En pocas horas, más de 50 viviendas precarias de un asentamiento de Maipú quedaron reducidas a montones de escombros, maderas, chapas y nylon. El fiscal provincial Gustavo Fehlmann encabezó este jueves un impresionante operativo de desalojo en el que se vulneraron derechos esenciales de decenas de niños, niñas y adolescentes. “Patearon puertas, no les importó nada”. “Las tiraron a las casas con todo, con los muebles adentro, con las camas, ropa…”, relataron las vecinas a EL OTRO y denunciaron maltratos por parte de la policía que incluyeron golpes a mujeres con niños en brazos.

Fotos y videos: El Otro Diario

Es imposible dimensionar cuántas secuelas dejará en un niño excluido y vulnerado la destrucción completa de su casa en tan solo unas horas, luego de una violenta irrupción de una tropa de Infantería fuertemente armada, mientras sobrevolaba un helicóptero de las fuerzas de seguridad.

También es muy  difícil comprender cuánta insensibilidad deben tener los funcionarios al mando de un operativo para derribar puertas a las ocho de la mañana cuando los pibes duermen, para luego sacarlos al frío –muy frío- de un descampado desde donde observarán y sentirán que lo poco y único que tenían es arrastrado por topadoras hasta dejar la tierra arrasada de sus presencias humanas.

 

Es legal, justificarán quienes ponen el derecho de propiedad privada por sobre el resto de los valores sociales. Será legítimo para el “orden” expulsar a quienes ocupaban terrenos sin poseer los títulos de propiedad, aunque resulte complejo comprender que sea justo que la misma Justicia y el gobierno que los expulsa sea incapaz de garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna, sin poder soslayar que lo hacen en medio de una grave crisis económica y social, provocada por ellos mismos, y que día a día excluye todavía más, empobrece sin pausa y deja a incontables personas por día sin trabajo.

Gustavo Fehlmann, fiscal provincial a cargo del operativo de desalojo de las más de 50 familias del asentamiento Néstor Kirchner, es la persona indicada para explicar lo que resulta difícil de comprender. Sin embargo, el funcionario se negó a brindar información a EL OTRO en la tarde ayer, cuando este medio concurrió al lugar para conocer de primera mano los hechos. “Tendría que dar alguna respuesta, porque usted es un funcionario público”, le planteó un cronista de este medio, pero Fehlmann, cubierto por un gorro negro y lentes oscuros, se limitó a identificarse y guardar silencio, en tanto que un grupo de vecinas le reclamaba sin éxito que exhibiera la orden judicial.

Fiscal Gustavo Fehlmann.

 

“Estábamos durmiendo con mi hija y escucho los gritos que estaba Infantería, que estaban las máquinas, nos despertamos todos asustados…”, comenzó narrando una de las vecinas a este diario, pero fue interrumpida por otras mujeres que con ansiedad deseaban también contar lo que no podían explicarse: “Patearon puertas, no les importó nada”. “Las tiraron a las casas con todo, con los muebles adentro, con las camas, ropa…”. “Esa casa (señala una derrumbada), si usted ve, está la heladera, la cama de los niños, la ropa”. “A la primera chica le tiraron la casa con el documento, el DNI de las hijas, no les importó nada”.

Las vecinas denunciaron que la policía se llevó detenidas a habitantes del asentamiento y que “golpearon a dos mujeres con los niños en los brazos, porque se pusieron en la puerta, porque no tenían a sus maridos”. Esta información fue confirmada horas más tarde por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional. La Correpi difundió que “se llevaron detenidos a la Comisaría 29 de Gutiérrez, Maipú, al menos a 10 personas: Alejandro Paredes, Leonardo Emanuel Escalante, Maximiliano Miño, Cristian Arévalo y otros”.

 

La medida judicial fue sin aviso previo. La policía irrumpió y sin más comenzó a ordenar a las familias que abandonaran las casas e inmediatamente las topadoras continuaron con las tareas de derribo de las construcciones y “limpieza” del terreno. Obviando previsiones básicas de un desalojo de estas características, los funcionarios no abrieron la posibilidad de diálogo y negociación para llevar a cabo las acciones, ni estuvieron a disposición profesionales suficientes ni capacitados, previstos en la legislación, para asistir a las niñas, niños y adolescentes, algunos de ellos con discapacidades que fueron alzados desde sus habitaciones en sillas y puestos sin ningún tipo de cuidado en baldíos contiguos.

“No se presentó ni Derechos Humanos ni nada, solamente la Municipalidad (de Maipú) con las asistentes sociales para darnos una ayuda que no tienen”, se quejó una madre. Por su parte, una funcionaria del municipio, quien no se identificó, confirmó a EL OTRO que la comuna había tomado conocimiento del desalojo 36 horas antes de que se produjera. “La Justicia nos pidió que acompañáramos en este procedimiento, facilitándoles a las familias ayudas para desocupar el lugar”, manifestó la mujer y especificó que esas “ayudas” consistieron “en el traslado de las pertenencias, principalmente, para su relocalización dentro de sus redes familiares. Nosotros a la gente de Maipú podríamos darle asistencia en cuanto a subsidios o materiales de construcción”.

 

 

La resolución judicial se centró en la desocupación del inmueble pero incurrió en importantes deficiencias respecto al trato digno que debían recibir las personas que lo habitaban, tales como la falta de comunicación previa con los vecinos para darles un plazo preciso de desalojo, el ingreso por la fuerza a la intimidad de las casas cuando muchos estaban durmiendo, los golpes a personas, la falta de tiempo y espacio para organizar la evacuación de las niñas, niños y adolescentes, la destrucción innecesaria de pertenencias de los habitantes y la inexistencia de un plan de contingencias que mitigue o resuelva la situación social de los desalojados, sobre todo los más vulnerables.

Solo cuatro familias tenían como domicilio declarado en el DNI alguna localidad de Maipú. Ellas fueron asistidas por el municipio, mientras que el resto, que han migrado en el último tiempo desde Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén, no recibieron ningún tipo de asistencia social y quedaron literalmente en la calle. Desde el asentamiento se comunicaron telefónicamente con el director de Contingencias del gobierno provincial, Alejandro Verón, para reclamar ayuda, pero el funcionario manifestó que “no iba a ir”. “Su secretario nos gritó y nos cortó el teléfono”, señaló una vecina a este diario.

 

 

“Tenemos tres niños pero no tenemos donde ir. Somos una pareja joven que trabajamos, que tenemos ganas de seguir adelante, no somos delincuentes, no andamos robando, mi marido no sale a robar para darnos de comer”, nos dice una mujer junto a su esposo mientras la topadora convierte en escombros la casa familiar que levantaron con sus manos. Porque además de padecer la exclusión y la discriminación de quienes no viven su realidad, los habitantes de los asentamientos, villas y barrios pobres de Mendoza, parecen estar obligados a demostrar su inocencia a parte de una sociedad y un gobierno que se lavan las manos y sentencian lo contrario.

 

 

 

Luján: Amenazas para desalojar El Bajo