Por Julio Semmoloni
La Corte Suprema de Justicia comprobó en reciente audiencia, que el gobierno macrista canceló desde hace un año la política de Estado hacia Acumar, es decir, se desinteresó del organismo responsable de la obra de saneamiento ambiental más importante. Este destrato político marca en los hechos un alarmante cambio de época para ineludibles compromisos del Estado nacional.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo viene padeciendo “parálisis, desbande y estancamiento” de operatividad, según informes técnicos. El juez del más alto tribunal Horacio Rosetti, refrendó este escándalo consignando que en la audiencia no hubo interlocutores para concretar el seguimiento de las tareas públicas, pues no recibieron en su transcurso indicadores de evaluación del proceso de saneamiento.
Acumar fue creada por ley a finales de 2006, para atender el grave deterioro ambiental de la cuenca poblada por cerca de siete millones de habitantes. Ante la inacción del principio, en julio de 2008 el organismo fue intimado por la Corte a implementar un plan de saneamiento, en respuesta a la causa judicial formada tras el reclamo, en 2004, de un grupo de vecinos de la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El rigor de la sentencia del máximo tribunal tuvo una exigencia similar a los estándares de países avanzados. A saber: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire, suelos), y prevenir los daños con suficiente y razonable grado de predicción. Actuando con la más absoluta independencia, la Corte obligaba a preservar y recomponer la cuenca hídrica de los ríos Matanza y Riachuelo, de 64 kilómetros de longitud, que abarca una superficie de 2.200 km2, la más densamente poblada del país.
Debió ser una repentina carga agobiante para el joven gobierno de Cristina. Los medios dominantes amplificaron dicho acoso judicial. Se trataba de darle explícito funcionamiento a un organismo interjurisdiccional integrado por la CABA, la Provincia de Buenos Aires, catorce municipios del Conurbano y el Estado Nacional, a fin de emprender en tiempo perentorio una tarea titánica que por décadas había quedado en promesa incumplida de muchos gobiernos.
Acumar debía evitar la terrible contaminación persistente durante dos siglos; sanear a través de redes de agua potable y cloaca la degradante situación de millones de hogares; obligar a centenares de industrias a tratar sus desechos tóxicos; limpiar la incalculable cantidad de inmundicia en el agua y las orillas del cauce hídrico, hasta que sea posible la vida de los peces; erradicar todos los basurales proliferados sobre ambas márgenes; trasladar a viviendas dignas los pobladores de villas y asentamientos; convertir esos lugares en saludables espacios verdes; urbanizar mediante infraestructura vial los costados del curso de agua, liberando y construyendo el camino de sirga cuyo ancho medio es de 35 metros, etc.
Causa asombro el desconocimiento general sobre esta materia. Todo el conjunto de lo que pudo y quiso hacer el anterior gobierno nacional es la obra ambientalista más esperada de la historia argentina. Realizada para beneficio del lugar aledaño al epicentro político y electoral del país, inconcebiblemente postergado, cuya realización el kirchnerismo y medios afines no supieron ponderar en campaña. En esos seis o siete años de intensiva labor, debió bregar contra el obstruccionismo macrista, el apremio cortesano, la parsimonia provincial y la mezquindad de algunos municipios.
Acumar empezó a funcionar con la designación al frente del organismo de Juan José Mussi, ex intendente de Berazategui. Se notó siempre que la enormidad del compromiso superó la capacidad del Estado para cumplir en tiempo y forma, dada la constante disconformidad formulada por la Corte. Pero no debe ignorarse la cerril negativa a colaborar de Macri, como jefe de Gobierno, para dar respuesta al reclamo de habitantes porteños: hasta 2015 nunca aportó fondos, pese al fallo en su contra de un tribunal federal.
Los países subdesarrollados tienen dificultades, a menudo insuperables, para organizar tareas complejas y simultáneas a cargo de actores diversos. Darle cohesión al esfuerzo conjunto de heterogéneas jurisdicciones insertas en Acumar, a la postre resultó otro excesivo desafío. Sin embargo, el balance de todo lo hecho hasta 2015, sin apartarnos del adverso contexto en el que se desarrolló lo ordenado por la sentencia, registra un avance social, ambiental y urbanístico sumamente promisorio.
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca no pudo ejecutarse en su totalidad ni mucho menos, es cierto, pero la intención, la voluntad política y financiera del gobierno de Cristina se movilizaron en esa dirección bajo la concepción populista del Estado benefactor. Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS, explicó a Página/12 que “hay un universo múltiple de actores… Y para coordinarlos hay que tener capacidad de dirección y de liderazgo. Hubo errores previos, pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y en un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Por su parte, Antolín Magallanes, vicepresidente de Acumar hasta diciembre de 2015, agregó a ese diario: “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión. Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos debían ir variando. Recuperar la cuenca es un tema complejo, requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando”.
Los datos que ofrece Acumar en su página oficial, compaginados con otras fuentes, no permite actualizar y reunir en detalle el disperso conjunto de obras realizadas. Esta enumeración es apenas aproximada: planta de tratamiento en Berazategui, que procesa efluentes cloacales de cuatro millones de habitantes; dos millones de usuarios incorporados a las nuevas redes de agua potable; más de un millón de habitantes beneficiados con las nuevas redes cloacales; más de 12.000 industrias empadronadas en la cuenca; adecuación ambiental del Polo Petroquímico de Dock Sud; desde el comienzo de la limpieza, fueron retiradas más de 170.000 toneladas de basura, 110 vehículos inservibles abandonados y 57 buques sin uso o escorados; para 2015, había sido liberado el 90 por ciento del camino de sirga; a principios del año pasado, se inició la construcción de hospitales en Rafael Castillo y Laferrere, de La Matanza, y en Cuenca Alta.
Es difícil precisar la cantidad de nuevas viviendas habilitadas para el traslado de pobladores. Debieron ser varios miles y continúan construyéndose, a menos que también estas obras hayan sido desfinanciadas por el macrismo. De hecho, Macri y Vidal han participado de algunas inauguraciones vinculadas con este plan general de saneamiento, que no habían alcanzado a terminarse durante la gestión anterior.
El gobierno de Cristina solventó la mayor parte de la inversión con recursos públicos propios y algunos créditos blandos de organismos multilaterales. Tampoco se conoce con cierta precisión la estimación del monto total, pero éste no debería estar por debajo de los cien mil millones de pesos, durante los años que el dólar cotizaba, en promedio, a menos de la mitad de lo que ahora vale.
Seguramente pudo y debió haberse hecho mucho más. Hay causas penales abiertas contra un juez y varias autoridades. La Corte tuvo consideraciones muy severas por la lentitud de los trabajos. Pero cómo dejar de reconocer que ese populismo defectuoso fue el único gobierno en la historia argentina que se ocupó de millones de familias ilusionadas con el sofisma criollo de que “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”.
