EXCLUSIVO | La directora de Catastro de Mendoza, Laura Jimena Luzuriaga, recibió un escandaloso beneficio tributario, gracias a un inexplicable avalúo fiscal en su propiedad del barrio privado Nuestra Señora del Rosario del Mendoza Rugby Club. La subvaloración catastral del inmueble redujo 17 veces su carga impositiva.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
Laura Jimena Luzuriaga es, desde el inicio de la gestión de Alfredo Cornejo, la directora general de Catastro, dependiente de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
De acuerdo con la legislación vigente, Luzuriaga debe “ejecutar la política catastral en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos, y administrar el catastro territorial a efectos de lograr su implementación integral, actualización y control”. Es decir, a esta funcionaria le corresponde, entre otras obligaciones, establecer los lineamientos del avalúo fiscal de las propiedades mendocinas, lo que sirve de base imponible para la determinación del impuesto inmobiliario.
Sin embargo, según los propios datos oficiales, Luzuriaga viene eludiendo -a sabiendas- el pago íntegro de adicionales tributarios sobre una de sus propiedades, aprovechando la deficiente registración catastral que ella misma debe actualizar y controlar.
Tal como consta en los archivos de la Oficina de Ética Pública de Mendoza, la directora de Catastro declaró bajo juramento haber adquirido, el 18 de marzo de 2021, un inmueble sin superficies construidas, en el departamento de Guaymallén. La propiedad de Jimena Luzuriaga, compartida en proporciones iguales con su cónyuge Pablo Antonio Arrigo, abarca un terreno de 783 m2, ubicado en un exclusivo barrio del distrito El Bermejo.
Hasta aquí nada que reprochar. Sin embargo, EL OTRO pudo corroborar, en las propias oficinas de Catastro que Luzuriaga dirige, que este inmueble (padrón 74-053356) es el único lote baldío del barrio privado que no tributa el adicional impositivo que corresponde a terrenos libres de mejoras.
La ley 9.432, que regula los impuestos y gravámenes correspondientes al año 2023, establece claramente que únicamente estarán exceptuados del pago del “adicional al baldío” los terrenos “cuyo valor unitario de la tierra determinados en la Ley de Avalúo 2023 sea inferior a pesos cuatrocientos doce ($ 412,00) el m2”.
Vaya sorpresa, o no tanta en una repartición plagada de irregularidades. El lote baldío de Luzuriaga, según la Dirección de Catastro que ella misma conduce, es la única propiedad, de las 148 que componen el barrio Nuestra Señora del Rosario del Mendoza Rugby Club, que posee un avalúo de $268 el m2, en tanto que el valor de la tierra del resto de los terrenos es de $538. Es decir que, por un extraño y excepcional cálculo catastral, el lote subvalorado en $165.783 quedó libre del adicional al baldío y, por lo tanto, bajo el privilegio de no tributar lo que la ley manda.
Obviamente, esta situación irregular provoca un daño objetivo a las arcas públicas y un beneficio económico directo a quien -justamente- preside la Comisión para el Avalúo Fiscal que debe protegerlas. En números concretos, de acuerdo a datos oficiales y estimaciones realizadas por tributaristas consultados por este diario, el baldío de la funcionaria recibió un diminuto impuesto anual de $513,93. O sea, 17 veces menos del que le correspondería según las leyes de Avalúo 9.431 e Impositiva 9.432.
