En 80 días el Gobierno de Mendoza pasó de negar las gravísimas consecuencias de la renuncia masiva de anestesiólogos, a pedir al Poder Legislativo una norma urgente para obligar a médicos -en actividad y jubilados- a trabajar con las peores remuneraciones de Cuyo, bajo la amenaza de ser expulsados del Estado, sufrir el retiro de la matrícula profesional, o afrontar demandas civiles y penales. Ante el ataque de la ministra de Salud, Ana María Nadal, quien los calificó como una “corporación que ha puesto en jaque la salud de los mendocinos”, los 68 médicos anestesiólogos que, en razón de los bajos sueldos se niegan a trabajar en los hospitales públicos de la provincia, presentarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Nosotros no queremos privilegios, no queremos que se nivele para abajo, exigimos salarios dignos para todos los trabajadores de la salud”, manifestaron los médicos autoconvocados en diálogo con EL OTRO. Cambia Mendoza depende del peronismo, que aún no se pronuncia, para votar la ley el próximo martes.
Por Negro Nasif
Mediante la declaración de emergencia en Anestesiología, el Gobierno de Mendoza busca atacar una crisis que el propio Ministerio de Salud fue incapaz de evitar.
Desde el 1 de abril, 68 médicas y médicos anestesiólogos hicieron efectivas sus renuncias a 82 puestos de trabajo en hospitales públicos de toda la provincia, debido a “la falta de actualización de honorarios acorde a la situación inflacionaria actual”.
La drástica medida fue comunicada formalmente a la ministra de Salud, Ana María Nadal, el 24 de febrero. Sin embargo, la funcionaria tardó dos meses en convocar a los médicos a una mesa de diálogo, quienes bajo la mediación de la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA), se presentaron el 22 de abril en Casa de Gobierno, con un reclamo de 117% de aumento en las prestaciones de fin de semana, y 85% para las guardias de lunes a viernes; y el pedido de un sistema de gestión de recursos humanos.
La exigencia salarial de los anestesiólogos, muy por encima del 44% que ya había acordado el Gobierno con la oficialista AMProS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud), se basó en la pérdida del poder adquisitivo en los últimos años, la comparación con remuneraciones de la región, y la disponibilidad de recursos financieros provinciales.
Por un lado, los médicos argumentaron que el 0% de aumento durante 2020 desplomó los ingresos de los trabajadores estatales. Por el otro, basados en un estudio reciente del Centro de Investigaciones de Economía Crítica (CIEC), plantearon que los médicos en San Luis cobran el doble que los mendocinos, en tanto que los sueldos en San Juan son 90% más altos que los de nuestra provincia. Finalmente, el propio Gobierno asumió que cuenta con un superávit que ronda los 30 mil millones de pesos que, según el CIEC, permitiría aumentar hasta un 115% los salarios, sin poner en riesgo la solvencia del Estado.
En los últimos 80 días, lejos de buscar una respuesta financiera para el legítimo reclamo de las y los trabajadores de la salud, la estrategia desplegada por Nadal y su subsecretario de Salud, Oscar Sagás, consistió únicamente en dilatar el conflicto, y hostigar a quienes reclaman, para generarles un desgaste. Situación que lejos de ocurrir podría derivar en medidas gremiales y judiciales por parte de los anestesiólogos autoconvocados y sindicatos estatales no alineados con el oficialismo, como el SiTEA, que este viernes emitió un comunicado solidarizándose con el reclamo de las y los médicos (leer aquí).
Lo que sí sucedió, y que recién fue admitido por el Gobierno en los últimos días, es el aumento constante de pacientes sin la atención médica que debe garantizar el Estado. Cientos de cirugías fueron –y son- “pateadas para adelante”, como cínicamente asumió el director del Hospital Regional Antonio Scaravelli de Tunuyán, Mauro Acuña.
De héroes a enemigos
Decíamos en EL OTRO el pasado 7 de marzo: “Conociendo los antecedentes de la gestión Cambia Mendoza, no es descabellado pensar que –como ya se susurra en Casa de Gobierno- se habilite un discurso mediático que estigmatice a nuevos panza arriba, o directamente se acuse a los llamados verdaderos héroes de ser ahora extorsionadores con chaquetas”.
Lamentablemente, la hipótesis inicial de este diario se terminó de develar el último viernes, cuando la ministra Nadal lanzó un ataque público en la Legislatura de Mendoza. “La corporación de los anestesistas ha puesto en jaque la salud de los mendocinos”, acusó la farmacéutica nacional, quien desde hace 26 años ocupa cargos en el Estado, con vínculos directos con la poderosísima corporación farmacéutica, a la que nunca se animaría a calificar como tal, pese a que permanentemente ponen en peligro la salud de los mendocinos con sus posiciones económicas dominantes. Tampoco se le oyó decir jamás a la ministra que el conglomerado de medios hegemónicos, financiados con cientos de millones de pesos del Estado, para blindar a su Gobierno, forman parte de una corporación o cosa que se le parezca.
Ella quiere látigo
Nadal, escoltada por la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, y el presidente de Diputados, Andrés Lombardi, presentó en conferencia de prensa el proyecto de ley para declarar la emergencia en Anestesiología en los efectores de salud de Mendoza por el plazo de 18 meses, “con el objetivo de sanear la situación crítica que atraviesa la prestación del servicio”.
En los fundamentos de la propuesta (leer aquí), el gobernador Rodolfo Suarez y su ministra, sin ponerse colorados, apelan a la legislación nacional e internacional que consagran el derecho humano a la salud; a los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud; y a las obligaciones de los profesionales del arte de curar.
De ser sancionada la norma de emergencia, se consagraría una especie de ley de trabajo forzado que, en el proyecto oficial, dispone:
-Las renuncias de los anestesiólogos se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días.
-Los profesionales que renuncien no podrán ocupar cargos públicos o ser contratados por el Estado mendocino durante 5 años.
-El médico que haya presentado su renuncia, e incumpla las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales, recibirá una sanción de suspensión en el ejercicio profesional de un mes a cinco años, “sin perjuicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder”.
-El Ministerio de Salud podrá convocar a ex residentes, ex jefes de residentes de Anestesiología, anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco años, o jubilados con matrícula vigente, con el fin de que presten servicios, incluidas guardias de semana y fin de semana. Considerando esta convocatoria como “una carga pública”.
-El Gobierno podrá trasladar, reasignar funciones y horarios de anestesiólogos en toda la provincia.
La libertad de Ciudad Suarez
Este lunes la ministra de Salud irá a la Legislatura a explicar a los senadores y diputados de la oposición los beneficios de acompañar el tratamiento exprés del proyecto de ley. El plan de Suarez es convencer a los legisladores peronistas para que lo traten sobre tablas en ambas cámaras, el próximo martes.
Por su parte, el médico Arturo Salassa, vocero de las y los anestesiólogos, confirmó a EL OTRO que los representantes legales de los autoconvocados están elaborando una denuncia que, en caso de la aprobación de la emergencia en la especialidad anestesiológica, será interpuesta en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “dado que el proyecto resulta una clara violación a tratados internacionales que garantizan la libertad de trabajar, y no la imposición que pretende el Gobierno”.
Asimismo, el doctor Salassa señaló que “de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nadie puede ser obligado a ejecutar un trabajo forzoso, lo que se contrapone al proyecto de ley de emergencia de la ministra Nadal que obliga a trabajar, incluso, a jubilados. También se permitirá que profesionales no especializados en Anestesiología puedan dar anestesia, con las gravísimas consecuencias que ello puede generar en la vida e integridad física de las personas. Y en el colmo, se les fija a todos una remuneración muy por debajo de lo que se paga en las provincias vecinas”.
“Además –continuó el profesional- el proyecto nos impide llevar adelante nuestro proyecto de vida familiar y personal. Si se aprueba esta ley no sólo no podremos elegir libremente nuestro trabajo, sino que además tendremos impedido hacerlo fuera de la Provincia de Mendoza. Acá no se trata de oponer el derecho a la salud con el derecho al trabajo, ya que el Estado es el que debe garantizar tales derechos y no los particulares. De eso se trata la república, y este tipo de proyectos están mucho más cerca del autoritarismo que de la democracia”.
“Nosotros no queremos privilegios, no queremos que se nivele para abajo, exigimos salarios dignos para todos los trabajadores de la salud”, cerró Salassa.
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