Luego de que el jueves pasado un jurado popular se declarara “estancado” al no lograr unanimidad en su fallo, Héctor Díaz Tejera quedó en libertad por el crimen de Gisela Gutiérrez, gozando así de total impunidad. Horas más tarde, María Elena Alcaya, hermana de la víctima, manifestó por redes sociales: “Fue femicidio. Prometo no bajar los brazos. A cuidarse y a cuidar a nuestras hijas, vecinas y vecinos, hoy hay un femicida suelto en el barrio La Favorita”. Gisela tenía 25 años cuando la desaparecieron y fue vista por última vez en el barrio La Favorita el 19 de julio de 2015. La joven madre de tres hijes había resultado embarazada producto de una violación que se animó a denunciar. Díaz Tejera era el principal acusado y estaba detenido por homicidio, obviando así los agravantes por razones de género.
Por Milagritos Contreras
Pasadas las 20 horas del jueves 3 de noviembre, un jurado popular absolvió a Héctor Díaz Tejera, alias Negrucho, acusado del crimen de Gisela Gutiérrez. Si bien este último fue detenido el 18 de noviembre de 2020 y un mes después se le dictó prisión preventiva por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, con él fueron imputados por “encubrimiento agravado” los hermanos Marcos y Daniel Quiroga. Aunque quien llega finalmente a juicio fuera Díaz Tejera, quedó en libertad la semana pasada luego de que el jurado no se pusiera de acuerdo en su decisión final y se declarara “estancado”. Pese a esto, el juez técnico Aníbal Crivelli le había dado la palabra al Ministerio Público Fiscal para que insista o no en la investigación contra Díaz, pero el jefe de fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, desistió en seguir con el proceso.
“Fue femicidio”
Ante el lamentable fallo de la Justicia, María Elena Alcaya, hermana de Gisela Gutiérrez, hizo público -en su cuenta personal de Facebook- su posición sobre lo acontecido: “El femicida de Gisela Gutiérrez quedó en libertad porque no se logró unanimidad en el fallo del jurado popular, lo cual quiere decir que si uno no está de acuerdo significa la libertad para el femicida, eso sucedió en este caso. Vale la pena mencionar que los jurados populares son ciudadanos comunes que el Estado mendocino elige, sin tener una capacitación previa mínimamente en perspectiva de género o Ley Micaela. Entonces no estamos hablando de inocencia, sí estamos hablando de una falta de conciencia social en las/los ciudadanos de esta Mendoza que permite que asesinos caminen impunemente por las calles, corriendo el riesgo de que vuelvan a matar porque, según creen, cometieron un crimen perfecto. A cuidarse y a cuidar a nuestras hijas, vecinas y vecinos. Hoy hay un femicida suelto en el barrio La Favorita”.
Posteriormente también declaró en una entrevista brindada a la prensa local, “que si bien están muy tristes con este dictamen, sobre todo la madre y los hijos de Gisela, no van a dejar de luchar e irán en busca de la verdad para que Gisela tenga Justicia”.
En una entrevista realizada por EL OTRO en julio del año pasado, tras cumplirse seis años de la desaparición de Gisela Gutiérrez, María Elena afirmó que en su momento el fiscal Carlos Torres, quien estuvo a cargo de la causa, les había brindado detalles clave de la investigación, pero que incluso se había negado al cambio de carátula, porque ella consideraba que la calificación de homicidio era injusta e insuficiente tratándose de un crimen como el de su hermana: “En noviembre del año pasado (por el año 2020) nos citó a mi madre y a mí para comunicarnos que, efectivamente, había comprobado que mi hermana estaba muerta y que tenían un detenido en la causa. A éste lo habrían aprehendido a través de una declaración de una testigo o un testigo de identidad reservada, que declara que ‘tal día en la noche, el ahora detenido, habría intentado violar a Gisela, ella se habría resistido, y él le habría dado un tiro en la cabeza que acabó con su vida’. El fiscal Carlos Torres califica a la causa como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Mi reclamo hacia el Gobierno provincial, hacia la Justicia, es el cambio de calificación. Le exigimos a la Justicia que califique la causa como femicidio, porque a Gisela la matan por no dejarse abusar. Sin embargo, ante este pedido que presentó el doctor Fernando Peñaloza, el fiscal no hizo lugar al cambio de calificación”.
“No estamos de acuerdo con la decisión del jurado”
Mientras que en el cierre de los alegatos la Fiscalía había solicitado un veredicto por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, la querella lo hacía por “femicidio”, contemplando la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pese a las evidencias presentadas por la Fiscalía de Homicidios, lxs miembros del jurado sostuvieron que fueron insuficientes y por ello no llegaron a una decisión unánime.
Sin embargo, la querella, representada por el estudio jurídico del doctor Fernando Peñaloza y Asociados, rechazó categóricamente el argumento del jurado popular cuando menciona “la falta de pruebas” para llegar al veredicto de culpabilidad.
En diálogo con EL OTRO, Natalia Lorenzo, abogada querellante en el juicio de Gisela Gutiérrez, se refirió a las repercusiones que pueden derivarse de la impunidad del caso: “Nosotros como parte querellante -previo a hablar con la familia de Gisela- aceptamos y fuimos respetuosos de la decisión del jurado, pero no estamos de acuerdo, porque entendemos que sí había prueba suficiente para llegar al veredicto de culpabilidad”.
“Entendemos que el jurado optó por la opción que también habíamos adelantado, que podía pasar en los alegatos de apertura, la cual es que casos como este puedan quedar impunes, porque claramente lo que impidió llegar a la seguridad del jurado para considerarlo culpable es el hecho de que no se hallara el cuerpo. En pocas palabras, el mensaje que le das a la sociedad es que si matás a una mujer y desapareces el cuerpo, es el crimen perfecto”, aseveró la letrada en referencia a este y otros tantos casos donde la violencia patriarcal se vale de distintas estrategias para evadir la responsabilidad penal.
El debate arrancó el pasado 31 de octubre, cuando la familia de Gisela llegó al Polo Judicial con la gran esperanza de que salga a la luz la verdad y se logre justicia por el crimen de la joven. Sin embargo, una vez más la (in)Justicia mendocina dejó en evidencia la incapacidad de resolución para ésta y otras tantas causas donde la perspectiva de género sigue siendo materia pendiente y, como consecuencia, hay quienes caminan libres por la calle gozando de total impunidad.
