hugo Dagfal, luego de denunciar la gestión de Suarez por “criminaliza la pobreza, la protesta social y el ejercicio libre de la actividad sindical”, expresó “total solidaridad con las y los médicos anestesiólogos atacados por el Gobierno”, y reiteró “nuestro eterno agradecimiento con quienes en momentos tan aciagos de pandemia expusieron literalmente sus vidas y entregaron lo mejor de sí para atender, cuidar y restablecer la salud nuestras familias, de miles de mendocinas y mendocinos que sufrimos el contagio del covid-19”.

Víctor Hugo Dagfal, secretario general de SiTEA Foto de archivo: Seba Heras

Por último, el sindicato de estatales exigió al gobernador que “retome el diálogo con las y los trabajadores para acordar un aumento salarial conforme a la necesaria recuperación de los haberes que, tal como el Ejecutivo reconoce, puede ser ampliamente solventada con los ahorros fiscales actuales”; y pidió a las y los legisladores provinciales “que no den tratamiento al vergonzoso proyecto remitido a la Casa de las Leyes. Ya que se trata de una afrenta a los derechos de las y los trabajadores del Estado mendocino y una pretensión burda y autoritaria que busca castigar de manera ejemplificadora a un grupo de médicos y médicas, para sembrar el miedo y disciplinar así a todo aquel que ose reclamar lo que es justo”.

“Técnicas que rayan con la intimidación y el autoritarismo”

Organizaciones médicas firmantes del comunicado. Captura de pantalla

Dieciséis asociaciones médicas expresaron “preocupación acerca de los últimos acontecimientos en lo referente a los sueldos del sector público”, y apoyaron “a nuestros colegas anestesistas en virtud de alcanzar honorarios dignos para todas las especialidades médicas”.

El comunicado difundido este domingo lleva la firma de organizaciones profesionales de Ortopedia y Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía, Dermatología, Anestesia, Analgesia y Reanimación, Urología, Cirugía Pediátrica, Neurología Clínica, Gastroenterología, Obstetricia, Neonatología, Cardiología, Pediatría, Medicina Respiratoria y Neurocirugía. (Leé el comunicado completo aquí).

Foto de archivo: Seba Heras

“La gran mayoría de los médicos tenemos nuestra vocación muy por encima de nuestros intereses económicos, lo que permite tener un Sistema de Salud Público funcionando, a pesar de las cada vez peores condiciones de trabajo”, afirma el texto en el que además se señala que “históricamente los bajos honorarios profesionales han sostenido una pésima gestión en salud, responsable de la crisis que vivimos actualmente”.

“Vemos con gran preocupación –sigue el comunicado- que el Ministerio de Salud pretenda arbitrar, a través del nuevo proyecto de ley, los medios tendientes a implementar estrategias de formación y capacitación de recurso humano, en prácticas inherentes a cada especialidad, solo con el fin último de continuar con la precarización laboral”.

Foto: Gobierno de Mendoza

En el mismo sentido, las organizaciones denuncian prácticas antidemocráticas por parte del Gobierno de Mendoza: “Los anestesistas de nuestra provincia han decidido no renovar sus contratos laborales, por considerarlos inaceptables en relación al grado de responsabilidad y compromiso que demanda su especialidad. Velar por el derecho a la salud pública no puede justificar la promulgación de una ley que obligue a trabajar de manera involuntaria, utilizando técnicas que rayan con la intimidación y el autoritarismo”.

Por último, la comunicación oficial de las dieciséis organizaciones profesionales repudió al Ejecutivo por calificar a las asociaciones médicas como “corporaciones” y rechazó que exista una intención privatizadora del sector, tal como denunció la ministra de Salud, Ana María Nadal. “La formación de estas organizaciones es resultado de las dificultades que los médicos hemos afrontado en los últimos años, a la hora de mantener valores acordes a la responsabilidad que cada una de nuestras especialidades requiere. El fin primordial, es lograr condiciones de trabajo dignas y honorarios justos. De ninguna manera pretenden ‘privatizar’ ningún servicio dentro de la salud pública”, concluyeron.

AMProS borra con el codo, ATE se calla

Claudia Iturbe (AMProS) Foto: Cristian Martínez

Pese a que la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tienen personería gremial para intervenir en todos los conflictos laborales en el sector de la salud pública, entre ellos, nada más ni nada menos que la renuncia masiva de médicos de los hospitales públicos de la provincia, ambos sindicatos oficialistas adoptaron una postura de distancia y silencio ante el grave ataque del Gobierno de Mendoza, que esta vez tiene como objetivo a 68 anestesiólogos autoconvocados, pero que podría sentar un pésimo antecedente de trabajo forzado para el conjunto de los trabajadores de la salud.

De acuerdo con información oficial a la que accedió EL OTRO, la secretaria general de AMProS, Claudia Iturbe, presentó una nota a la Subsecretaría de Trabajo para solicitar la “URGENTE apertura de la comisión negociadora (salarial), dispuesta por Ley 7759 a efectos de tratar la pauta salarial 2022, a fin de lograr discusiones propositivas y trascendentales para el recurso humano crítico, como lo son los profesionales de la salud, debatiendo y acordando políticas necesarias, para el sostenimiento del Recurso Humano en la provincia de Mendoza”. (Leé la nota completa aquí).

Las autoridades de AMProS recibieron al candidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez | Mendoza, setiembre de 2019 Foto: AMProS

El requerimiento –que no fue difundido públicamente por el sindicato- intenta borrar con el codo lo firmado por AMPros en la última paritaria acordada con el Gobierno, que prevé una reapertura de negociaciones recién en setiembre. Curiosamente, se cita en los fundamento de la nota dirigida al subsecretario de Trabajo un artículo de hace tres días del diario Los Andes, titulado Médicos mendocinos viajan a San Luis a hacer guardias los fines de semana porque ganan cuatro veces más; y un informe del Indec sobre Índices de precios, de abril de 2022.

Por su parte, ATE no se refirió al conflicto. No obstante, la secretaria general adjunta de la seccional Mendoza, Adriana Iranzo, publicó el pasado 13 de mayo un tuit coincidente con el discurso y la embestida del Gobierno contra los anestesiólogos autoconvocados: “La verdad, disiento totalmente con la postura elitista y totalmente fuera de lugar. Lo que este grupo pretende, y se complota para perjudicar a los mendocinos, es ganar sumas exuberantes al lado de lo que cobran el resto del equipo de salud”.

Captura de pantalla | Twitter

Más allá de que Iranzo confiesa explícitamente su responsabilidad en los bajos sueldos del equipo de salud y su pretensión de nivelar los salarios para abajo, vale recordar que la gremialista oficialista, junto a su marido y secretario general de ATE Mendoza, además de convalidar el aumento salarial de 0% en 2020, se encuentran imputados por la posible comisión de estafas y defraudaciones. Entre otros delitos, se los acusa de haber transferido 6,7 millones de pesos a las cuentas de la pareja, y de cuatro personas de su círculo íntimo; y de falsificar más de mil fichas de afiliación para empadronar compulsivamente a trabajadores del Estado.

 

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