Un alto funcionario del poder hegemónico ha sido condenado a dos años y medio de prisión en suspenso. Fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida. Además, deberá ser excluido de la matrícula como abogado. Es un gran logro. Quedan pendientes las políticas ausentes del Estado para prevenir y eliminar estas prácticas de violencia de género en el ámbito laboral, que afectan a las mujeres trabajadoras de nuestra provincia.
OPINIÓN | Por Alfredo Guevara
Como uno de los abogados querellantes, junto con la Dra. Julieta Nacif, cuando obtenemos una sentencia favorable a las demandas de justicia de las víctimas sentimos una gran alegría por el deber cumplido.
No se trata de un caso más, se trata de un caso emblemático donde se pone de manifiesto la violencia sexual contra mujeres trabajadoras, ejercida por Alejandro Jofré, subsecretario de Trabajo del gobierno de Alfredo Cornejo.
Se juzgaron las denuncias interpuestas por tres trabajadoras, cuyos testimonios fueron ratificados por diversos testigos. En el juicio se determinó el carácter sistemático y reiterado de los abusos sexuales.
Durante la audiencia, ante la declaración de una testigo, surgió una denuncia más contra el exfuncionario.
Se probó en el juicio que, pocos días antes de que las víctimas formularan la denuncia, se emitió un flash informativo de Canal 9 Mendoza, donde una mujer cuya identidad fue preservada manifestó ante las cámaras que el subsecretario de Trabajo abusaba de ella y de otras empleadas.
A pesar de los reclamos del movimiento de mujeres, y de las propias víctimas, Cornejo decidió mantener en el cargo a Jofré hasta que no fuera imputado, sometiendo a las denunciantes a situaciones de violencia y persecución, dada la relación de subordinación laboral con el abusador.
Está claro que ante un caso similar cualquier ciudadano debería ser imputado, o detenido en forma inmediata. No pasó lo mismo con el funcionario, que durante meses gozó de cobertura política y no fue imputado por el Ministerio Público Fiscal.
Hemos denunciado y documentado ante la Organización de las Naciones Unidas un plan sistemático de sometimiento de la independencia judicial en Mendoza, protagonizado por Cornejo.
Además, durante el juicio se puso en evidencia la censura gubernamental hacia los medios de comunicación, ya que el flash televisivo de Noticiero 9 anunciaba una noticia que nunca se desarrolló. Además, el canal no envió la copia de la pieza audiovisual al Tribunal y testigos relataron que se había impedido acceder a dicho material.
Pocos días antes de que se iniciara el juicio, el hoy senador nacional y candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, realizó declaraciones inaceptables, justificando y naturalizando los graves hechos por los que Jofré fue condenado, al tiempo que culpabilizó a las víctimas.
Durante el juicio, el fiscal solicitó solo una pena de seis meses de prisión en suspenso.
Nosotros, en representación de las víctimas, solicitamos una serie de medidas, rompiendo los esquemas del paradigma punitivista.
Solicitamos una condena de tres años en suspenso, porque, junto con las víctimas, no creemos que la prisionización sea la única respuesta del sistema de justicia penal.
Por eso solicitamos -y lo logramos- una pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, que establece el Código Penal, para el caso en que los delitos de abuso sexual sean cometidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Lo que no fue requerido por la Fiscalía.
Esto implica que Jofré no podrá seguir impartiendo cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y deberá actuar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados a los efectos de tratar el pedido de exclusión de la matrícula que se formulará, en caso de que no se actúe de oficio.
Finalmente, solicitamos que la condena estableciera el deber de que el Estado Provincial pidiera disculpas públicas a las víctimas, que tuvieron que transitar situaciones de persecución laboral, y esperar seis años para llegar a juicio, y el deber del Estado provincial de sancionar un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito laboral, en todas las dependencias públicas.
Estas reparaciones de carácter simbólico no fueron aceptadas por el Tribunal, pero son sumamente importantes para aportar otra perspectiva de actuación reparadora de la Justicia, que obligue al Estado a cumplir con los deberes de prevenir, y no solo sancionar e investigar la violencia de género, tal como surge de diversos tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional.
