Una denuncia por ruidos molestos y supuesta violación del distanciamiento social terminó con una salvaje golpiza y apremios ilegales de la Policía de Mendoza. Cristian Rodríguez denunció que él y su familia fueron víctimas de “brutalidad ilimitada” de numerosos uniformados, quienes pretendieron ingresar a su propiedad privada sin orden judicial, mientras celebraban un cumpleaños sin invitados. EL OTRO accedió al registro de cámaras de video, fotografías y audios que documentan un gravísimo caso de violencia institucional silenciado por el gobierno de Suarez y sus medios pautados.
Por Negro Nasif | Fotos: Cristian Martínez
Con la evidencia de la expansión del coronavirus y el colapso de los hospitales en Mendoza, el gobierno provincial y la obediente prensa remunerada instalaron la necesidad de un combate criminal contra las ilegales juntadas de jóvenes y adolescentes. “Creo que las reuniones clandestinas de jóvenes agravaron el tema y la población subestimó la gravedad del asunto. Eso llevó a que aumente la circulación y esperamos que ahora baje la curva y la gente se quede en su casa”, declaró el gobernador Rodolfo Suarez el pasado 8 de setiembre. Y bajo esa premisa recrudeció su línea punitiva por sobre la sanitaria, sin conseguir el descenso de los contagios pero sí la garantía del todo vale para combatir a ese enemigo construido política y mediáticamente.
En ese marco, el Ministerio de Seguridad destacó que ya detectó “120 fiestas clandestinas con clausuras y multas” y que “ya se han imputado a 8.000 personas desde que comenzó la pandemia”, 250 de las cuales fueron arrestadas. Raúl Levrino ponderó la “solidaridad” de los 500 ciudadanos que por día llaman al 911 para denunciar violaciones al distanciamiento social y agradeció al personal “que trabaja en la primera línea”, “con vocación de servicio y profesionalismo”.
Ministerio de Inseguridad
Según consta en los registros del Ministerio Público Fiscal a los que tuvo acceso EL OTRO (Denuncia D-67982/20), Cristian Marcos Rodríguez denunció ante la Justicia que a última hora del pasado 15 de setiembre agentes de la Policía de Mendoza concurrieron a su domicilio en razón de que “habría una fiesta donde se estaría rompiendo la legislación contra la pandemia”.
El derecho de las bestias
“A los golpes de todo tipo me llevaron a la calle –sigue narrando Rodríguez en la denuncia-. Ahí continuaron la despiadada golpiza. Me pisaron la cabeza, me pisaron la espalda, me inmovilizaron, continuaron pegándome entre todos. Llegaban más y más móviles policiales. Se bajaban y se sumaban a pegarme. Tuve un desmayo, quedaban los chorros de sangre en el piso de la vereda de la vivienda. La sangre salía de todos lados, sobre todo del interior de la boca. Me ponían rodillas y botas sobre el cuello, la cabeza y la espalda, me tenían asfixiado. Apenas podía respirar gracias a los gritos de mi familia y de los vecinos”.
Sí, torturas
“Violación de domicilio, apremios ilegales, uso desmedido de la fuerza, abuso de autoridad, abandono de persona, vejámenes, agravamientos en las condiciones de detención, abuso de los deberes de funcionario público, y otros tantos delitos se cometieron ese día por parte de las patotas policiales”, manifestó Osvaldo Vega, abogado de la familia Rodríguez.
El letrado no dudó en calificar como “torturas” a la violencia policial de la que fue objeto Cristian Rodríguez, por parte de uniformados que irrumpieron en su hogar sin identificarse en ningún momento, y denunció que nunca “le informaron sus derechos ni le dijeron por qué lo llevaban detenido y quién era la autoridad judicial a cargo”.
“Por declaraciones de uno de los delincuentes, el policía Darío Rolando Milla Zurita en el expediente P-68.600-20 originario de la Oficina Fiscal 8 de Guaymallén, sabemos que intervinieron móviles de las comisarías 31, 41 y de la UAP (Unidad de Acción Preventiva). También sabemos que los detenidos no tenían absolutamente ningún antecedente delictual”, señaló el abogado.
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