Organismos defensores de los Derechos Humanos de la provincia cuestionaron la reforma del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el abuso de las prisiones preventivas, la persecución judicial a opositores políticos y el encarcelamiento de luchadores y dirigentes sociales, entre otras graves violaciones a los derechos y garantías fundamentales. Entregaron un documento en la Legislatura provincial.
Fotos: Coco Yañez
Las Madres de Plaza de Mayo fueron acompañadas por H.I.J.O.S., Asociación de ex presas y presos políticos, Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Mujer. A estos, se sumaron la Casa por la memoria y la cultura popular, Frente de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael.
El nutrido grupo de representantes se hizo presente en la Legislatura de la provincia para denunciar que el Ejecutivo nacional está avanzando en el “desmantelamiento de las oficinas fiscales federales”, haciendo hincapié en las que se dedican a combatir la violencia de género, la violencia institucional y los delitos de lesa humanidad.
Según los organismos, “el proyecto (del gobierno nacional) prevé la posible eliminación de áreas destinadas a enfrentar las graves violaciones a derechos humanos y garantizar el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables, como la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, la Unidad para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, la Procuraduría contra la violencia institucional, la de trata y explotación de personas, la especializada de violencia contra las mujeres y las Agencias territoriales de acceso a la justicia”.
En diálogo con EL OTRO, Nino Bonoldi afirmó que “si se desmantela el Ministerio Público Fiscal se van a echar por tierra cuarenta años de lucha por los derechos de las personas”, por lo que consideró que “los legisladores a los que se les entregó el documento con las observaciones en torno al proyecto del Ejecutivo nacional deben expedirse en forma firme”.
En torno a la designación de un procurador, que ocupará el lugar de la renunciante Alejandra Gils Carbó, el referente de los organismos no dudó en explicar que el próximo procurador “se transformará en poco más que un funcionario político del Ejecutivo de turno”, y agregó como ejemplo que, “contrariamente a lo que se logró con la Corte Suprema de Justicia anterior, que demostró idoneidad y ecuanimidad, la Corte actual con los dos personajes nefastos que Macri metió por la ventana de atrás, lo primero que hizo fue avalar el 2X1 a los genocidas”.
A juicio de Fernando Rule, poco a poco “empiezan a tolerarse lo que podría llamarse ‘pequeños excesos’, como la prisión preventiva aplicada a gusto y no a derecho. Es el caso de algunos funcionarios detenidos del gobierno anterior. Aquí en Mendoza tuvimos el ejemplo de (los exjueces federales) Romano y Miret. Romano estuvo preso porque se fugó pero Miret nunca estuvo en prisión preventiva porque no se observó que pudiera fugarse o que pudiera entorpecer la investigación”.
Al respecto, el ex preso durante la última dictadura agregó: “la detención ilegal de miembros de la Túpac Amaru, el negacionismo al boleo que se desarrolla en algunos actos oficiales, las actitudes de funcionarios que ponen en duda las condenas a los genocidas, la actitud de la policía en provincia de Buenos Aires y aquí en Mendoza que detienen a cualquier persona por averiguación de antecedentes… Todo esto sumado promueve un estado de indefensión que bloquea la solidaridad y genera las condiciones de un Estado con características fascistas, y nosotros estamos dispuestos a luchar contra eso”.
Finalmente, Bonoldi, Rule, Ana Montenegro, Mariú Carrera, y otros referentes y referentas se mostraron preocupados por la iniciativa del Ejecutivo provincial para ampliar los miembros de la Suprema Corte de Mendoza, por lo que el próximo jueves presentarán un documento al respecto con la postura de los organismos que desde hace décadas defienden los derechos humanos en nuestra provincia.
