Esta semana, el SUTE realizó un acto para repudiar el maltrato a los trabajadores de la educación de las cárceles de Mendoza. El mes pasado la DGE suspendió a tres educadores bajo la acusación de ingresar “sustancias prohibidas” al penal. En diálogo con EL OTRO, un docente brindó detalles del conflicto.
Promediaba el mes de agosto cuando la Dirección General de Escuelas suspendió a tres docentes que daban clase en el penal de Boulogne Sur Mer. La medida ordenada por Jaime Correas se produjo luego de que el Servicio Penitenciario les prohibiera el ingreso a los trabajadores, a quienes se les habría encontrado “sustancias prohibidas”, tras la habitual requisa de ingreso.
El hecho puso en alerta al resto de los docentes de la modalidad, quienes comenzaron a reunirse y, en conjunto con el gremio que los representa, decidieron proyectar un plan de lucha para aclarar el suceso y exponer las dificultades que presenta el normal dictado de clases en las distintas unidades penitenciarias de Mendoza.
EL OTRO dialogó con un docente con mucha experiencia en contextos de encierro, quien nos solicitó preservar su identidad por temor a represalias de las autoridades. Al explicar el plan de lucha que iniciaron, nos cuenta que “somos una comunidad menor dentro de lo que es el sistema educativo y la idea fue hacer una jornada de desagravio por todo lo que se ha dicho en los medios, con el afán de vender. Porque no se hacen cargo de lo que queda y lo que queda somos nosotros”.
En relación a la actitud tomada por las autoridades de la DGE, la fuente consultada asevera que “Jaime Correas salió a decir que los docentes ‘estamos de visita en el penal’, cuando en realidad somos una institución que coincide en el espacio con otras –Poder Judicial, Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario-, instituciones que no tienen ningún tipo de injerencia sobre nosotros”, por lo que asegura que “han suspendido a tres compañeros por orden directa del servicio penitenciario. La DGE en lugar de defenderlos, o de última investigarlos, acató la orden y los suspendió”.
Respecto del hecho que provocó las medidas disciplinarias, el docente afirma que el problema se produjo “a merced de una requisa que se hace todos los días. A estos tres compañeros, en el mismo día, le encontraron en sus bolsos medicamentos de uso personal: ansiolíticos, en otro caso unas gotas homeopáticas”, aunque agrega la disconformidad por el tratamiento dado al tema: “en los medios salieron a decir que eran psicotrópicos o sustancias prohibidas, dando a entender que vendíamos droga en el penal, cuando ese es el negocio del servicio penitenciario”.
El educador destacó: “la nueva conducción del SUTE se preocupó por nosotros –antes no se acercaban porque en esta modalidad somos pocos y no sumamos al padrón- y hemos comenzado a reunirnos en asamblea todos los compañeros que trabajamos en contexto de encierro para defender los derechos de los docentes de esta modalidad”. De esos encuentros surge una lectura política respecto del destino de la educación en contexto de encierro: “la escuela molesta dentro de la cárcel. Molesta porque reivindica derechos, porque es un espacio de igualdad, democrático y es el único en el que no se reprime dentro de estas instituciones. Y estas molestias son tanto del servicio penitenciario como de la DGE, que se han puesto de acuerdo: la DGE porque ya no quiere tener injerencia con los ‘profes tumberos’ y el servicio penitenciario porque quiere tener el control de las escuelas”.
“Lo que se ve venir es eso: un retroceso en el sistema educativo y que las escuelas las maneje el servicio penitenciario con su lógica jerárquica y militarizada, retrocediendo mucho en los términos de la ley nacional de educación. ¿Cómo vas a garantizar derechos si el que te enseña es el mismo que te oprime?”, cuestiona el docente.
“Pan y circo”
Es la calificación del docente para sintetizar la reforma del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que obliga a los presos a trabajar y estudiar, con el fin de “acabar con las cárceles de máxima ociosidad”, según palabras del gobernador de Mendoza. “Cornejo no se cansa de repetir la cantidad de gente que ha metido presa –todos ladrones de gallinas- y en realidad es un discurso demagógico porque habla para afuera y cuando ha venido a la cárcel –vino una vez- se notó su falta de ‘caminar la cárcel’. Porque claramente no hay condiciones físicas para implementar lo que promete”.
A la par, comenta haber analizado en clase el texto de la legislación y llegar a concluir con sus alumnos que el gobernador “no estipula los medios con los que va a solventar lo que dice. ¿Cómo le van a pagar el salario mínimo, vital y móvil a todos los presos que trabajen? ¿O los van a hacer trabajar como trabajo esclavo? Si todos estarán obligados a trabajar, ¿en qué lugar lo harán? ¿Hay fuentes de trabajo o espacios productivos? No los hay. Si no hay espacio para dormir: duermen de a dos en una cama. En El Borbollón las mujeres comparten la cama”.
Por eso mismo, les “hace ruido” la reforma planteada: “los van a mandar a trabajar y los van a obligar a estudiar…como si fuera un castigo. Es decir que ven a la educación y al trabajo como castigo, cuando son derechos”.
El 31 de agosto, el SUTE elevó un petitorio de 15 puntos al director general de escuelas con una “serie de reivindicaciones y planteos referidos tanto a nuestros derechos laborales como a los derechos de los estudiantes actuales y potenciales, alojados en cárceles”. Mientras tanto, los docentes en contexto de encierro se sumarán a las medidas que adopte el sindicato en lo que hace a la reapertura de paritarias y mejoras en la infraestructura. Según destacan, por ejemplo, “en El Borbollón, la biblioteca está en un sótano que se inunda con las cloacas y no hay acceso de la población. En Boulogne Sur Mer también están saturados el sistema cloacal y el espacio físico de las escuelas. En San Felipe se orina en bolsas”.
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