El fiscal Flavio D’Amore planteó el cambio de calificación de los hechos investigados en la operación político-judicial contra Nélida Rojas y militantes de la Túpac Amaru. Ante la evidencia del derrumbe de un proceso que lleva meses de paralización, la acusación pegó el volantazo al considerar que ya no hay elementos para sostener las imputaciones de asociación ilícita, extorsión, usurpación y coacción agravada, figuras penales que utilizó la fiscal Gabriela Chaves para encarcelar a Rojas y su familia. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal, conducido por Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé, reconoce institucionalmente la arbitrariedad de las detenciones de militantes de la Túpac concretadas en abril de 2017, y la total inconsistencia del caso más grave de guerra judicial impulsado por la alianza UCR-Pro en Mendoza en contra de una organización popular peronista. La prensa pautada, que por entonces participó ruidosamente en la justificación de las privaciones ilegítimas de la libertad, ahora hace total silencio.
Por Negro Nasif
“La anticipación de una condena social contra Nélida Rojas, mediante un planificado megaoperativo judicial transmitido en vivo por TV, no pudo ser. La dirigenta de la Túpac Amaru se presentó ante la Justicia y, no obstante su expresa voluntad de no eludirla, fue apresada junto a tres familiares. Denuncian una persecución política, clasista y racista, promovida por el gobernador Cornejo y el procurador Gullé”.
Con ese párrafo comienza el texto de la nota “El fracaso de la Operación Túpac” que publicó EL OTRO el 10 de abril de 2017. No se trató de una crónica premonitoria, ni el intento de forzar la realidad, sino la observación e interpretación –nunca neutral- de los hechos, con las herramientas básicas del periodismo, a menos de 48 horas de la detención política de la líder mendocina de la Túpac y sus familiares, lo que marcaría el gravísimo hito de una cacería de militantes peronistas y afines al kirchnerismo.
Mientras este diario comunicaba las graves denuncias de persecución política, sostenidas por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, la imprescindible pata mediática oficialista de la guerra judicial contra la Túpac generaba las condiciones de una sentencia social previa al avance concreto del proceso judicial.
Los medios hegemónicos articularon sus publicaciones sobre la base del discurso único del oficialismo, exacerbado por el contexto nacional de persecución política hacia Milagro Sala en Jujuy, y antecedido por una construcción de sentido desde el programa PPT de Jorge Lanata, quien en noviembre de 2016 acusó a Nélida Rojas de “manejar el reparto de viviendas sociales a su antojo”, en base a los testimonios de Dora y Liliana Fernández, exmiembros de la Túpac Amaru quienes, curiosamente, dos años más tarde recibirán una casa nueva cada una de manos del gobernador Cornejo, sin el proceso de adjudicación legal que cualquier ciudadano mendocino debe cumplir.
El 9 de abril, al día siguiente de las detenciones de Nélida Rojas, su esposo Ramón Martínez y sus hijas Carla y Leonela, el Comité por la Libertad de Milagro Sala en Mendoza brindó una conferencia de prensa. Ya entonces Horacio Báez, reconocido especialista en derecho penal y exjuez de la Cuarta Cámara del Crimen de Mendoza, señaló que la fiscal Gabriela Chaves se valió de calificaciones jurídicas “rabiosamente arbitrarias”, forzando la figura de asociación ilícita para alcanzar el objetivo del apresamiento; y denunció que la funcionaria recibió órdenes expresas del procurador de la Corte, Alejandro Gullé, amigo y correligionario del entonces gobernador Cornejo, quien lo puso en ese puesto en 2016.
En línea con Báez, el abogado Alfredo Guevara apuntó al exgobernador como el responsable de que Mendoza volviera a tener presos políticos. “Esta causa se ha armado por órdenes de Cornejo. ¿Por qué decimos esto? No lo decimos porque esto sea un slogan, lo decimos porque tenemos pruebas, que vamos a incorporar en los momentos procesales oportunos, que demuestran la intervención de funcionarios del gobierno de Cornejo en el armado de estas denuncias”, anticipó Guevara.
Las pruebas fueron agregadas paulatinamente al expediente y finalmente, el 4 de setiembre de 2017, la Justicia dispuso la libertad de cinco imputados de la Túpac Amaru, entre ellas Nélida Rojas, mediante un fallo ejemplar de la Octava Cámara del Crimen que desnudó la evidente operación mediática exhibida desde la primera página de la causa judicial.
El claro ensañamiento de Cornejo y de sus medios obedientes hacia la líder mendocina de la Túpac Amaru, sumado a la desinformación y manipulación orientada a agitar los peores prejuicios y criminalizar a la organización social, no tuvieron el mismo resultado en el expediente, muy flojo de papeles, impulsado por el largo brazo de Gullé en la persona de la fiscal Chaves, quien fue vapuleada jurídicamente por el tribunal integrado por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel.
Desde entonces, y tras un frustrado Jury de Enjuiciamiento que Cornejo emprendió contra los camaristas, la causa tuvo escasos avances y, entre otras dificultades, perdió en el camino a la soldada de Gullé. El expediente recién se descongeló en los últimos días.
EL OTRO tuvo acceso a documentación oficial correspondiente al Expediente N° 33.811/17, entre ella la “solicitud de modificación de avoque” del actual titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7. En el escrito, fechado el 18 de marzo y notificado a Nélida Rojas recién la semana pasada, el fiscal Flavio D’Amore estimó que “corresponde modificar el decreto de avoque obrante a fs 27/30 y 148/149 de los presentes, en particular la calificación legal oportunamente atribuida a los hechos investigados”.
Pasando en limpio, el funcionario del Ministerio Público Fiscal concluyó que no se dan los requisitos objetivos y subjetivos necesarios para tener por acreditada la presunta comisión de los delitos de extorsión ni de amenazas coactivas, sino que “nos encontramos ante un hecho que a criterio del suscripto solo puede subsumirse en el delito de Estafa Genérica (previsto y sancionado por el Art. 172 del C.P.)”.
EL OTRO consultó a Alfredo Guevara, abogado defensor de Nélida Rojas y otros imputados de la Túpac, acerca de los alcances de este giro en la investigación. Su opinión fue tajante: “Lo primero que nosotros señalamos es que, con estos cambios de calificación que le notificaron a Nélida Rojas, han reconocido que hubo efectivamente detenciones arbitrarias que, como habíamos dicho desde un principio, se trataban de prisiones políticas. Ahora esto es reconocido por el propio Ministerio Público Fiscal de Cornejo”.
“Los mismos hechos son calificados como estafas, un delito que tiene una pena menor y que ni siquiera abre la posibilidad, por lo menos real, de que sean detenidos aun cuando fueran condenados”, precisó el letrado y militante de derechos humanos.
Para Guevara, la Fiscalía tenía dos alternativas, o retiraba la acusación por falta de pruebas, lo cual significaría una inmediata catástrofe política para el tándem Cornejo-Gullé, o sostenía el único tipo penal que permitirá patear la pelota hacia adelante hasta que la causa termine por languidecer. Sin embargo, el abogado de Rojas subrayó que, con la continuidad del proceso, se sigue profundizando la criminalización de las prácticas propias de las organizaciones sociales.
Trabada la posibilidad de condena por asociación ilícita, y desechadas las acusaciones por usurpación, extorsión y coacción, la calificación de estafas implica considerar absurdamente “que las personas que se integraban a la organización lo hacían engañadas, bajo la promesa de que se les iba a entregar una vivienda”, señala Guevara y agrega: “Esto es precisamente desconocer que la organización Túpac Amaru no era una cooperativa de vivienda o una mutual, sino que fue siempre, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, una organización política y social que tiene determinadas prácticas y esto significa que, entre esas prácticas, está la de convocar a los sectores excluidos y afectados en sus derechos fundamentales para la lucha por ellos”.
Según el representante legal de los imputados, las pruebas presentadas por la defensa acreditan que las personas que se incorporaban a la organización “lo hacían para formar parte de una lucha política por los sectores excluidos, para que haya más vivienda, más trabajo, más educación, etc., que eran y son las banderas de la Túpac”.
Tan absurda y cargada de ignorancia política y clasismo resulta la acusación que el fiscal consideró, entre otras creatividades jurídicas, que la participación de una miembro de la Túpac, a la que le habrían prometido una casa, en un bingo o en una marcha de Ni Una Menos configurarían parte del delito de estafa. Es más, en el expediente consta que la Fiscalía hizo la cuenta de las pérdidas económicas ocasionadas a la presunta víctima, por asistir a la manifestación, para argumentar el daño al bien jurídico protegido.
“Estamos frente al principal caso de lawfare de Mendoza. Con esta causa Cornejo estigmatizó a la oposición, al peronismo y apuntó a quebrar las posibilidades de lucha, al criminalizar la manera en que se organizan los sectores populares”, cerró Guevara.
A diferencia de otros momentos claves de la causa, ni Cornejo ni su prensa cómplice cuestionaron al fiscal que, parado sobre los escombros del caso, parece anticipar la extremaunción de la malparida Operación Túpac. Sin un ápice de autocrítica ante la evidencia de las fuentes oficiales, los medios hegemónicos callan.
