A 9 años de la histórica primera marcha, el colectivo feminista Ni Una Menos Mendoza se manifestó por las calles de Capital. El documento completo de la organización. 

Fotos: Coco Yañez

Hace 9 años, un 11 de mayo, nos despertábamos con la noticia del femicidio del día… ese femicidio diario que la sociedad recibe con una naturalidad dolorosa.

Habían matado a Chiara, una adolescente embarazada a quien su novio había golpeado y enterrado en el patio familiar donde al día siguiente comían tranquilos un asado.

Muchas circunstancias confluyeron para que la convocatoria de un grupo de periodistas feministas encendiera la llama en todo el país, y confluyéramos en la calle al grito de “Ni Una Menos”, el 3 de junio de 2015, hartas de ser descartadas sin que el Estado implementase políticas públicas para prevenir la violencia.

Sabemos sin embargo que nuestra realidad, a 9 años de ese primer grito de Ni Una Menos, poco ha cambiado. Sabemos que las cifras de la violencia contra mujeres, lesbianas y disidencias sexo-genéricas, siguen siendo alarmantes.

La cifra es un golpe difícil de asimilar: 2544 femicidios desde aquel 2015. 2544 que hoy nos faltan, no son un número.

Sabemos que, en momentos de crisis, nuestras conquistas y derechos son las primeras que se ponen en juego como moneda de cambio; y que este sistema capitalista, extractivista y expoliador de nuestros cuerpos y tierra, patriarcal y represor, siente desprecio por nuestra lucha.

Nuestras banderas siguen siendo, en el mejor de los casos, un slogan con el que muchos y muchas se lavan la cara. Y en el peor, el blanco contra el cuál apuntar su odio.

El actual Gobierno Nacional, con el presidente como su principal exponente, es la muestra más cabal del mismo. No deja de asombrarnos como se ha naturalizado desde el poder, la habilitación a discursos de odio que lejos están de ser inofensivos. Este relato en contra de nuestros derechos ha generado un ejército de personas que, sin dudarlo, nos han hecho el blanco de su militancia machista, misógina, homo y lesbo odiante; y que lejos de quedar en su verborragia anti derechos han pasado a la acción, poniéndonos en peligro como personas descartables.

El deseo de gran parte de aquellos que esgrimen estos discursos, como en los peores momentos de crisis democrática en el mundo entero, es el exterminio de todos aquellos colectivos que no encajan en sus normas del poder.

El 6 de mayo de este año, en Barracas, Buenos Aires, se materializaba el odio, la crisis, y la habilitación del poder, en uno de los crímenes de odio más aberrantes que recordaremos: el lesbicidio de Pamela Cobos, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, a manos de Justo Fernando Barrientos.

Las prendieron fuego. Las quemaron por lesbianas. Ellas vivían hacinadas en una pensión, atravesadas por una profunda crisis económica.

Ante este crimen, debimos escuchar el discurso negacionista, del vocero presidencial Adorni, quien con su habitual ignorancia y falta de la más mínima empatía sostuvo: “No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo”, “es injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa”, agregando: “Está mal, sea a quien sea”.

Nos vemos nuevamente en el lugar de hacer pedagogía, y decirles a estos varones, adultos, blancos, propietarios, y a la sociedad entera, que está mal, sea quien sea; pero que no es casual que siempre seamos mujeres y disidencias. A Pepa Gaitán, a Micaela Morales, a Verónica Dessio y a Marcela Crelz también las mataron por lesbianas. A Higui la imputaron por defenderse de una violación “correctiva”. A María Solange y a María Rico las detienen por ser visiblemente lesbianas. Sofía Castro y Marta Selaya son sobrevivientes de intentos de lesbicidio. Pierina Nochetti, lesbiana visible, perseguida y hostigada, acusada sin pruebas de pintar un mural con la consigna “¿Dónde está Tehuel?”, pregunta que nos seguimos haciendo. Tehuel, un chico trans que salió de su casa a buscar trabajo en 2020 y desapareció. Aún hoy seguimos sin respuestas sobre su desaparición.

Deberíamos explicarle a Adorni, ya que no tiene reparo en esgrimir su ignorancia a diario sobre la mayoría de los temas de los que habla, sin sonrojarse, que de este tema tampoco sabe. Lo contrario supondría tener la certeza de que sus palabras no son más que una muestra de la violencia de género que pareciera considerar tener habilitada. No vamos a dar ni un paso atrás. Al clóset y a la hoguera no volvemos nunca más. 

Las cifras de la violencia

Deberíamos explicarle al vocero, al presidente y a cada funcionaria y funcionario que lo acompañan, que el año pasado ocurrieron en la Argentina 133 crímenes de odio, en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas.

En el 2023, se reportaron ¡250 femicidios!

La cifra del último Informe Anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Lgbt+ motivados por discriminación, por orientación sexual, expresión e identidad de género, revela una tendencia preocupante respecto de años anteriores: hubo 120 crímenes en 2021 y 129 en 2022.

Por su parte, según las cifras de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año pasado, en la actualización del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) correspondiente al 2022, se registraron 252 víctimas letales de violencia de género. Las víctimas directas de femicidio fueron 226 (219 mujeres cis y 7 mujeres trans/travestis), es decir 1 víctima directa cada 39 horas.

Al menos 26 fueron femicidios vinculados (20 varones cis y 6 mujeres cis), con un promedio de 1 víctima cada 35 horas, si se incluyen víctimas directas y de femicidios vinculados.

Insistiremos hasta el hartazgo, que el lugar más peligroso para nosotres es nuestro hogar. ¡No somos un número más en el marco de la inseguridad!

Esto lo demuestra el hecho de que en casi en el 90% de los casos las víctimas tenían vínculo previo con el agresor: 59% eran pareja, expareja o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; 13% eran familiares y 16% tenían otro tipo de vínculo. Entre quienes se conocían, el 42% convivía al momento del hecho. ¡Solo el 5% eran desconocidos!

Entonces le preguntamos al Sr. Adorni: ¿Cómo pueden ser nuestras muertes una cifra más en el marco de la inseguridad?

Confundir y solapar una de las manifestaciones más aberrantes de la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres y disidencias sexo genéricas, no es más que una nueva forma de discriminación y odio a las que nos tiene acostumbrades este gobierno.

Nos matan, por ser mujeres, por lesbianas, por trans. Los crímenes de odio son un hecho político, que en la Argentina de Milei y Cornejo se inscriben en el marco institucional que hace del odio el abandono y el descarte una política de gobierno.

Pero también sabemos que es precisamente la conciencia de esto, lo que nos hace tener cada vez más empatía ser, marea y fuerza colectiva.

Lo que lejos de derrotarnos nos impulsa a seguir ahí en los barrios, en las escuelas, en los comedores populares, en cada institución de la que formamos parte, como garantes incómodas de cada una de las conquistas que ganamos a fuerza de lucha y quebrando con la naturalización de la crueldad con que este sistema nos desea descartables.

¡Hoy marchamos para exigir nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias!

¡Hoy marchamos, exigiendo justicia con perspectiva de género y derechos humanos!

¡Porque Ni Una Menos es un grito de hartazgo, pero que también tiene la certeza de ser un movimiento político!

El Estado es responsable

En la Provincia de la desidia, los salarios de hambre y la precarización, el abordaje de la violencia de género es inexistente, evidenciando que nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias no se encuentra entre las prioridades de un Gobierno Provincial que, lejos de enfrentar el problema, tiene referentes y candidatos que destilan su odio hacia nosotras en cada oportunidad posible.

Hace nueve años, como en un eco que no para de repetirse, seguimos reclamando por el presupuesto anual inexistente destinado a esta problemática, que en este 2024 contempla la irrisoria suma de 287.484.187 pesos anuales, es decir, ¡el 0,01% del presupuesto total provincial!

Los Estados nacional y provincial nos abandonan a nuestra suerte frente a la violencia. En la actualidad, los dispositivos que supuestamente funcionan como refugio se desentienden cuando desde las organizaciones sociales llamamos para el abordaje de casos en los que se ponen en peligro nuestras vidas, quedando libradas de manera absoluta a las redes que podemos tejer entre nosotras y nosotres. Los pocos proyectos que con esfuerzo propio sostienen algunas organizaciones sociales, solo encuentran el eco del silencio ante un Gobierno Provincial que no duda en castigarnos con sus sueldos de indigencia, descuentos frente a nuestros reclamos, e ítems aula que no hacen más que perpetuar la estigmatización que nos pone enfrente de la vereda de la “gente de bien”.

A esta situación debemos sumar la suspensión por parte de Nación de todo tipo de programas, como el Acompañar, y el cierre y vaciamiento de todos los organismos relacionados con este tema, como el Ministerio de la mujer, géneros y diversidad.

Exigimos la aplicación efectiva y eficiente de la Ley 27.499 “Ley Micaela”, en Mendoza, recordando el terrible femicidio de Florencia Romano, un crimen que pudo evitarse con la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de violencia de género.

En el país de la habilitación de los discursos de odio, sostenidos por Milei y Bullrich en Nación y Cornejo en Mendoza, el crecimiento de la demagogia punitivista que propone el endurecimiento de las penas, y la baja de la edad de imputabilidad, agravan nuestra situación, eludiendo las políticas públicas integrales de prevención que necesitamos, en pos de recetas que llegan cuando ya es tarde.

No vamos a permitir, que usen nuestras muertes como coartadas justificadoras de la represión y la violencia institucional. Ante cada femicidio, lesbicidio, y otros crímenes de odio, vamos a seguir sosteniendo: ¡el Estado es responsable!

Violencia económica y precarización laboral, científica y cultural

¡Decimos no a la Ley Bases y las reformas de Milei!

Después del fracaso de la Ley ómnibus, el gobierno pretende sancionar la Ley Bases, un nuevo intento de reformas estructurales dirigidas en contra del conjunto del pueblo y sus derechos, y en beneficio de grandes grupos empresarios.

Esta norma es un verdadero ataque a los sectores populares, particularmente para mujeres y disidencias. Obliga a trabajadoras embarazadas a cumplir funciones hasta 10 días antes de parir e incluso podrían ser despedidas por ese motivo, vulnerando derechos laborales conquistados y de protección de la maternidad, conquistados hace décadas.

Las indemnizaciones por trabajo doméstico, un ámbito que sabemos feminizado, también se encuentran en riesgo.

Del millón 200 mil monotributistas sociales, más de la mitad son mujeres. La Ley Bases eleva los montos a cifras que este sector no puede afrontar, lo que empujará a este sector a la más profunda informalidad. Hablamos de quienes trabajan en fábricas recuperadas, que cocinan en comedores populares, las y les más precaries, dejándoles sin acceso a la salud, a ellas y a sus hijes.

Cada vez es más notorio el aumento del desempleo junto con la precarización laboral y los sueldos por debajo de la línea de pobreza, llevando a las mujeres a buscar alternativas en la economía popular, saliendo a las calles y apoyándose unas con otras en las ferias populares. Si bien esta modalidad surgió en el penoso año 2001, ha resurgido como resultado de la emergencia económica a la que nos han llevado el presidente Milei y el gobernador Cornejo con sus políticas económicas.

El desfinanciamiento en al área de cultura es inédito en la historia.

La persecución y despido de trabajadoras de prensa no cesa, Radio Nacional se encuentra a punto de dejar sus trasmisiones. Con el cierre de Télam, el cerco mediático avanza. En Mendoza, debemos sumar al Canal Acequia. Se silencian las voces disidentes, y se muestra una única verdad, un discurso de odio contra todo lo que no cumpla con la heteronorma blanca, colonial y capitalista.

En los casos en que todavía no los han cerrado, la estrategia es el desfinanciamiento de Organismos e Institutos que hoy se encuentran paralizados. Es el caso del CONICET, el INTI, el INCA, el Banco Nacional de Bancos Genéticos y otros tantos organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la cultura.

Luchamos para que dejen de desfinanciar puntos de cultura, para que no cierren el cine nacional argentino, nuestra danza, nuestra literatura, nuestro arte , en definitiva para que se reconozca la diversidad y amplitud de nuestra identidad.

Nos atacan porque saben que saldremos a defender nuestras conquistas sin tregua, como lo hicimos siendo marea.

Hoy decimos ¡no a la Ley Bases! ¡Si tocan a una, nos tocan a todas y todes!

Violencia económica contra jubiladas y moratoria

Desde la llegada de Milei al gobierno el empobrecimiento de les jubilades tampoco cesa, y el deterioro económico impacta aún más en mujeres y diversidades.

A pesar de que el Estado Argentino ratificó su compromiso de garantizar la protección y el reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, mediante la Ley 27.630/17, las políticas llevadas adelante por el gobierno de Milei son las más perjudiciales para las mujeres mayores y les adultes mayores de la diversidad, quienes ya sufren discriminación y desigualdad a lo largo de sus vidas, que se refuerzan en la etapa de la vejez.

Sin consideración, el gobierno actual vulnera los derechos adquiridos con terribles medidas implementadas por decreto, a las que se suma la pretensión de aprobación de propuestas aún más destructivas de los derechos conquistados, desde la Ley Bases.

Las mujeres y les mayores están sufriendo la destrucción de sus condiciones de vida, cuando el Presidente Milei congela sus jubilaciones para lograr un ficticio déficit cero, a costa de jubilaciones de miseria e imposibilidad de acceder a la salud y medicamentos, entre otros derechos.

No nos vamos a cansar de denunciar que cuando la Ley Bases propone el no reconocimiento de las tareas de cuidado y el desconocimiento del trabajo precario, afecta de manera directa la posibilidad de adultas y adultes mayores, impidiéndoles acogerse a moratorias que les permitan acceder a la jubilación.

La aprobación de esta perversa ley ocasionará que 9 de cada 10 mujeres no puedan jubilarse. Pretende elevar la edad de jubilación de las mujeres a los 65 años y al no contar con 30 años de aportes, cobrarán menos de lo que les corresponde con la moratoria.

Con esta ley, muchas pensiones reconocidas en la actualidad también se encuentran en riesgo.

Por lo dicho, nos oponemos rotundamente a la aprobación de la Ley Bases y pedimos a nuestros senadores y senadoras que consideren los perjuicios que crearán en la sociedad, particularmente en los sectores más vulnerables, si este proyecto es aprobado.

¡No somos la casta! ¡Basta de motosierra y licuadora!

Educación

Nuestras escuelas y universidades no están exentas de la situación general que venimos describiendo: más de la mitad de les trabajadores docentes se encuentran hoy por debajo de la línea de la pobreza, lo que impacta especialmente en los cargos a los que acceden mayoritariamente las mujeres, profundizando la brecha salarial en el mundo del trabajo docente. Además de la pérdida salarial general, el recorte en el FONID amplía esta pérdida para la docencia preuniversitaria. Mendoza tiene el triste privilegio de encontrarse entre las provincias con peores salarios del país.

A los recortes de Milei al 90% del presupuesto universitario destinado a los salarios de docentes y no docentes, se suman las dificultades que padecen las familias de quienes estudian en nuestras universidades: recortes en las becas, salarios que no alcanzan, jubilaciones congeladas, son solo algunas de las múltiples consecuencias que hacen que las familias trabajadoras que se esfuerzan por llegar a la universidad pública, no puedan continuar sus estudios.

Contra la política de crueldad que azota al modelo educativo argentino, le opondremos la organización y la unidad para pelear por un sistema educativo que nos contenga con dignidad a todas, todes y todos, y con las reivindicaciones del conjunto de nuestro pueblo como bandera. ¡Milei y Cornejo basta de empobrecernos!

Violencia estatal y criminalización de la protesta social

En la Argentina de hoy, cuyo Gobierno Nacional tiene como única política contra el hambre y la pobreza, la persecución y criminalización de la protesta social, la riqueza se sigue concentrando en pocas manos, con la complicidad empresarial de los mismos de siempre, quienes especulan con el aumento desmedido de los precios de los alimentos, robando a millones de familias la posibilidad de tener en su mesa los alimentos más básicos.

Mientras en un acto cínico, que es sumamente representativo del nivel de odio y desidia que tiene este gobierno y su Ministerio de Capital Humano, acopian de manera mezquina más de 5 millones de kilos de comida que corren el riesgo de vencerse, desoyendo la orden de la justicia de entregarlos.

En enero de 2023, la ejecución presupuestaria destinada a comedores comunitarios fue del 24% del total de los recursos. Hoy es del 0%, según muestran los datos oficiales abiertos del Presupuesto Nacional. El Gobierno únicamente ejecutó los giros por la Tarjeta Alimentar, que es una política de asistencia acotada dirigida a niñas y niños de hasta 14 años, que representa el 32% del presupuesto de la Secretaría.

Los movimientos sociales siguen reclamando la entrega de los alimentos, al grito de: ¡El odio y el hambre matan! ¡No es libertad es violencia! ¡Con hambre no hay libertad! 

Rechazamos y denunciamos la violencia institucional que a diario azota a los sectores populares, especialmente contra la juventud. En medio de una crisis social y económica que deja a miles en las condiciones más precarias de vida, la respuesta del Estado y los gobiernos Nacional y Provincial es más persecución y represión. Lo vemos cada vez que aplican el código contravencional contra puesteras/os, feriantes, vendedoras/es ambulantes, personas que realizan alguna actividad para llevar un plato de comida a su casa.

Con la misma saña, violentan a las comunidades originarias como en el Sur provincial con les mapuche, persiguiéndoles con una justicia adicta, y leyes que desconocen sus derechos, para sacarles sus tierras ancestrales en beneficio de algún rico o capital extranjero. ¡Abajo el código contravencional de Cornejo y sus funcionarios!

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sintonía con su mejor alumno Cornejo, pretende aleccionar a quienes reclamamos y nos manifestamos en todo el país, imponiendo su protocolo represivo en la persecución a les luchadores. Aspira a copiar el modelo represivo de Mendoza; llevando a todo el país la infame figura de la reiterancia para perseguir y criminalizar a la protesta social.

Cornejo, manejando la provincia como un feudo en el que persigue a luchadoras y luchadores como es el caso de las compañeras y compañeros criminalizades, olvida que la lucha nos encontrará en las calles más que nunca, como aprendimos de las Madres de la Plaza: ¡Rendirse no es una opción!

Por esto gritamos ¡ninguna/e presa/e por luchar, abajo todas las causas y procesamientos! ¡Basta de persecución, criminalización y represión! ¡Abajo el protocolo Bullrich y sus códigos represivos!

ESI y aborto legal

La embestida de la derecha neoliberal conservadora, capitalista y heteropatriarcal, los fundamentalismos anti derechos y los discursos y acciones de odio, alientan la deshumanización, el negacionismo, la misoginia, la lesbofobia, la homofobia, y quieren barrer de un plumazo nuestras conquistas en las luchas en las calles.

Obstaculizan la efectiva implementación de leyes y políticas públicas a través de campañas políticas que buscan desinformar a la población a través de la estigmatización de las diversidades y los derechos sexuales y (no) reproductivos, deslegitimación del ejercicio de éstos y desfinanciamiento de políticas públicas que los garanticen.

Advertimos sobre la necesidad de generar acciones para el cuidado de nuestra salud de forma integral a lo largo de toda la vida.

Por ello en este 3J exigimos:

-¡Rechazo total al DNU 70/2023 y a la Ley Bases!

-La plena vigencia e implementación de la ley 27.610 de acceso a las interrupciones voluntarias y legales del embarazo y al acceso a la salud sexual integral en todos los centros de salud y hospitales del país. El aborto legal salva.

-La Educación Sexual Integral nos da autonomía y nos previene de los abusos y violencias, promueve las conductas de autocuidado y respeto hacia otros cuerpos, pleno acceso a medidas preventivas, como el uso de preservativos y tener una sexualidad libre de embarazos forzosos e ITS, con una perspectiva de género y diversidad y de derechos humanos.

-Problematizar las percepciones de docentes, efectores de salud, familias y otres referentes adultes responsables de garantizar los derechos sexuales y (no) reproductivos de les jóvenes respecto a esta política pública y el rol de las

-Implementación de ESI en todas las escuelas del país desde el nivel inicial hasta la educación superior, en las comunidades y en los barrios.

-Restablecer el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), un programa modelo en Latinoamérica, que a partir de su implementación en 2018 redujo a casi un 50 por ciento la tasa de embarazo en las adolescencias. El gobierno de Milei tomó la decisión del desfinanciamiento y la baja de los equipos que trabajan en las 12 provincias donde se implementa el Plan. Alrededor de 709 trabajadores contratadxs y el vaciamiento de una de las pocas políticas públicas diseñada específicamente para la población adolescente.

-De igual forma, la existencia del adultocentrismo imperante en nuestros sistemas culturales y las enormes brechas económicas, políticas y religiosas que se presentan en nuestro país y en todo nuestra América, dificultan el diseño, desarrollo y puesta en ejecución de leyes y programas de ESI acordes al paradigma de derechos humanos, y la mirada intercultural e interseccional que demandan las juventudes.

-Promoción de equipos intergeneracionales y no adultocéntricos mediante la incorporación de jóvenes como promotores de DDHH en el diseño e implementación de la ESI.

-Garantizar la transversalidad y la interseccionalidad de la ESI con perspectiva de discapacidad y de género, campesina, pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes en el marco de los derechos humanos.

-Creación de materiales accesibles para personas con discapacidad, disponible en diferentes lenguas y distribuible sin depender de internet.

-Garantizar la ley de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida como Ley 1000 días, para proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 3 años.

Salimos para defender nuestra libertad, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra comunidad, para el mundo que queremos, junto a las que sostienen comedores, alimentan infancias, educan y curan, enfrentan violencias y cuidan nuestra tierra y nuestra agua.

En la Argentina Memoria, Verdad y Justicia son pilares de la democracia, con nuestras Madres y Abuelas, y en memoria de Norita Cortiñas con les jóvenes, las mujeres, las niñeces. Será como siempre, ¡con nuestros pañuelos blancos y nuestros pañuelos verdes!

Basta de justicia patriarcal

En materia de Justicia, seguimos reclamando como hace años, perspectiva de género en operadores y operadoras del derecho, y exponiendo a este Poder Judicial clasista y misógino que abandona a su suerte a las mujeres y disidencias sexogenéricas, y que nos revictimiza dejando a salvo el pacto patriarcal con los varones que nos violentan.

Como todos los años, seguimos reclamando avances en este sistema judicial machista, que frente a nuestras denuncias hace oídos sordos, otorga impunidad, nos reclama pruebas de imposible cumplimiento, o cajonea nuestras denuncias detrás de miradas de cansancio y descreimiento, después de hacernos padecer durante horas para realizar una y otra vez la misma denuncia; ante una sociedad que luego prgunta por qué no denunciamos o tardamos en hacerlo. 

Exigimos el acceso a la justicia para mujeres, personas del colectivo LGBTTQ+, que contemple a aquellas personas con discapacidad en todo el territorio nacional y provincial.

Por otra parte, denunciamos la violencia económica que implica para miles de mujeres y disidencias, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los progenitores, mediante mecanismos como el trabajo informal o su insolvencia. Esta problemática, requiere de políticas públicas efectivas que erradiquen esas prácticas extorsivas.

Y lo que encontramos en la Justicia no es más que inoperancia y negligencia. Es hora de hablar de la violencia institucional y económica ejercida desde los Juzgados de Familia, y de un Poder Judicial que no invierte y ha abandonado a este fuero a su suerte.

En nuestro país hay 1.600.000 hogares monomarentales con niños, niñas y adolescentes que están a cargo de una mujer sin cónyuge, y en 3 de cada 5 de estos hogares la cuota alimentaria no se recibe en tiempo y forma. Por eso, además de ser un problema legal, el incumplimiento es un problema social, cultural y económico. Necesitamos políticas que visibilicen esta problemática, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito y un fondo de garantías que permita colectivizar la deuda de los cuidados. Necesitamos que la sociedad deje de mirar hacia otro lado, y que el mercado laboral no sea cómplice de estos evasores e incumplidores.

Hoy, trabajadoras y trabajadores judiciales que cobran sueldos de hambre llevan adelante una medida de fuerza histórica, frente a una Suprema Corte de Justicia con sueldos millonarios y un gobernador que como siempre, parado en su necedad, sostiene de manera irónica que le resulta inexplicable el paro que se lleva adelante hace semanas, y que deberían seguir el ejemplo de otros gremios que cerraron paritarias de hambre, frente a una inflación que día a día licúa sus haberes.

Parte del problema que la Justicia provincial, leal a su persona, padece en la actualidad es el atraso salarial cuya brecha entre sus amigos ministros, y las y los empleados que sostienen la Justicia a diario es un escándalo. Toda la provincia conoce hoy una realidad que permanecía escondida: la injusticia de la Justicia; en la que un juez cobra un promedio de 22 salarios de une empleade judicial.

¡Trabajadoras y trabajadores demostraron que sin elles no hay justicia!

En este contexto, Mendoza no está sola en el podio de los salarios más bajos y por eso es que el pueblo de Misiones se levanta. Maestras y estatales en unidad y en las calles, con acampes y movilizaciones por sus salarios y condiciones de vida, muestran que Milei y los ajustadores no se saldrán con la suya

¡Viva la lucha de Mendoza y Misiones, vivan los pueblos que se levantan!

¡Es por todo esto que exigimos una reforma judicial transfeminista y popular!

¡A 9 años del primer Ni Una Menos, este hito político que trascendió las fronteras argentinas, seguimos de pie!

Seguimos en las calles denunciando y desnaturalizando la violencia machista, porque se nos va la vida en ello.

¡Porque la autonomía económica y el ejercicio efectivo de nuestros derechos son dimensiones ineludibles para superar la discriminación estructural e histórica que padecemos!

Después del primer grito Ni Una Menos, ya nada será igual. 

Seguiremos repitiendo sus nombres, por cada vez que fueron callados, por cada vez que sus reclamos y denuncias no fueron oídas, por cada vez que alguien las olvido.

¡Por Johana Chacón, Soledad Olivera, Florencia Cataldo, Gisela Gutierrez, Griselda Guerra, Viviana Luna, Mayra Bueno, Julieta González, Florencia Romano, Janet Zapata, Ayelén Arroyo, Melody Barrera, Daiana Aballay, Mercedes Zarate, Sheila Ares, Ema Zapata, Aldana González, Tatiana Guzmán, Dora Hidalgo, Josefina Cruceño, Abigail Carniel, Agostina Trigo, Karen Ríos, Lucía Fernández, Natalia Tagua, Sonia Garberoglio, María Elena Caro, Jésica Olguín, Alicia Galetto, Linda Suárez, Verónica Azzolina, Florencia Cataldo, Elisabeth Sosa, Nilda González, Rosa Celiz, Camila Mendoza, Yoo Kyaunga, Ivana Molina, y tantas otras y otres!

¡Por todas nuestras muertas/es y desaparecidas/es!
¡Ni Una Menos!
¡Vives, libres y desendeudades nos queremos!
¡Gritamos presentes hasta que todo sea como lo soñamos!