Torturas y calabozo, con el pretexto de la pandemia

Una denuncia por ruidos molestos y supuesta violación del distanciamiento social terminó con una salvaje golpiza y apremios ilegales de la Policía de Mendoza. Cristian Rodríguez denunció que él y su familia fueron víctimas de “brutalidad ilimitada” de numerosos uniformados, quienes pretendieron ingresar a su propiedad privada sin orden judicial, mientras celebraban un cumpleaños sin invitados. EL OTRO accedió al registro de cámaras de video, fotografías y audios que documentan un gravísimo caso de violencia institucional silenciado por el gobierno de Suarez y sus medios pautados.

Por Negro Nasif | Fotos: Cristian Martínez

Con la evidencia de la expansión del coronavirus y el colapso de los hospitales en Mendoza, el gobierno provincial y la obediente prensa remunerada instalaron la necesidad de un combate criminal contra las ilegales juntadas de jóvenes y adolescentes. “Creo que las reuniones clandestinas de jóvenes agravaron el tema y la población subestimó la gravedad del asunto. Eso llevó a que aumente la circulación y esperamos que ahora baje la curva y la gente se quede en su casa”, declaró el gobernador Rodolfo Suarez el pasado 8 de setiembre. Y bajo esa premisa recrudeció su línea punitiva por sobre la sanitaria, sin conseguir el descenso de los contagios pero sí la garantía del todo vale para combatir a ese enemigo construido política y mediáticamente.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad destacó que ya detectó “120 fiestas clandestinas con clausuras y multas” y que “ya se han imputado a 8.000 personas desde que comenzó la pandemia”, 250 de las cuales fueron arrestadas. Raúl Levrino ponderó la “solidaridad” de los 500 ciudadanos que por día llaman al 911 para denunciar violaciones al distanciamiento social y agradeció al personal “que trabaja en la primera línea”, “con vocación de servicio y profesionalismo”.

Ministerio de Inseguridad

Las manifestaciones del ministro Levrino fueron publicadas en la prensa oficial tres días después de que patotas de las fuerzas de seguridad que él mismo conduce, alertadas por “ruidos molestos”, cometieran un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos en un domicilio particular de Guaymallén, para “desbaratar” una supuesta ruptura del distanciamiento preventivo por parte de una familia, que no hizo más que obedecer el mandato sanitario de quedarse en casa para celebrar un cumpleaños sin invitados.

Según consta en los registros del Ministerio Público Fiscal a los que tuvo acceso EL OTRO (Denuncia D-67982/20), Cristian Marcos Rodríguez denunció ante la Justicia que a última hora del pasado 15 de setiembre agentes de la Policía de Mendoza concurrieron a su domicilio en razón de que “habría una fiesta donde se estaría rompiendo la legislación contra la pandemia”.

“Eso no era cierto porque en mi casa somos seis las personas de familia. Mis cuatro hijos, mi esposa y yo. Sí había música y éramos seis, pero somos el grupo familiar. Le estaba explicando eso al policía cuando me dijo que debería ingresar. Entonces le solicité información y le pregunté si tenía orden de allanamiento. Le dije que consultaría un abogado e intenté cerrar la puerta. Puso el pie, pateó la puerta e ingresó por la fuerza. Una vez adentro de la vivienda ingresaron más policías y se pusieron a golpearme entre todos sin ninguna limitación ni consideración. Con brutalidad ilimitada. Mis hijas y mi esposa trataron de defenderme y también recibieron golpes. Los golpes fueron de todo tipo, en todas partes del cuerpo, en el rostro, en la espalda, la cabeza, las piernas, los brazos”, relató Cristian Rodríguez en su presentación ante la Fiscalía.

El derecho de las bestias

Tal como fue registrado por dos cámaras de seguridad del domicilio de la familia Rodríguez, además de audios, filmaciones y fotografías que constan en el expediente, su oposición constitucional para que la policía ingrese a su propiedad privada por la fuerza -sin la correspondiente orden judicial- desató una irracional y desproporcionada violencia por parte de numerosos policías que concurrieron al lugar en ocho vehículos oficiales: “móviles número 3092 dominio AB471…, 3328, 3331, 2985 dominio AA434RO, 3098 dominio AB510MR, otro vehículo policial dominio AD665MG”, y “dos móviles más de los cuáles no pudimos obtener los datos”, se refiere en el expediente.

“A los golpes de todo tipo me llevaron a la calle –sigue narrando Rodríguez en la denuncia-. Ahí continuaron la despiadada golpiza. Me pisaron la cabeza, me pisaron la espalda, me inmovilizaron, continuaron pegándome entre todos. Llegaban más y más móviles policiales. Se bajaban y se sumaban a pegarme. Tuve un desmayo, quedaban los chorros de sangre en el piso de la vereda de la vivienda. La sangre salía de todos lados, sobre todo del interior de la boca. Me ponían rodillas y botas sobre el cuello, la cabeza y la espalda, me tenían asfixiado. Apenas podía respirar gracias a los gritos de mi familia y de los vecinos”.

Luego, Cristian y uno de sus hijos fueron trasladados a los calabozos de la Comisaría 25, donde el padre llegó “casi en estado de inconsciencia en el móvil número 3092”. Pese a la gravedad de las lesiones que le ocasionaron, no recibió atención médica hasta aproximadamente las seis de la mañana cuando, “por la insistencia desesperada por mis dolores y por el miedo de perder el ojo derecho, me llevaron al Hospital Central, a la guardia, con esposas colocadas y custodia”. Allí fue atendido, después nuevamente trasladado al calabozo y recién liberado a las cinco de la tarde del 16 de setiembre.

Sí, torturas

“Violación de domicilio, apremios ilegales, uso desmedido de la fuerza, abuso de autoridad, abandono de persona, vejámenes, agravamientos en las condiciones de detención, abuso de los deberes de funcionario público, y otros tantos delitos se cometieron ese día por parte de las patotas policiales”, manifestó Osvaldo Vega, abogado de la familia Rodríguez.

El letrado no dudó en calificar como “torturas” a la violencia policial de la que fue objeto Cristian Rodríguez, por parte de uniformados que irrumpieron en su hogar sin identificarse en ningún momento, y denunció que nunca “le informaron sus derechos ni le dijeron por qué lo llevaban detenido y quién era la autoridad judicial a cargo”.

“Había un cumpleaños, pero sin invitados. La familia es numerosa y los adolescentes hacen ruido y les gusta la música. Se trataba del grupo familiar conviviente”, subrayó el doctor Vega para dar dimensión humana de la “organización delictiva” que las fuerzas de seguridad se dispusieron a vencer mediante un impresionante operativo.

“Por declaraciones de uno de los delincuentes, el policía Darío Rolando Milla Zurita en el expediente P-68.600-20 originario de la Oficina Fiscal 8 de Guaymallén, sabemos que intervinieron móviles de las comisarías 31, 41 y de la UAP (Unidad de Acción Preventiva). También sabemos que los detenidos no tenían absolutamente ningún antecedente delictual”, señaló el abogado.

 

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