El gobierno de Cornejo anunció la construcción de una nueva cárcel en Lavalle sin consultar con la comunidad ni el municipio. Obviando una ordenanza departamental de 2003, el Ejecutivo provincial prioriza anuncios de prensa por sobre la autonomía de las comunas. “Pedimos escuelas para Lavalle y nos mandan cárceles”, se quejó el intendente Righi.
“No van a poder ingresar”, nos advierte un agente penitenciario detrás del portón de una de las entradas a la Colonia Penal “Vitale Nocera” de Gustavo André, en el departamento de Lavalle. Le explicamos que nuestra intención no es ingresar sino conocer el lugar donde se construirá la nueva cárcel, anunciada recientemente por el gobierno de Mendoza. El oficial nos señala el predio probable, un área destinada actualmente a las labores agrícolas de los internos que atraviesan la última etapa de su condena.
La Unidad N° 4 del sistema penitenciario mendocino abarca 94 hectáreas. En ese lugar, según declaraciones periodísticas realizadas por el ministro de Seguridad, se construirá una nueva dependencia correccional para “delincuentes primerizos”. Gianni Venier dejó transcender que el establecimiento alojará a 380 condenados por “delitos iniciales sin violencia y que tengan hasta tres años de prisión como máximo”.
Sin previo aviso
Si bien el Ejecutivo difundió que el llamado a licitación para la construcción del edificio será a la brevedad, la comunidad de Gustavo André desconoce los alcances de la iniciativa oficial. “Nadie nos ha avisado nada”, responde una de las vecinas de la colonia, quien muestra su sorpresa ante la consulta de este medio. “No me gustaría tener otro penal aquí, que ya no sería de gente que está por salir y que tiene buena conducta”, completa la señora detrás de un alambrado.
Unas diez familias viven en la zona lindera donde se presume que se edificará el nuevo penal. Desconocimiento, es la reacción generalizada de parte de los consultados por EL OTRO. “Me parece que tendrían que haber pedido la opinión de los vecinos”, reclama otra de las mujeres que accedió a conversar con este diario.
¿Insitucionalidad? Te la debo
El intendente de Lavalle expresó en las últimas semanas el mismo reclamo que la población de Gustavo André. No hubo información oficial alguna entre el gobierno provincial y el lavallino para comunicar los planes carcelarios del gobierno de Cambia Mendoza. La novedad de la inversión de $50 millones que implicaría este proyecto le llegó a Roberto Righi a través de los medios de comunicación. “Pedimos escuelas para Lavalle y nos mandan cárceles”, graficó el jefe comunal.
Desde la Municipalidad de Lavalle recordaron que existe una ordenanza de noviembre de 2003 que impide la construcción de cárceles en el territorio del departamento, si antes no media autorización de las autoridades comunales. “Prohíbase el emplazamiento o ampliación de Establecimientos Penitenciarios en el Departamento de Lavalle, sin el previo consentimiento del Municipio de Lavalle expresado en un Convenio Interjurisdiccional celebrado por el Departamento Ejecutivo y el organismo oficial competente, con aprobación del Honorable Concejo Deliberante…”, reza la primera parte del artículo 1 de la ordenanza 407/2003.
De acuerdo con la promesa del Ejecutivo, la convocatoria pública a constructoras interesadas en las obras se realizará en los próximos días. De cumplirse el anuncio periodístico, el gobierno provincial estaría dispuesto a ningunear al departamento de Lavalle y sentar otro grave precedente de prepotencia centralista.
No sería la primera vez que un conflicto de poderes de similares características tenga que ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia. En el año 2000, Lavalle resistió el avance inconsulto de la Provincia en la construcción del penal de Gustavo André y recién en 2005, previo un fallo de la Corte (Autos Nº 77.779), la cuestión se zanjó a través de un acuerdo. Coincidencias o no, Alfredo Cornejo, por entonces ministro de Justicia y Seguridad, tuvo que agachar la cabeza y obedecer a la Justicia.
López: sabe/no contesta
El justicialismo en la Legislatura ya pidió explicaciones sobre el anuncio del ministro Venier. La diputada provincial Carina Segovia presentó un pedido de informe para que el Ejecutivo dé precisiones sobre el proyecto de cárcel para Lavalle. “Yo no salí a repudiar ni a decir ‘me opongo’, porque quiero saber cómo es el proyecto de manera oficial y no por lo que dicen los medios”, expresó la legisladora en una entrevista con FM 89.1 de Lavalle.
En la vereda oficialista, el diputado provincial de la UCR Jorge López, uno de los impulsores locales de la “refuncionalización del penal de Gustavo André”, prefirió guardar silencio sobre el tema. EL OTRO llamó varias veces al teléfono personal del lavallino para conocer su punto de vista, e incluso dejó un mensaje en su WhatsApp. El legislador nos “clavó el visto”, aunque todavía no contesta.
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