El 4 de agosto tuvo lugar la primera audiencia del juicio a los integrantes del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (ex D2). Se busca conocer cuál fue el rol de la institución en el plan represivo y juzgar las acciones de sus agentes, durante el terrorismo de Estado. De los 28 acusados que se sentarán en el banquillo, 15 responderán por primera vez ante la Justicia. Las investigaciones señalan 334 víctimas de delitos de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, lesiones graves, violaciones y robos, en el contexto del genocidio cívico-militar. La participación de la fuerza local fue elemental en los grandes operativos de secuestros en los que hubo desapariciones.
Por Juan Sajor | Fotos: Coco Yañez
Fuente documental: lesahumanidadmendoza.com
El 12 de mayo de 1976, siete semanas después del golpe, la Junta Militar citó a periodistas de medios del interior para informar cómo se actuaría en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. “El objetivo básico es la vigencia plena de la democracia representativa, republicana y federal”, señaló Videla, escoltado por Massera y Agosti en el salón Blanco de la Casa Rosada. Al mismo tiempo, el dictador le reclamó a la sociedad “comprensión” con las Fuerzas Armadas, y por sobre todo “denostó a la demagogia y a la subversión”, según precisó Clarín –el gran diario argentino– al día siguiente en su portada.
Para esa fecha, la Junta ya había depuesto a todas las autoridades constitucionales y subordinado el Estado al aparato represivo. Desde el mismo 24 de marzo, las FFAA controlaban el orden interno mediante un proceso de militarización que incluía la conducción de las policías provinciales. En Mendoza, este esquema integró a las fuerzas de seguridad locales que, desde el 74, realizaban tareas de inteligencia, detenciones, secuestros clandestinos y torturas. Luego del golpe, la policía pasaría a operar a la par de las fuerzas armadas nacionales.
Aquel día, miércoles 12 de mayo del 76, Policía y Ejército pusieron en marcha uno de los grandes operativos que se realizaron contra las organizaciones políticas antiliberales. En distintas intervenciones, detuvieron a integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y de la Juventud Guevarista (JG), además de familiares y gente cercana a éstos. En 5 días detuvieron a 22 personas, de las cuáles algunas continúan desaparecidas.
En horas de la madrugada chuparon a Daniel Moyano, 22 años, militante de la JG, estudiante de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva; a Víctor Sabattini, 30 años, empleado del Ministerio de Trabajo, militante del PRT, y a Nélida Allegrini, 26 años, docente, ama de casa, sin filiación partidaria. Los tres fueron violentamente privados de sus libertades, desde la casa de Moyano en Villa Nueva. Víctor y Nélida estaban con sus dos hijos en la habitación que alquilaban.
El jueves 13, en distintas operaciones se llevaron a cinco militantes de la JG: Virginia Adela Suárez, 23 años, docente de primaria y estudiante de la Escuela de Comunicación; Liliana Tognetti, 24 años, estudiante; Graciela Leda, 19 años, estudiante; Silvia Schvartzman, 26 años, trabajadora de una unión vecinal, y Eugenio París, 21 años, estudiante de Medicina. Todos fueron ilegalmente detenidos en sus casas familiares y luego trasladados en forma clandestina al D2.
El viernes 14, los secuestros alcanzaron a cinco jóvenes que estaban finalizando el secundario en la escuela ENET N°1 de Maipú y que militaban en el JG: Carlos Roca Acquaviva, 22 años; Vivian Acquaviva, 18 años; Héctor Pablo Granic, 20 años; Edmundo Samuel Beliveau, 20 años; y Hugo Alfredo Talquenca, 21 años. En ese operativo también se llevaron al hermano de Hugo, Julio Félix Talquenca, que tenía 22 años y ninguna vinculación con la JG. También fue secuestrado de su domicilio Raúl Acquaviva, 22 años, estudiante de Ingeniería en Petróleo y empleado del Ministerio de Desarrollo Social.
El sábado 15 se llevaron a Blanca Graciela Santamaría, 23 años, estudiante de Artes Plásticas, sin actividad militante registrada; y a María Silvia Campos, 23 años, estudiante de Medicina y militante del PRT. Los días 16, 17, 18, 19 y 20 la nómina de detenidos se completó con los secuestros de Mario Luis Santini, 20 años, estudiante de secundaria; Antonio Siro Vignoni, 30 años, empleado del Poder Judicial; Jaime Pedraza, 24 años, de nacionalidad chilena; y Nicolás Zárate, 49 años. Estos últimos no tenían actividad en ninguna organización política.
En cada detención ilegal los captores operaron de la misma forma. Las patotas estaban integradas por policías y militares que iban uniformados, de civil o disfrazados. Los secuestros se realizaron en horas de la noche o de madrugada, cuando los jóvenes descansaban en sus domicilios. Se llevaron también objetos de valor. Todos los detenidos fueron alojados en los calabozos del Departamento de Informaciones 2 (D2) y recibieron cruentas y reiteradas sesiones de torturas, con picanas y golpes, para extraerles información sobre sus pares. Luego fueron sometidos a un Consejo de Guerra, condenados, y permanecieron en la Penitenciaría Provincial y Unidades Penitenciarias de Buenos Aires hasta el regreso de la democracia.
La condena inconstitucional del Consejo de Guerra y el encierro en las cárceles no fue la suerte de todos. De los 22 detenidos en el operativo de mayo del 76, siete continúan desaparecidos. Daniel Moyano fue visto por última vez en los calabozos del D2, estaba en muy mal estado por las heridas que le habían provocado. A Virginia Suárez y a Blanca Graciela Santamaría los testigos las ubican por última vez en el Centro Clandestino de Detención Las Lajas donde se sabe fueron torturadas y violadas. Las huellas de los hermanos Julio Félix y Hugo Alfredo Talquenca se pierden el 14 de mayo, cuando los secuestraron de la casa de sus padres. También se desconoce cuál fue el destino de María Silvia Campos y de Mario Luis Santini. A pesar de los hábeas corpus presentados, nadie dio cuenta de su paradero después del secuestro.
La participación de la Policía de Mendoza, en lo que se conoce como la “lucha contra el enemigo político”, parte de la intervención federal de la Provincia en 1974, y la designación del vice comodoro Julio César Santuccione como cabeza de la fuerza de seguridad local. Luego, con las “leyes antisubversivas” del gobierno de la presidenta Isabel Martínez de Perón, la Policía incrementó su participación encarnando con mayor fuerza el exterminio de las organizaciones y sus miembros. Con el golpe, y la aplicación abierta del plan de aniquilación, la policía profundizó sus pasos por el mismo camino.
En este esquema, el rol del D2 fue crucial. Desde las tareas de espionaje e inteligencia, que comenzaron dos años antes del golpe y fueron utilizadas para devastar a las organizaciones, hasta su disposición, en el centro cívico de la Capital y sus instalaciones con sus calabozos pensados para ocultar cualquier movimiento y apagar cualquier ruido, se conformó este Centro Clandestino de Detención como el órgano represivo más grande de la Subzona 33, comprendida por Mendoza, San Juan y San Luis.
El operativo de secuestro contra integrantes del PRT-ERP y JG fue uno de los más significativos de los que se realizaron durante 1976. En febrero, las fuerzas de seguridad habían atentado contra miembros de la Juventud Peronista, en una serie de operaciones que se las conoció como “Operativo Rabanal”. Entre marzo y junio de ese año se produjeron el mayor número de secuestros.
Megacausa
La Megacausa D2 contempla una serie de delitos —homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, lesiones graves, violaciones y robos— cometidos contra 334 víctimas: 71 de ellas fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Más de una docena de los casos corresponde a niños y niñas.
Los crímenes se ubican en un amplio rango temporal que se extiende desde abril de 1974, cuando el D2 aún funcionaba en el edificio de la Unidad Regional I de la Policía de Mendoza —Montevideo y Mitre—, hasta el mismo mes de 1981. Algunos de los hechos se oirán por primera vez. Muchos fueron reconstruidos con anterioridad al investigar el rol de otras fuerzas del aparato represivo local. En esta ocasión se pondrá el foco en la responsabilidad directa del D2 a través de inteligencia, el secuestro de las víctimas o el cautiverio de las mismas en sus celdas.
En cuanto a los imputados, 28 policías llegan a juicio oral y público, 15 de ellos por primera vez: Rubén Oscar Blanco, Eduardo Germán Cía Villegas, Carlos Plácido Escobar Zurita, Teodoro Alejo Galigniana Oros, Lucas Marcelo Rubén Garay Domínguez, Gerónimo Antonio Mateo Jofré, Oscar Alfredo Maturano Ibaceta, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, Jacinto Salvador Olmedo Muñoz, Armando Oscar Quintero Bassi, Omar Pedro Reta Zárate, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi, José Lellis Sosa Córdoba, Juan Hipólito Tello Yáñez y Omar Pedro Venturino Amaker.
Por su parte, otros 13 suman condenas previas: Carlos Faustino Álvarez (6° juicio), Armando Osvaldo Fernández Miranda (3°, 4°, 6°, 9 y 10° juicio), Abelardo Santiago Garay (10° juicio), Rubén Darío González Camargo (4° juicio), Pablo José Gutiérrez Araya (4° y 6° juicio), Julio Héctor La Paz Calderón (4° juicio), Mario Alfredo Laporta (4° y 6° juicio), Celustiano Lucero (2° juicio), Ricardo Benjamín Miranda (3°, 4° y 6° juicio), Marcelo Rolando Moroy Suárez (4° y 9° juicio), José Esteban Roccato Villegas (9° juicio), Miguel Ángel Salinas (6° juicio) y Miguel Ángel Tello Amaya (4° y 6° juicio).
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