En conferencia de prensa, Xumek y AJUS dieron detalles de la denuncia conjunta que presentaron ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El escrito, respaldado por prestigiosas organizaciones y referentes de Derechos Humanos, da cuenta de la existencia de un plan sistemático para someter la independencia del Poder Judicial mendocino, durante los gobiernos de Cornejo y Suarez. Detalles de represalias contra el fiscal que investigaba el origen de empresas de familiares del exgobernador.
Por Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez
La semana pasada, en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de Mendoza, la Asociación por la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek, y la organización Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada difundieron los detalles de la presentación conjunta realizada ante Diego García Sayán, relator especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas.
Nos presentamos “con el fin de poner en conocimiento la urgente preocupación por el debilitamiento de la calidad institucional del Poder Judicial en la República Argentina y los órganos constitucionales descentralizados encargados de la administración de justicia, y solicitamos su intervención en el marco de vuestras funciones”, señala el extenso y minucioso escrito. (Leelo completo aquí).
“Desarrollaremos aquí la degradación institucional del sistema judicial de la provincia de Mendoza –puntualiza la denuncia-, fruto de intromisiones indebidas, cuantiosas presiones e innumerables ataques a la justicia en su conjunto. Haremos referencia en forma detallada a constantes actos de intimidación y hostigamiento a magistradas y magistrados del Poder Judicial, persecución a abogados mendocinos, relaciones indebidas entre el Poder Ejecutivo y jueces del Superior Tribunal provincial, nombramientos irregulares de magistrados y magistradas, actuaciones de jueces y juezas que carecen de independencia e imparcialidad sometiendo al Poder Judicial mendocino a la voluntad del actual gobernador Rodolfo Suarez y su antecesor Alfredo Cornejo”.
Entre las maniobras de cooptación y disciplinamiento, los denunciantes destacaron:
-Designación de jueces funcionales al Poder Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
-Ataque a jueces de la Suprema Corte por resolución sobre prisión preventiva.
-Intento de ampliación de la Suprema Corte.
-Cuestionamiento por los sueldos de los funcionarios de la Suprema Corte.
-Cuestionada designación de María Teresa Day.
-Irregular elección del actual presidente del Superior Tribunal.
-El caso del “Ítem Aula”.
-El caso de la Organización Barrial “Túpac Amaru”
-El caso del Código Contravencional.
-El caso del “fracking”.
-El caso de la revisión técnica obligatoria
-Integración del Tribunal en Pleno por caso de Teresa Day.
La presentación impulsada por Xumek y AJUS contó con la adhesión de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asociación Civil Hijos e Hijas por la Verdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Liga Argentina por los Derechos Humanos (LAPDH); Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos la Matanza; Asociación Argentina de Juristas (AAJ).
“Los actos de intimidación al Poder Judicial mendocino, las relaciones de promiscuidad entre los miembros del Poder Ejecutivo local y miembros del Superior Tribunal, la persecución a quienes defienden a opositores políticos, como la presión que se ejerce a quienes no se someten a la voluntad del actual gobernador Rodolfo Suarez y su antecesor Alfredo Víctor Cornejo Neila (ambos del partido político “Cambiemos”), han socavado la independencia de este Poder del Estado, agraviando la posibilidad de actuación imparcial de sus órganos, de los magistrados y de los abogados”, señala enfáticamente uno de los párrafos destacados de la denuncia ante la Relatoría de la ONU.
Además de cuestionar el sistema de selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, desmenuzar casos paradigmáticos de intervención de los gobierno de Cambia Mendoza en la administración de Justicia, Xumek y AJUS hicieron foco en la obscena designación del procurador Alejandro Gullé, la crimininalización de la protesta social, la persecución a dirigentes opositores, el trato preferencial a funcionarios acusados de violencia de género, la persecución de magistrados, la estigmatización y ataques contra abogados, militantes y dirigentes de organizaciones sociales, y el desmantelamiento de la Comisión Provincial para Prevenir la Tortura.
Primero la familia
Entre los ejemplos de disciplinamiento de funcionarios judiciales merced a la influencia de Alfredo Cornejo, la denuncia hace mención al traslado del fiscal que investigaba el patrimonio de familiares de exgobernador. Información que tomó estado público a partir de investigaciones periodísticas de EL OTRO.
Señala textualmente el escrito:
En el expediente N° P-48121/20 “F. c/ CORNEJO, LAUTARO Y OTROS” que tramita en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, fue denunciado Lautaro Leandro Cornejo y Alba Lucía Panoccia, hijo y esposa, respectivamente, del ex Gobernador Alfredo Cornejo. En dicha denuncia, se señala específicamente que Lautaro Cornejo, de solo 20 años de edad, habría constituido una serie de sociedades anónimas, conjuntamente con notorios contratistas del estado provincial. Tal cual señala dicha denuncia, “…teniendo en cuenta el vínculo de los denunciados con el ex gobernador Alfredo Cornejo, el cual no tiene prácticamente bienes, hace suponer que puede existir algún tipo de maniobra con dinero sin justificación en el patrimonio de su familia, blanqueada a través de estas figuras societarias. Enriqueciéndose los mismos de manera posiblemente ilegal.”
El Jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Dr. Sebastián Capizzi, ante la consulta del Fiscal Santiago Garay, ordenó realizar la correspondiente investigación, solicitando informes y la realización de una pericia contable. Sin embargo, el expediente continuó sin movimientos, hasta que el mismo Dr. Capizzi ordenó confeccionar una serie de pedidos de informes respecto del estado de las sociedades anónimas constituidas por los denunciados. A raíz de esto, según fue publicado, el Procurador General Alejandro Gullé habría procedido a presionar al Fiscal Capicci bajo la amenaza de trasladarlo a la Ciudad de Tunuyán. Dicho traslado se concretó mediante Resolución 316, mediante la cual se designó a Javier Pascua, quien se desempeñaba en la Unidad Fiscal del Valle de Uco, como nuevo Jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, y se trasladó a Capizzi a la Unidad Fiscal del Valle de Uco.
Con fecha 2 de septiembre de 2021, el fiscal de la causa solicitó instrucciones particulares al nuevo Fiscal Jefe, a fin de obtener el archivo prematuro de la investigación, sin ordenar la pericia contable que había solicitado Capizzi: “De un análisis de la causa, advertirá Ud. que a fs. 75, su predecesor en el cargo, decretó que se procediera “..en forma inmediata a requerir toda la información necesaria a efectos de que se ordene al cuerpo de peritos contable la realización de una amplia pericia que permita confirmar o refutar las denuncias formuladas”. A mi humilde criterio, la realización de la pericia contable aparece -a estas alturas y con la amplia prueba colectada- como excesiva e innecesaria, SOLICÍTOLE imparta directivas particulares acerca de si corresponde la realización de la misma y en consecuencia, continuar con la instrucción de la presente causa colectando otras probanzas o por el contrario, decretar su archivo por no existir delito.”
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