No le reconozco a Cornejo ninguna autoridad moral para hablar de corrupción, no es un gobernante honesto en ninguno de los sentidos que pueda tener la palabra.
OPINIÓN | Por Alfredo Guevara*
Fotos: Coco Yañez
Todos conocemos el historial de corrupción de Mauricio Macri, el gobierno del cual forma parte. Un empresario que construyó su fortuna a fuerza de negociados con la dictadura cívico militar. Que acumula decenas de denuncias desde esas fechas hasta nuestros días. Que fue denunciado internacionalmente en los Panama Papers, dueño de enormes cantidades de dinero no declarado en guaridas fiscales.
Macri, quien presenta un gobierno de gerentes que derogó de facto el conflicto de interés establecido en la ley de ética pública. Que promueve ganancias astronómicas al sector financiero a través de la especulación, mientras endeuda al país como nunca antes en la historia y millones se empobrecen día a día. Que liquida la posibilidad de investigaciones judiciales serias y transparentes de posibles hechos de corrupción a través de la violación manifiesta de la ley, la convalidación de confesiones de arrepentidos que no son filmadas, planificadas desde el Ministerio de Justicia, en juzgados cuyos sorteos son manipulados, con jueces designados por el Ejecutivo desplazando a los jueces naturales que no responden a las directivas oficiales, armando causas vergonzosas que quedarán en los anales de la historia de los procesos judiciales fraudulentos.
Macri, el presidente que sistematizó el law fare y las operaciones de servicios de inteligencia como lo revela la investigación de Ramos Padilla. Que recurre al financiamiento espurio de la política a través de aportantes truchos, y utiliza las fake news y manipulación de la información personal al estilo Cambridge Analítica.
Cornejo acusa como si no tuviera nada que ver, como si fuera un dechado de transparencia, como si no tuviéramos memoria de las coimas en Godoy Cruz y como si no supiéramos que su gobierno no ha cambiado nada en relación a la corrupción estructural, las contrataciones públicas, adjudicación de licitaciones, áreas petroleras, fondos reservados, pautas publicitarias, y que además se ha asegurado total impunidad a través del control del Poder Judicial con designación de jueces militantes, la amenaza y la persecución.
Para colmo ahora en plena campaña electoral con la cara de piedra dice que le van a aplicar una ley de extinción de dominio a los autos y camionetas de los perseguidos militantes de la Túpac Amaru para construir escuelas, y muestran las fotos de los autos secuestrados a los militantes como si el despojo de esos bienes pudiera ser equiparado a la privación de libertad y el insulto moral a quienes claman su inocencia desde el principio de la persecución. Un tipo que firmó los certificados de avance de obra de los barrios de la Túpac en Godoy Cruz, un cínico absoluto que, en caso de ser cierta la corrupción que no puede probar, debería también ser condenado por lo mismo que denuncia.
Cornejo sabe muy bien que ningún militante de la Túpac ha podido ser imputado por ninguna denuncia por corrupción a pesar de la prolongada persecución, porque todas las pruebas indican que los fondos fueron invertidos en la construcción de mil viviendas, por un tercio del valor que él mismo ha fijado en las licitaciones, pagando un sobreprecio de 170 millones de pesos para terminar los barrios de la Túpac que fueron suspendidos por la persecución arbitraria.
El gobernador, junto con un asesor del Ministerio de Justicia de Macri que actúa como “querellante”, armaron una causa para criminalizar las prácticas habituales de una organización popular, las mismas que promueven y practican los socios menores de su propio gobierno, que fueron “100% K” y ahora comen de las migajas que caen de la mesa de los poderosos. Por eso me río cuando Cornejo habla de la ley de extinción de dominio de la cual se jacta como si fuera algo serio cuando es evidente que se trata de una “caja china”, una ilusión para la lobotomía cuyana. Una ley innecesaria por existir los mecanismos para recuperar los bienes de la corrupción que el mismo encubre, que no sirve para nada a los mendocinos, que no constituye una herramienta seria contra la corrupción y con la cual no se construirá ninguna escuela. Una ley armada para seguir estigmatizando, sin prueba alguna a los militantes opositores y poder hacer una nueva campaña electoral en abierta violación del principio de inocencia, último refugio constitucional contra el poder de turno.
Tenemos el derecho de no aceptar que este tipo rebaje el nivel de la discusión infectando el debate público con su discurso del odio, nos sobran argumentos para discutir frente a la pobreza argumentativa del punitivismo autoritario, pero lo haremos frente a quienes respeten los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución Nacional y demás Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y no frente a los verdugos autoritarios que destrozan las garantías democráticas.
Eso sí, esperaría de la oposición que se una para poner fin a este nefasto gobierno de la miseria planificada, y entre las muchas tareas de reconstrucción nacional se ponga en discusión una agenda sobre calidad democrática post macrista, donde la lucha contra la corrupción se enfrente con nuevos mecanismos de participación y control popular y con procesos judiciales que tramiten en plazos razonables, a cargo de magistrados independientes respetuosos del debido proceso, y no con la colección de arbitrariedades que acumula este gobierno y que constituye un insulto a cualquier concepto de justicia, como lo demuestra el emblemático proceso arbitrario contra los militantes tupaqueros.
*El autor es abogado y militante de derechos humanos.
