Tras protagonizar una de las peores gestiones de la historia de Mendoza, Diego Gareca fue designado secretario de Cultura. Antecedentes de ineficiencia y corrupción, entre grúas que caen y cúpulas que se incendian.
Por Negro Nasif
En marzo de 2017, las extremas condiciones de inseguridad en los preparativos de la Fiesta Nacional de la Vendimia provocaron que una grúa cayera sobre las gradas del Teatro Griego Frank Romero Day, donde trabajadoras y trabajadores de la cultura salvaron milagrosamente sus vidas e integridades físicas.
Un año después, la misma desidia de los funcionarios ocasionaron el incendio de la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), en el centro de la capital mendocina, con la reiterada buena fortuna de no lamentarse víctimas.
Ambos desastres, que trascendieron a nivel nacional e internacional, son seguramente los más recordados de la fallida gestión del exsecretario de Cultura de Alfredo Cornejo. Sin embargo, el paso de Diego Gareca por el área dejó otras marcas profundas de ineficiencia y corrupción que, en el contexto de la vuelta del militante de la ultraderecha radical, es indispensable traer a la memoria.
Militancia rentada
En enero de 2016, el flamante secretario de Cultura, Diego Gareca, despidió a 42 trabajadoras y trabajadores contratados entre 2011 y 2015, dando inicio a la persecución de lo que él mismo definió como “kirchnerismo residual”.
“Se trata de contratos que caducaron el 31 de diciembre y que se encontraban en distintas dependencias de la Secretaría”, denunció entonces Gareca y precisó: “los trabajadores contratados de esta manera no contaban con seguro, ART, ni obra social. Cobraban cada tres meses. Se fijaba un monto fijo cada 30 días que se multiplicaba por tres y se percibía recién al cabo del tercer mes. Estas personas obtenían, en promedio, 30.000 pesos cada 90 días y facturaban a través de asociaciones”.
Sin embargo, tiempo más tarde el propio Gareca comenzó una serie de contrataciones bajo las mismas modalidades que su antecesora, Marizul Ibáñez, en favor de su círculo más cercano, que le valió una denuncia penal por malversación de fondos públicos.
A tal extremo llegó la arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos que Gareca contrató militantes que ya habían accedido a los beneficios jubilatorios, como el caso de su amigo personal Rubén Carmelo González, que facturó a Cultura $232.600 durante 2019, o el contrato de $108.000 a favor de Nora Leiva, suegra de Héctor Rosas, director de Actividades Artísticas de la Secretaría de Cultura, y madre de Mariana Zlobec, entonces concejala de Godoy Cruz y actual senadora provincial de la UCR.
La gestión cultural en crisis
En abril de 2017, en la apertura de una exposición en el Espacio Le Parc, el colectivo Taimados leyó un documento que, solo en un párrafo, sintetiza con exactitud el carácter de la gestión Gareca: “El arte no está en crisis, la gestión cultural a nivel gubernamental sí. Y no solo hay una crisis marcada y evidente, sino que también hay por parte de algunos funcionarios una actitud evasiva y poco seria. Quien no puede admitir su responsabilidad y su error, quien no puede hacerse cargo de situaciones que tienen que ver directamente con su función e investidura, no tiene la apertura mental ni emocional para cambiar y mejorar las cosas”.
Esta crisis se evidenció en todas las áreas, donde los intereses empresariales llegaron a avasallar, de manera impensada hasta entonces, espacios públicos y patrimoniales. Varios fueron los ejemplos de esta nueva tendencia neoliberal. Uno de los más obscenos se desarrolló en mayo de 2016, cuando la secretaría al mando de Gareca, en el marco de la Fiesta Nacional del Teatro, destinó $500.000 para una celebración de 300 invitados, $95.000 para el alquiler de una alfombra y $1,5 millones en concepto de comida. Cuatro meses más tarde el funcionario promovió una glamorosa fiesta de la firma Sun Dreams, el mayor operador de casinos de Latinoamérica, en el Teatro Independencia que quedó como un basural.
En paralelo, la administración Gareca destruyó herramientas culturales que llegaban a los pueblos, como el cinemóvil. A comienzos de 2016, el secretario de Cultura mandó a plotear la camioneta que el INCAA le había entregado a su antecesora Marizul Ibáñez. Con muy pocos recursos, el hábil funcionario de Alfredo Cornejo refundó el proyecto nacional bautizándolo como Cine Móvil Leonardo Favio, en su habitual utilización progre de las figuras y simbologías populares para intentar lavar la cara de las políticas de ultraderecha de su jefe. En febrero de 2019, la camioneta del INCAA quedó completamente destrozada en un siniestro de tránsito en San Luis y Gareca resolvió disolver para siempre este importantísimo proyecto de difusión de la cinematografía argentina.
La caja negra de Gareca
Una investigación de EL OTRO publicada en agosto de 2018 demostró los gastos sin control en la Secretaría de Cultura que conducía Gareca, entre los que se encontraron regalos para periodistas, publicidad, desayunos y comidas de trabajo, taxis, hoteles, combustibles y hasta artículos de ferretería, que formaron parte de una caja chica de más de $1.500.000 gastada en solo cinco meses (más de $28 millones actualizados al día de hoy).
El Director de Vendimia, Alejandro Pelegrina, fue intimado por el Tribunal de Cuentas a que presente comprobantes de gastos adeudados por $200.000, una billetera paralela al presupuesto de $102 millones de la Vendimia 2018. La responsable del ECA, María Laura Tinte, gastó al menos $12.000 en servicio de taxi, en menos de un semestre. En tanto que Alejandro Frías, al frente de Ediciones Culturales de Mendoza, dispuso en ese mismo período de $191.500 que no rindió.
