Más de 200 docentes afectados del programa nacional Ellas hacen reclaman a la DGE mendocina una deuda que está pronta a cumplir dos años. Consecuencias del desguace de políticas sociales.

Foto: gentileza Ellas hacen

En 2009 el gobierno nacional puso en funciones el programa Ellas Hacen, una propuesta destinada a mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica que les permitía recibir capacitación laboral, organizarse cooperativamente y terminar los estudios, a cambio de una prestación de servicios.

En la provincia de Mendoza el programa se hizo fuerte en barriadas populares de la Capital y de San Martín. En estos lugares se conformaron centros de capacitación a cargo de docentes de la zona que dictaban cursos de formación.

Ellas hacen (Capital) Foto: Cristian Martínez

 

El gobierno nacional “bajaba” los fondos a las provincias para llevar adelante el programa. En el caso de Mendoza, cientos de profesores fueron contratados para impartir las capacitaciones, a través de la Dirección General de Escuelas, responsable de ejecutar las partidas presupuestarias.

Tal como ya informamos en EL OTRO, distintos programas nacionales sufrieron vaivenes desde los cambios de gobiernos nacional y provincial. Algunos de ellos, como los Centros de Actividades Infantiles y Juveniles (CAI y CAJ) fueron desactivados, mientras que otros como el Ellas hacen, figuran aún en la grilla de políticas sociales del Ejecutivo nacional, pero su impacto local disminuyó casi por completo.

200 docentes afectados

Foto: gentileza Ellas hacen

 

El último pago que recibieron los profesores y profesoras se realizó en junio de 2015. Aunque los trabajadores de la educación continuaron brindando los cursos, la DGE del nuevo gobierno dejó de abonar los salarios a 200 capacitadores, no les renovó los contratos, y avanzó en el proceso de desguace del programa.

En comunicación con EL OTRO un grupo de docentes afectados por la mora en sus haberes, manifestó que las autoridades del gobierno escolar les comunicaron hace un mes y medio (ante la difusión de la problemática en este diario) que la deuda se cancelaría durante el mes de abril. Sin embargo, el pago todavía no se concretó.

“El monto adeudado a cada docente varía en función de la carga horaria, en algunos casos asciende a los $25.000”, precisaron los capacitadores, quienes expresaron además que, frente a la total ausencia de respuesta oficial, apelan a la difusión en los medios de comunicación como única forma posible de visibilizar la gravedad del caso, la angustia económica que los agobia, los problemas presupuestarios por los que atraviesa la educación pública, y las dificultades para ejercer el derecho al reclamo.