De acuerdo con información oficial, documentación y testimonios recabados por EL OTRO, funcionarios judiciales, junto a uniformados de la Policía de Mendoza y topadoras y camiones de la Municipalidad de Luján de Cuyo, expulsarán de sus casas, hoy a las 9 de la mañana, a trabajadores, trabajadoras, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades que residen precariamente en un proyecto comunitario de Villa El Mesón, integrado por 200 familias desplazadas hace 25 años por las obras del Dique Potrerillos. “Nosotros declaramos públicamente que no somos usurpadores”, señalaron con énfasis e hicieron “un llamamiento presencial a la comunidad en defensa de nuestros derechos humanos”. Mientras el gobernador Rodolfo Suarez y el intendente Sebastián Bragagnolo promueven el desalojo por la fuerza, no garantizan el derecho a la vivienda de sus gobernados.
Por Negro Nasif
“Desde la cúpula de la Policía de Mendoza bajaron ayer la orden de movilizar agentes para un desalojo que se va a hacer hoy a las 9 de la mañana, en la Villa El Mesón de Potrerillos”, aseguró esta madrugada a EL OTRO un funcionario del Ministerio de Seguridad.
La confirmación de esta persona, quien pidió estricta reserva de su identidad, llegó luego de que este medio recibiera distintas versiones provenientes de Luján de Cuyo, que daban cuenta del inminente operativo en esta zona donde 200 familias, todos hijos de tercera y cuarta generación de pobladores del lugar, llevan adelante un proyecto de vivienda en 20 hectáreas de tierras fiscales, luego de ser desplazados por la construcción del Dique Potrerillos.
Mediante el Decreto 1450 del 16 de noviembre de 2020, el gobernador Rodolfo Suarez decidió que el Gobierno de Mendoza se constituya como querellante particular, para darle respaldo al proceso penal impulsado por la fiscal Gabriela García Cobos.
Estado penal
De acuerdo con documentación del Ministerio Público Fiscal a la que accedió este diario, el desalojo se daría en el marco del Expediente P-71.157/20/29, caratulado “Fc. p/Usurpación”, que se tramita ante la Unidad Fiscal Correccional, Fiscalía de Instrucción 33, a cargo de Gabriela García Cobos, la misma fiscal que justificó la criminalización de la protesta social durante el gobierno de Cornejo, y que promovió el escandaloso desafuero del senador opositor Marcelo Romano fogoneado personalmente por el presidente de la UCR.
Pese a que esta información no pudo ser confirmada, debido a la obvia reserva que amerita una medida judicial que suele basar su “éxito” en la confidencialidad y el efecto sorpresa, hay precedentes judiciales que, junto con el resto de la información recabada, abonan la hipótesis.
Tal como consta en los registros policiales chequeados por EL OTRO, el 23 de octubre del año pasado, el inspector Villalobos de la Comisaría 53° de Potrerillos recibió la orden de la Fiscalía de García Cobos para “individualizar a todos los ocupantes de la propiedad ubicada en el sector que popularmente se denomina El Mesón, al norte de la Ruta Provincial N° 89, dentro del denominado triángulo fiscal del Perilago de Potrerillos, cerca del arroyo El Salto y de la planta potabilizadora de Aysam”, haciendo “especial mención de las edades de los menores (en caso de residir en el lugar).
En la orden de ejecución de la medida judicial, que incluyó copias de los planos del terreno, se les pidió especialmente a los agentes de seguridad que practicaran una “encuesta ambiental” y una “inspección ocular debiendo describir el estado actual del terreno”. Medidas preparatorias del desalojo.
Por otra parte, una funcionaria de la Municipalidad de Luján de Cuyo brindó a este medio -en off the record- precisiones de la participación de la comuna que dirige Sebastián Bragnolo en el desalojo de familias de El Mesón, entre los que se encuentran niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades. Si tomamos en cuenta el violento operativo que recientemente se realizó en la vera del Río Blanco, un paraje cordillerano cercano, se prevé que participen en la expulsión de las familias una media docena de agentes policiales de la Comisaría 53°, apoyados por oficiales trasladados especialmente hasta allí, Infantería incluida. Por su parte, la Municipalidad de Luján ya tiene dispuestas topadoras para realizar el derribo de construcciones y camiones para trasladar los muebles y pertenencias de los desalojados a un sitio aún incierto. “Los funcionarios municipales suelen comunicar la orden a la gente, generalmente no llevan identificaciones, y les dan 15 minutos para que se vayan, antes de que se actúe por la fuerza”, manifestó la fuente a este medio.
Comunicado de Villa El Mesón
En horas de la madrugada de hoy, ante la amenaza concreta del despojo de sus lotes y viviendas, las y los titulares de la obra comunitaria difundieron un comunicado a través de redes sociales, en el que contextualizaron la avanzada judicial en un territorio donde no se priorizan los derechos de las y los ciudadanos sino los negocios de empresarios que pretende controlar las codiciadas tierras, con la indispensable colaboración de funcionarios de los tres poderes del Estado.
“Las familias que habitamos la villa El Mesón Potrerillos, y las 200 familias que están dentro del proyecto, hacemos un llamamiento a la solidaridad. En el año 2015 los pobladores, tercera y cuarta generación de colonos, nacidos y criados, y pobladores de bajos recursos presentamos un proyecto comunitario a ordenamiento territorial de la Provincia, donde se solicita el acceso a tierras fiscales conocidas como Villa el Mesón. Para responder a la necesidad habitacional de generaciones que quedaron sin techo hace 25 años, cuando ubicaron a la poblada que vivía a la vera del Río Mendoza en la Villa Potrerillos”.
“Nosotros declaramos públicamente que NO SOMOS USURPADORES, tenemos un proyecto con número de expediente, presentado en el marco legal hace 6 años. En este proyecto, el municipio de Lujan de Cuyo fue parte. Firmas de puño y letra de funcionarios del municipio, en el año 2015, viabilizaron dicho proyecto. El Estado no puede desconocer lo que ya reconoció”.
“En el día de ayer, hemos sido informados de que el día viernes 19 de marzo habrá un desalojo en nuestro barrio. Este sería un procedimiento ilegal, ya que no hay iniciada ninguna instancia judicial al respecto. Hacemos un llamamiento presencial a la comunidad en defensa de nuestros derechos humanos. No pedimos que nos regalen nada, pero que nos den la posibilidad de pagar dignamente nuestra vivienda. Vivimos sin luz y sin agua hace 6 años. Somos trabajadores. Familias, niños y mujeres. No merecemos el atropello del desalojo. Hacemos responsable al Estado de las consecuencias de sus actos y atropellos”.
Malargüe, las tierras de los crianceros y la pereza política
