La agitada noche del viernes en el Instituto Tomás Godoy Cruz terminó con tranquilidad. Contra los deseos del gobierno, la Fiscalía de Gabriel Blanco no desalojó el edificio ocupado por la Asamblea de estudiantes y docentes, y se comprometió a no impulsar procesos penales. Sin embargo, este sábado el Ministerio Público Fiscal dejó trascender a la prensa que podría imputar al menos a diez personas por el delito de “desobediencia”. La Asociación Civil Xumec presentó un habeas corpus para evitar la criminalización de la protesta. El nivel superior se moviliza hoy en defensa de la educación pública.
Fotos: Luciano Viard, Cristian Martínez y Seba Heras
“Yo, el Dr. Giusti, te doy mi palabra que a vos no te va a pasar nada hoy. A él tampoco. Te doy mi palabra como autoridad judicial. No te va a pasar nada en materia penal, que es lo que nosotros decidimos. Queremos que estés absolutamente tranquilo. Ni te vamos a pintar los dedos, ni vamos a imputar… Estamos tranquilos, tratando de llevar paz, algo que lógicamente necesitan todos, tranquilidad”.
Con ese textual compromiso, Gustavo Giusti, ayudante fiscal en turno, transmitió seguridad a los alumnos y profesores que le exigían garantías de que no serían criminalizados por reclamar derechos tan básicos como el trabajo y la educación.
Ya habían pasado más de dos horas del horario tope que pretendió imponer el director general de escuelas, Jaime Correas, para que la Asamblea restituyera “el inmueble libre de manifestantes”. También habían transcurrido los momentos de mayor tensión que encontraron a un fiscal con evidente inexperiencia para encarrilar un conflicto que, obviamente, no es de naturaleza penal sino laboral.
De alta a baja tensión
Afortunadamente, primó la prudencia y el diálogo. El ayudante Giusti se mostró más ducho que el responsable del Ministerio Público para conducir el conflicto, asumiendo en los momentos más ríspidos un discurso conciliador, que hasta tuvo pasajes de una suerte de solidaridad con la lucha docente. “Yo me cuido solo”, dijo mientras disponía que la policía no ingresara al lugar, tal como exigía la Asamblea. “Nadie los va desalojar por la fuerza, ni nadie los va a reprimir, ¡por Dios!, tienen nuestra garantía”, tranquilizó, para reivindicar luego: “Gracias a ustedes yo he tenido la formación que he tenido, gracias a docentes (…) Los docentes son la base del futuro de los chicos”.
Si bien el fiscal Blanco se centró más en el enfoque jurídico y señaló que se estaba violando la resolución 83/2018, que regula las asambleas laborales en el Estado, también puso acento en transmitir confianza. “Si hubiera una represión ha sido o va a ser decidida por mí. Y más allá de mis funciones más allá de mi autoridad y más allá de mi investidura, tengo palabra”, afirmó en uno de los momentos en que profesores le pedían garantías.
En suma, al margen de lo violento que resulta la presencia de la Justicia penal y policial en un lugar de educación, con el correr del tiempo quedó claro en la mayoría de los presentes que no habría desalojo, ni represión, ni criminalización de la protesta. Tranquilidad que fue abonada por la importante presencia de legisladores provinciales de la oposición, quienes mediaron ante el fiscal y su ayudante, y abogados y abogadas de la Asociación Civil Xumec que pidieron garantías de que nadie fuera detenido ni imputado.
Palabra empeñada
En afán de descomprimir la situación, la Fiscalía aceptó que la Asamblea se mantuviera en el lugar, con una “representación mínima”, y pidió que algunos de las y los presentes se responsabilizaran del inmueble del Estado.
El rector del Instituto, Cristian Barzola, mostró su predisposición para asegurar la integridad del patrimonio público a su cargo. “Yo me quedo como autoridad de la institución, si ustedes me necesitan yo me quedo acá”, le expresó al fiscal Blanco, y aseguró que permanecería con los profesores hasta las 13 del sábado, horario previsto para la culminación de la medida de fuerza.
Para formalizar ese acuerdo, las autoridades de la Justicia pidieron la identificación a algunos docentes que también se ofrecieron como “garantes”. Entonces fue que surgieron algunas dudas de otros profesores y dirigentes sindicales quienes manifestaron el temor de que los datos personales pudieran servir para procesar a los manifestantes.
Otra vez, Giusti se encargó de despejar los miedos, hasta el último minuto. Previo a retirarse del lugar, sobre la vereda de calle Montevideo, el abogado tranquilizó a un docente que con insistencia le pedía garantías. “La parte judicial no va a tomar ninguna represalia”, “hoy debería estar imputando a alguien y no lo vamos a hacer”, “no vamos a imputar absolutamente a nadie”, “la parte judicial está solucionada hoy, no va a haber conflicto”, fueron las respuestas indubitables que dio el representante del Ministerio Público.
Además de EL OTRO y El Ciudadano, los dos únicos diarios que cubrieron el conflicto, más de una decena de legisladores escucharon el compromiso de la fiscalía. Da Vila, Jiménez, Escudero, Perviú, Aparicio, Vicencio, Stocco, Sosa, Lacoste, Galván y Amstutz, senadores y diputados de la oposición, fueron testigos de las palabras de Blanco y Giusti.
La piel del cordero
El sábado, luego de que la Asamblea del Instituto abandonara la ocupación pacífica, Diario Uno difundió una nota en la que informó que “la Justicia tomará declaración indagatoria a quienes participaron de la toma del Colegio Normal Superior Tomás Godoy Cruz”. En el artículo se afirmó categóricamente que “quedarán imputados bajo el delito de desobediencia, que tiene una pena de 15 días a un año de prisión”. El medio citó como fuente de su primicia a la Fiscalía a cargo de Gabriel Blanco.
Si se contrastan los hechos con las últimas informaciones, dos son las opciones posibles: Diario Uno miente o el Ministerio Público Fiscal engañó a las y los estudiantes, docentes y representantes del Poder Legislativo. Hoy comenzará a conocerse la verdad, mientras la comunidad educativa de los Institutos de Educación Superior se concentrará desde las 9 hs, en San Martín y Garibaldi de Ciudad, para defender la educación pública.
Comunicado de la Asociación Civil Xumec:
Habeas corpus para evitar imputaciones por la toma del Colegio Normal
Frente a lo sucedido durante la toma de la institución, Xumek presentó un escrito para asegurar que no se criminalizará a personas que participaron de la asamblea. El día lunes 27, a las 10.30, se realizará la audiencia por el Habeas Corpus en la oficina 51 del Juzgado Penal Colegiado.
Desde Xumek presentamos un recurso de habeas corpus (leer aquí) para evitar que algunas de las personas que participaron en la toma del Instituto Normal Tomás Godoy Cruz sean imputadas.
El día jueves 23 de agosto por la noche, docentes y estudiantes decidieron tomar la institución como muestra de su rechazo a la resolución 2010 y como una muestra importante del rechazo al ajuste en la educación pública en Mendoza.
La medida fue denunciada por el rector de la institución y posteriormente se hizo presente en el lugar la Fiscalía a cargo de Gabriel Blanco, que se comprometió a no reprimir ni imputar a quienes reclamaban contra el cierre de cursos y carreras de nivel superior.
Horas más tarde, el representante del Ministerio Público Fiscal dejó trascender por la prensa que imputará al menos a diez personas, entre ellos, profesores, alumnos y legisladores de la oposición.
Frente a los hechos, Xumek decidió presentar un escrito frente a la Jueza de Garantía de turno, Dra. Miriam Moltó. Este habeas corpus se presenta para tener seguridad de que no van a detener a nadie, ya que desde Xumek creemos que se trata de una criminalización de la protesta. Queremos que se nos garantice que no se va a usar el derecho penal como una herramienta de criminalización.
El día lunes 27 de agosto a las 10.30 horas se realizará la audiencia que pedimos para que se aclare qué delito se ha cometido. Será en el Juzgado Penal Colegiado, Segundo piso, oficina 51.
