Siguiendo la línea de la suma del poder público, el gobernador de Mendoza pretende controlar la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Alfredo Cornejo propondrá a su correligionario y funcionario del Ministerio de Seguridad, Luis Marcelo Romero, como Procurador de las Personas Privadas de Libertad. Organismos defensores de los Derechos Humanos denuncian que el candidato oficialista no cumpliría los requisitos de independencia e imparcialidad, condiciones indispensables para el ejercicio de esa función.
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue creada en el año 2011, como un “organismo descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico”, según lo establecido por la ley provincial 8.284.
Este importante organismo tiene como función primordial la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales de las personas que se encuentran privadas de su libertad en instituciones estatales, o que se hallen alojadas en entidades privadas de las que no puedan salir libremente.
La Comisión está presidida por un Procurador de las Personas Privadas de Libertad, quien es designado cada cinco años por el Senado, a partir de una propuesta realizada por el gobernador.
Próximo al vencimiento del mandato del actual procurador, el Ministerio de Gobierno convocó en febrero pasado al concurso para cubrir ese cargo.
Recientemente, la Comisión Asesora responsable del concurso, tras las correspondientes evaluaciones, elevó al Ejecutivo una terna vinculante integrada por el actual procurador Fabricio Imparado, la abogada María Mercedes Duberti y Luis Marcelo Romero, titular de la Dirección de Promoción de Liberados, dependiente del Ministerio de Seguridad que encabeza Gianni Venier.
Según una versión oficial que circuló fuertemente en los últimos días, Cornejo propondrá a la Cámara de Senadores a su correligionario y funcionario Luis Romero, quien obtuvo el tercer puntaje en el concurso para acceder a la procuración.
Ante esta posibilidad concreta, los Organismos defensores de los Derechos Humanos de Mendoza, enviaron ayer una carta al mandatario provincial para solicitarle “que al momento de seleccionar al nuevo Procurador de Personas Privadas de Libertad, se tenga en cuenta la independencia e imparcialidad como condiciones excluyentes para dicha función”.
“Del concurso realizado el 15 de abril resultó con el más alto puntaje el Dr. Fabricio Imparado, lo que pone de relieve la excelente labor realizada durante los últimos cinco años al frente de la CPPT en la tarea de prevención de la tortura de acuerdo a todos los compromisos internacionales asumidos por la Argentina”, destacaron los organismos en la nota remitida a Cornejo, donde además ponderaron los antecedentes de la segunda seleccionada, la abogada María Mercedes Duberti.
Sin embargo, las organizaciones civiles cuestionaron la mención de Luis Romero como tercer postulante: “Además de no conocérsele antecedentes en defensa de los derechos humanos, no cumpliría el indispensable requisito –exigido por el Protocolo Facultativo– de independencia e imparcialidad, ya que su currículum solo contiene funciones en cargos políticos del Poder Ejecutivo, lo que evidentemente lo sitúa en lo que se denomina conflicto de intereses”.
Basta con seguir las publicaciones de Romero en su cuenta de Twitter para constatar que este licenciado en Administración Pública es un activo militante de la Unión Cívica Radical, además de un defensor constante del gobierno al cual pertenece. Por lo que resulta casi imposible pensar que, desde su eventual rol de Procurador, vaya a denunciar las torturas, vejaciones y maltratos que frecuentemente ocurren en las cárceles y comisarías mendocinas, lugares en los cuales Alfredo Cornejo y su ministro Venier aspiran a mantener el control.
