EXCLUSIVO | Aunque las pruebas en el expediente son concluyentes, la Justicia de Mendoza se niega a elevar a juicio la causa penal en la que el dirigente de ATE, Roberto Macho, se encuentra imputado por cientos de afiliaciones truchas en perjuicio de trabajadoras y trabajadores del Estado. Mientras la Unidad Fiscal de Delitos Económicos insiste con que Macho devuelva el dinero retenido pero sin actualización de intereses, lo que podría eliminar a bajo costo su responsabilidad en las estafas, una pericia oficial demostró que el acusado despojó más de un millón doscientos mil pesos, desde 2017, y que continúa “reteniendo ilegalmente la suma de $848.565 y los intereses, frutos civiles que aprovechó el imputado en perjuicio patrimonial de las víctimas”.
INVESTIGACIÓN ESPECIAL DE EL OTRO | Texto: Negro Nasif
Que Roberto Macho está más sucio que una papa ya es innegable. No menos evidente es que su suerte dependa fundamentalmente de las decisiones políticas de Alfredo Cornejo, el principal operador judicial de la Provincia de Mendoza en los últimos seis años.
En su afán de disciplinamiento de los dirigentes sindicales que se opusieran a su modelo de ajuste en la Administración Pública, funcionarios del riñón del exgobernador radical carpetearon con éxito al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, mediante el impulso de diferentes causas judiciales. Una de ellas peligrosamente vigente: se trata del expediente N° P-46.888/18, caratulado “Fiscal c/ Macho Llinas por estafa genérica”, delito por el cual el sindicalista arriesgaría una condena de prisión de un mes a seis años.
Un pacto para vivir
Uno de los aspectos clave del contexto de la influencia política de Cornejo en esta causa penal la reveló el secretario general de SiTEA, Víctor Hugo Dagfal, en setiembre de 2021, en una entrevista con EL OTRO: “Cuando Raquel Blas era secretaria general de ATE, los dirigentes de SiTEA nos sentábamos junto a ella en la mesa paritaria. Raquel nunca firmaba nada con el Gobierno si nosotros no estábamos de acuerdo. Pero todo cambió a partir de 2016 con Alfredo Cornejo en la gobernación, cuando Roberto Macho se hizo cargo de la conducción de ATE. Este tipo mandó a su mujer y secretaria adjunta, Adriana Iranzo, a las negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo y, con la anuencia del paritario de Cornejo, nos impidieron seguir representando a los estatales”.
“Quedó muy claro desde entonces –siguió Dagfal- el pacto entre la patronal y ATE. En ese contexto, fue que nos presentamos como querellantes en la causa en la que, desde 2017, se investigan las más de mil afiliaciones truchas que Macho había incorporado a su sindicato, con la complicidad de funcionarios de Cornejo, para evitar perder la representación paritaria en Salud, donde ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) estaba a punto de superar en número de afiliados a ATE”.
En efecto, ATSA fue el sindicato que inició el expediente judicial el 8 de junio de 2018, según consta en la carátula del mismo. Sin embargo, por razones que pueden sospecharse pero no probarse por ahora, el sindicato de la sanidad -hoy aliado a ATE- se retiró con posterioridad de la querella. Rol que siguió ejerciendo SiTEA en representación de las y los trabajadores estatales perjudicados.
Afiliaciones truchas
En un escrito presentado recientemente por Julieta Lavarello, representante legal de SiTEA, la abogada solicitó al fiscal de instrucción Flavio D’amore, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la Primera Circunscripción Judicial, “que se ordene la elevación de la causa a juicio”, en razón de la solidez de las pruebas que se han acumulado en numerosos cuerpos del expediente.
De acuerdo con Lavarello, “en esta investigación se encuentra suficientemente acreditado el hecho de que el imputado Roberto Macho, valiéndose de su carácter de secretario general del gremio ATE -Asociación Trabajadores del Estado-, indujo a error al Gobierno Provincial al denunciar falsamente, bajo declaración jurada presentada online con fecha 7 de septiembre de 2017, en la ficha de altas y bajas, la inclusión de un número ficticio de solicitudes de afiliación”.
Concretamente, ATE afilió a cientos de trabajadores y trabajadoras del Estado sin sus consentimientos. Maniobra que posteriormente, según lo denuncia la propia querella, le permitió al sindicato “invocar una falsa representación para poder negociar un acuerdo en mayoría -excluyendo a ATSA en realidad- y obtener un ingreso indebido, beneficiándose mediante la captación de las contribuciones solidarias de los afiliados y no afiliados, despojando a ATSA de estos montos que le correspondía percibir”.
Resultados del despojo
Las consecuencias de la estafa tienen dimensión económica comprobada en el expediente. La pericia final realizada por la contadora pública nacional María Elina Dueñas revela que ATE despojó $1.265.914 y que, tras el inicio de la causa penal, el sindicato solamente reintegró $417.348 a los engañados. En conclusión, al momento del informe técnico oficial Macho continuó siendo el principal responsable de la retención ilegal de $848.565, más los importantes intereses acumulados en un período de muy alta inflación.
El trabajo pericial de la contadora Dueñas, sobre una muestra de 366 víctimas, permitió demostrar que Macho, imputado cinco años después de iniciar su camino delictivo, “ha reintegrado sólo el 23% de los montos despojados y continua en el disfrute de los efectos de su delito con el 67% de los dineros mal habidos”, según consta en el archivo de la Unidad Fiscal.
Por su parte, un muestreo de la querella dio cuenta de que el 80% del monto que se sigue reteniendo corresponde a 75 perjudicados, que sufrieron descuentos no reintegrados, de entre $2100 y $4000. Por lo que SiTEA concluye “que el imputado ha simulado reintegrar algunos montos a muchos damnificados para mantenerse disfrutando de los resultados del delito en el monto mayor sobre una porción menor de víctimas”, y considera “que con este actuar doloso se trata de consolidar el resultado delictuoso y aparentar que se trató de un error -un gigantesco e inexplicable error-, para disimular que existe una maquinación fraudulenta fríamente concebida y ejecutada desde su inicio hasta el fin”.
De esto no se habla
En agosto pasado, el Ministerio Público Fiscal, conducido por el cornejista Alejandro Gullé, metió y sacó de la cárcel a Roberto Macho, bajo la acusación de sucesivos cortes de tránsito durante el desarrollo de un plan de lucha de las y los trabajadores estatales. Luego del montaje, el propio Alfredo Cornejo se jactó, en la señal de noticias porteña La Nación+, de la autoría política de la detención, con el objetivo de posicionarse en el extremo derecho –si fuese posible- de Juntos por el Cambio.
En paralelo, en el dilatado caso de las afiliaciones truchas al que se acumula la causa de las cuentas millonarias de Macho, donde las víctimas no son el tránsito vehicular sino cientos de trabajadores estatales estafados y empobrecidos, el jefe de la UCR mantiene un silencio muy parecido a la garantía de impunidad a cambio de voluntades.
