EXCLUSIVO | Tras la publicación de una investigación de EL OTRO, la directora de Catastro de Mendoza, Jimena Luzuriaga, rectificó un escandaloso beneficio tributario de la propiedad que posee en un exclusivo barrio de Guaymallén. La rápida modificación de la subvaloración catastral estuvo precedida por maniobras turbias de Walter Luconi y Marcelo González, funcionarios bajo las órdenes de Luzuriaga sobre quienes pesa una grave denuncia penal.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
El 17 de julio pasado, EL OTRO dio a conocer una investigación periodística que develó cómo la máxima autoridad de Catastro de Mendoza eludió -a sabiendas y de manera sistemática- el pago íntegro de adicionales tributarios sobre una de sus propiedades, aprovechando la deficiente registración que ella misma debe actualizar y controlar.
Tal como se informó en el artículo El baldío de la funcionaria que tiene coronita, este diario comprobó, a partir de testimonios y documentos oficiales, la tosca maniobra de adulteración sobre el avalúo de un lote baldío de Jimena Luzuriaga y su cónyuge Pablo Antonio Arrigo, a los efectos de exceptuar a ese inmueble de tributos establecidos por ley.
El baldío de Luzuriaga, según la Dirección de Catastro que ella dirige, era la única propiedad, de las 148 que componen el barrio Nuestra Señora del Rosario del Mendoza Rugby Club (Guaymallén), que poseía un avalúo de $268 el m2, en tanto que el valor de la tierra del resto de los terrenos es de $538. Es decir que, por un extraño y excepcional cálculo catastral, el lote subvalorado en $165.783 quedó libre del pago del “adicional al baldío”. (ver arriba)
Pero todo cambió drásticamente luego de la amplia difusión de la investigación de este medio. Ante las evidencias del informe periodístico, Luzuriaga bajó línea a sus inferiores jerárquicos para rectificar dos años de irregularidades y, según la base de datos de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), el último 27 de julio se elevó el avalúo fiscal de su terreno sin superficies construidas de $268 a $538 el m2, superándose así el máximo de excepción del tributo que gozaba hasta esa fecha. (ver arriba)
Que parezca transparente
El acelerado recule de la directora de Catastro, que no hace más que confesar las marcas de sus manos en la masa, estuvo precedido por maniobras tan turbias como fallidas de funcionarios del círculo de confianza de la jefa: Walter Luconi, subdirector de Inteligencia Catastral, y Marcelo González, Jefe de Departamento y subrogante de la Subdirección de Gestión Catastral.
Sobre la base de testimonios y audios recabados por EL OTRO, este diario accedió a jugosos detalles de los improvisados ardides que -sin éxito- llevaron adelante Luconi y González para “dibujar documentación que pudiese simular que Luzuriaga no pagaba el adicional baldío, porque en su lote había iniciado una inexistente construcción”.
“La única manera de retirarle ese adicional habría sido generando un expediente, con fecha anterior, en el cual los inspectores de Catastro constataran de modo efectivo que se comenzaron obras de construcción en el terreno de ese barrio privado”, explicó una de las fuentes a este medio, al tiempo que confirmó “que ni Luzuriaga ni su esposo presentaron la aprobación municipal del plano de edificación, que es condición indispensable para la modificación del estatus catastral”.
Pese a que Luconi y González trataron personalmente de “persuadir” a trabajadores de Catastro para que se diera trámite de reconocimiento retroactivo del supuesto inicio de obras en el inmueble de Luzuriaga, no lograron impulsar siquiera la inspección inicial en la propiedad, debido a la falta absoluta de sustento en la realidad -y por lo tanto en las normas jurídicas- para caratular un expediente en ATM.
Una mano lava a la otra, y las dos la cara
Suele decirse que la corrupción, como el tango, siempre se baila de a dos, por comunión de intereses, negociados, carpetazos, etc. En este caso un lazo de confianza personal y política parece unir al trío Luzuriaga-Luconi-González. Al menos así lo demuestra el devenir de una grave denuncia penal que, desde el año pasado, se tramita en la Fiscalía de Instrucción N° 34 de Capital.
De acuerdo con el expediente judicial P-107382/22, Luconi y González, bajo el amparo de Luzuriaga y el administrador general de ATM Alejandro Donati, realizarían actividades incompatibles con sus funciones públicas.
La pieza administrativa, en la que se investiga la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, fue impulsada por el abogado Carlos Vega, en representación del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA). En la denuncia se puntualiza que tanto Walter Luconi como Luis Marcelo González “realizan planos en la actividad privada y los firman profesionales amigos, los (particulares o contribuyentes) lo buscan porque, a diferencia de otros colegas, sus trabajos son priorizados y garantizados en cuanto a rapidez y visación”.
Esta acusación plantea, por un lado, que los dos funcionarios se encuentran legalmente impedidos de realizar tales prácticas en el sector privado, debido a que cobran en sus haberes públicos un ítem correspondiente a “bloqueo de título”. Por el otro se aduce que, no obstante la existencia de denuncias administrativas presentadas en ATM en contra de ambos, la directora de Catastro habría protegido a sus subordinados.
Profesionales denunciaron a Luconi en la sede del organismo tributario, pero Luzuriaga “no activó ninguna acción investigativa al respecto, tratando de minimizar y/o ocultar esta situación, aduciendo que esta denuncia se debe realizar en el ámbito judicial”, plantea el escrito del doctor Vega.
A González -siempre siguiendo el expediente de la Fiscalía- se lo sindica como dueño de una inmobiliaria ubicada en la calle Libertad 255 de Guaymallén, inscripta en sede municipal bajo el número de cuenta de comercio 47.412, y autorizada por la AFIP para operar en servicios inmobiliarios. Actividades privadas obviamente reñidas con los deberes de este funcionario protegido por Luzuriaga que -según la denuncia penal- “está en conocimiento de esta situación y tampoco activó el mecanismo investigativo para cambiar esta realidad que desacredita la seriedad de este organismo público ante la sociedad y demás organismos”.
Está claro que, si estuviésemos en una provincia seria, este mismo lunes el gobernador Rodolfo Suarez desplazaría a Luzuriaga del cargo que ostenta, e impulsaría de inmediato las investigaciones sumariales para determinar responsabilidades administrativas y penales de los laderos de la directora de Catastro. Pero ya se sabe: hace rato que la transparencia y la seriedad no se consiguen en Mendoza.
