Hace un año, al visibilizar un caso particular en Guaymallén, desde EL OTRO advertíamos a las autoridades que el ajuste y la desidia en las políticas públicas potencian la violencia ejercida contra las mujeres. Lamentablemente, se ratifica el axioma. M., la mujer que entonces pedía un lugar para estar con sus hijos, otra vez fue salvajemente violentada. Si bien la problemática atraviesa a todos los segmentos socioeconómicos, determina la cotidianidad de las más pobres, generalmente apartadas de las acciones estatales y contenidas solamente por un tejido social voluntarioso, aunque impotente.
“En los siete años que estuve en pareja, lo denuncié muchas veces porque me pegaba, alrededor de diez denuncias por año, pero nunca el Estado me protegió. Cuando llegaba la policía a mi casa me decían que yo me tenía que ir para que dejara de maltratarme”. El testimonio de M. fue publicado por EL OTRO hace un año y unos días.
En aquel momento, la mujer limitaba sus aspiraciones a que algún resorte estatal contemplara “un refugio para estar con mis hijos”
El resguardo concreto provino de la asociación civil USPA (Unión, Superación, Progreso y Amor), que sororamente la cobijó y acompañó en la búsqueda de respuestas en las instancias de gobierno. Ese germen colectivo seguramente dictaminó la visibilización de su caso. Por eso nuevamente Silvina González, la presidenta de la organización social, es quien nos relata los avatares sufridos por M. desde aquellos días.
“Ella no tenía donde vivir, por eso en aquel momento pedíamos que se le diera la posibilidad de acudir a un refugio. Desde el municipio de Guaymallén la mandaron a Provincia porque estaba en situación de calle. Le tramitaron un subsidio y la mandaron otra vez al barrio para que nosotras la ayudemos. El subsidio le salió cuatro o cinco meses después. Estuvo un tiempo acá conmigo y después se fue con otra vecina”.
En medio de su vulnerabilidad, M. inició una relación con el hermano de la vecina que la albergaba, quien comenzó a hostigarla y violentarla cuando la joven decidió clausurar el vínculo. “¿Por qué me querés dejar, tenés otro?”. El grotesco gesto de recelo continuó con golpes y la amenaza de dejarla salir una vez que sanara la paliza.
La mujer permaneció una semana en cautiverio. “Hasta que el domingo se pudo escapar y llegó a mi casa pidiendo auxilio”, relata Silvina. “Está otra vez golpeada en el rostro y en estado de shock porque estuvo una semana encerrada”. La presidenta de USPA acota que “el tipo ya está detenido, por pasar al penal”. Pero reniega de la indiferencia de los Estados municipal y provincial. “Ahora se predisponen, cuando el daño está hecho y venimos pidiendo ayuda hace mucho tiempo”.
“Cuando me crucé con la gente del municipio que hace campañas contra la violencia de género, les recordé que cuando esta chica les vino a pedir ayuda para garantizar su integridad y la de sus hijos, la mandaron a Provincia porque supuestamente el caso se encuadraba en ‘situación de calle’ y negaban que hubiese violencia económica, cuando claramente sabían que el papá de los niños no pasaba dinero para poder afrontar un alquiler”, sostiene enfáticamente González.
La referente social recalca la responsabilidad que le cabe al Estado “porque afirmaban que para pasar a un refugio M. debía estar golpeada. ¿Por qué llegar a esto? Acá está, con el rostro machucado, en un estado psicológico pésimo. Ahora empezaron a moverse. Primero se lavaron las manos preguntando quién nos había atendido en aquel momento”.
Al mismo tiempo, Silvina admite que una vez consumado el hecho, percibió cierta conmoción en las interlocutoras del Estado provincial ante la situación. Aunque transmite fragmentos de sus diálogos con agentes gubernamentales que aterran: “me decían que hay muchos casos y no tienen recursos para solucionarlos. Pero yo les insistía que son ellas las que están de ese lado del escritorio y tienen que pelear para que haya más. Nosotras podemos salir a pelear en la calle y ayudarnos entre nosotras, pero son ellas las que están en los cargos de asistentes sociales de género, directoras de género, psicólogas de género. Si ustedes no pechan para arriba para poder ayudarnos a nosotras, vamos a seguir teniendo todos los días una mujer muerta”. Cuestionamientos a los que respondían otorgándole la razón: “el Estado no nos está dando aportes, no nos están dando nada”.
“En Guaymallén existe la ordenanza 8209 que habla de la manutención y no se cumple. Pero si vos te metés en la página del Concejo Deliberante está supuestamente activa y la están dando, pero nada que ver. Están dando un subsidio que tarda como noventa días con suerte”, denuncia González.
Del padre de los hijos de M., la víctima de esta historia, no hay noticias. Recorrió todas las instancias para reclamar la manutención. Hasta que el expediente judicial durmió definitivamente, luego de que absurdamente se le exigiera el dato del domicilio de su victimario. “Ella no tiene idea dónde está. ¿Cómo va a salir a buscar al tipo que la mataba a golpes?”, cerró con absoluta lógica Silvina González.
Ante la desidia que mata, la razonable interpelación de la referente social guaymallina, de carácter constitucional, se torna estéril en el contexto del perverso criterio de la empresa familiar de la agrupación política Libres del Sur, que hoy comanda la Dirección de Género y Diversidad, a cargo de Silvina Anfuso.
