La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la sanción de una nueva ordenanza que prohibirá la actividad de cuidacoches. Personas en situación de calle y trabajadores informales se organizan para resistir una norma que, lejos de buscar la inclusión social, criminaliza la pobreza.

Fotos: Cristian Martínez

Todos los viernes, personas en situación de calle se reúnen en la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante (UAPSI) de Capital. En la sede de esa organización no gubernamental, adolescentes y adultos se juntan para discutir y buscar caminos de acción que permitan mejorar sus paupérrimas condiciones de vida.

En el marco de un creciente clima represivo contra los sectores más vulnerables, durante la semana pasada se sumaron a este grupo trabajadores y trabajadoras informales, quienes están siendo objeto de una política de razia desembozada por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con el respaldo de las fuerzas de seguridad del gobierno provincial.

La preocupación de la gente que vive y trabaja en las calles capitalinas se centró en el anuncio de una nueva ordenanza que, según el propio intendente Rodolfo Suárez prohibirá la actividad de los llamados “trapitos”, y en las acciones violentas que ya están sufriendo por el solo hecho de trabajar o dormir en el espacio público.

Acta del 5 de abril de 2018 donde consta la “incautación de un colchón de una plaza” y “una sábana en mal estado”, por parte de funcionarios de la Municipalidad de Mendoza.

Piden pan, le dan palos

“La policía nos está hostigando mucho. Nos llevan a la comisaría de Puente de Hierro. Se la agarran contra los pobres: nos pegan, nos maltratan, nos llevan presos”, denunció Juan en la asamblea, frente a unos veinte compañeros. “Tengo una hija de un año y medio, y la única forma que tengo para darle de comer es lavando autos”, explicó con simple crudeza Mario, al tiempo que otros participantes de la asamblea precisaron cómo se concreta el maltrato oficial: “Ayer decomisaron a nueve compañeros, se los llevaron a la comisaría porque se negaron a entregar los tarros con los que lavan autos”, manifestó Alejandro; Luis y Cristian completaron: “Llegaron preventores y nos sacaron todo”, “me sacaron el chaleco y los tachos”.

A nadie escapa que en distintas situaciones vecinos y visitantes de la Capital son presionados por cuidachoches que pretenden cobrarles por estacionar sus autos en zonas excluidas del estacionamiento medido. Sin embargo, lejos de abordar estos casos puntuales con los mecanismos legales que ya están contemplados en las normas vigentes, la estrategia del gobierno municipal es estigmatizar al conjunto de personas que buscan distintas formas de sobrevivir en la calle, vinculándolas con prácticas delictivas graves, frente a las cuales solo cabrían medidas de expulsión de la ciudad y/o el encarcelamiento.

Hacé un curso y esperá

Desde la Municipalidad, con el coro celebratorio de los medios de comunicación oficialistas, se presentó a la nueva ordenanza como una loable iniciativa de inclusión laboral para cerca de 300 cuidacoches y “trapitos”.

El proyecto enviado por Suárez al Concejo Deliberante de Capital contempla “herramientas” para quienes quieran sumarse al “circuito de empleo formal”, tales como futuras e imprecisas capacitaciones en oficios, entre ellos: “oficiales y medio oficiales albañiles, colocadores de pisos y durlock, plomeros y gasistas matriculados, soldadores y tantos otros oficios que se fueron perdiendo en el tiempo…” (sic). Además, la propuesta del dirigente radical suma un “estímulo” de 2.000 unidades tributarias municipales para las empresas que incorporen a estos trabajadores, los cuales deberán ser utilizados para pagar parte de sus sueldos, durante tres meses.

“Ayer la policía nos dijo que solo los turistas pueden estar en la plaza. Nos echan por trabajar en la calle. Me saqué el papel de buena conducta para trabajar como tarjetera pero me dijeron que no hay lugar”, se quejó Johana (embarazada de cinco meses) durante la asamblea en la UAPSI. No parece contar con recursos suficientes y realistas la nueva ordenanza para incluir en el trabajo formal a personas como esta mujer y otros cientos que, aun con oficios, no consiguen empleo o son rechazados por tener como domicilio el banco de una plaza o ser mayores de 30 años.

Más bien, del texto del proyecto del intendente Suárez, se transparenta como principal línea de acción una política eminentemente punitivista, coherente con la llamada “mano dura” propuesta por la alianza Cambia Mendoza, avalada en las urnas por una mayoría significativa de la Ciudad, aunque contradictoria con derechos y garantías constitucionales básicos.

La ordenanza de Suárez habilita al “desalojo” de los cuidacoches, “solicitando el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario”. Durante la semana pasada, al calor de esa amplia autorización para el accionar discrecional de los preventores, y sin contar todavía con la vigencia de la cuestionada norma, los agentes municipales y la policía provincial maltrataron y desalojaron a personas que duermen en las calles y decomisaron colchones, sábanas, mantas, tachos, trapos y otras humildes pertenencias.

A la represión: organización

Los y las asambleístas conocen muy bien, en carne propia, que la represión no es un pronóstico, es una realidad que padecen desde hace años y que sigue agravándose. En la Capital se esperan tiempos aún más violentos y con menos posibilidades de ganarse la vida para los expulsados del llamado mercado del trabajo.

No obstante, esos trabajadores y trabajadoras desocupados e informales apuestan a organizarse y reclamar por sus derechos a la vivienda, la salud, y un empleo que desean y necesitan pero que siempre les resulta esquivo.

Mientras la asamblea plantea la elaboración de un censo de las personas en situación de calle, propone la presentación de un amparo judicial colectivo para frenar la ordenanza municipal y la realización de un “frazadazo” o “colchonazo” de protesta en Casa de Gobierno, se oye a uno de los asistentes que se niega a aceptar el trato discriminatorio y se reivindica como sujeto de derechos. “Somos ciudadanos, no trapitos”, sentencia el ya veterano de la calle, antes de retirarse con su mochila y algunos abrigos que lo cobijarán durante la noche, en un banco de la terminal de ómnibus.

 


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