En el último año, el Gobierno de Mendoza duplicó el presupuesto de “erogaciones sin discriminar”, una caja oscura de libre uso destinada a operaciones del Ministerio de Seguridad. La utilización de estos fondos secretos está respaldada por viejas normas dictatoriales que los gobiernos surgidos de las urnas se niegan a derogar.
INVESTIGACIÓN EL OTRO | Por Negro Nasif
El artículo 27 de la ley provincial 1003, sancionada hace más de 90 años, aún autoriza al Poder Ejecutivo a realizar “gastos de carácter secreto o reservado” que, año tras año, son aprobados por el Tribunal de Cuentas a libro cerrado.
De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2023, la Legislatura de Mendoza aprobó una partida de 48 millones de pesos, bajo la denominación “erogaciones sin discriminar”, que asignó al Ministerio de Seguridad. Es decir que, en un solo un año, se duplicó esa caja completamente oscura que, se presume, es destinada a operaciones clasificadas de la Policía de Mendoza.
Contrariando los principios republicanos básicos, no existe norma alguna que asegure la transparencia en el manejo discrecional de estos dineros públicos, toda vez que el Gobierno de Mendoza no está obligado a exhibir las constancias formales de gastos, como una factura o un ticket, sino que basta con la entrega de las planillas de ejecuciones presupuestarias con referencias globales acerca del dinero desembolsado.
De hecho, el pasado 1 de marzo el Tribunal de Cuentas, mediante el fallo 17.838 aprobó sin más “la rendición de cuentas correspondiente a Erogaciones sin Discriminar (gastos reservados), presentada por el Ministerio de Seguridad correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”. No obstante, a tal punto llega la falta de publicidad de los actos de gobierno, que este cuerpo colegiado ni siquiera indicó el monto total de los gastos ocultos, modificando el criterio que sostenía hasta el año 2020, cuando estas sumas globales al menos eran mencionadas.
Entre las misiones trazadas por el propio organismo de contralor se propone “alentar que la comunidad perciba, en cada acto de los agentes del Tribunal de Cuentas, un aporte para mejorar la transparencia en el manejo de los fondos públicos”. El publicitado objetivo en este caso es letra muerta. Resulta extremadamente complejo para las y los ciudadanos mendocinos saber cuánto presupuesto se utiliza para actividades policiales secretas, a la vez que es imposible conocer el detalle o al menos el destino de los gastos reservados.
A 40 años de la recuperación de la democracia, perduran en Mendoza rémoras del oscurantismo que, de forma evidente, facilitan cajas millonarias de corrupción impune.
