El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) efectuó una denuncia penal contra el Secretario de Cultura, Diego Gareca. En diálogo con EL OTRO, el secretario general adjunto Federico Lorite brindó detalles de su declaración ante la Fiscalía de delitos económicos, en la que demandó que se investigue al funcionario radical por presunta malversación de fondos públicos.
Fotos: Coco Yañez
Corría enero de 2016. El ajuste en la planta del Estado anunciado por el gobernador Cornejo y la presión de medios de comunicación afines al oficialismo, le sirvió de excusa a Diego Gareca para laurearse y dejar en la calle a más de 40 trabajadores de la actual Secretaría de Cultura, una de las dependencias con menos presupuesto, que hoy navega en el vacío y sin dirección.
En aquel momento, a la par de la pompa mediática, el godoycruceño -acompañado por el subsecretario de Justicia Marcelo D’ Agostino- denunció ante la Fiscalía de delitos complejos a la ex ministra del área cultural Marizul Ibáñez, y a su subsecretario Fabricio Centorbi, por considerar que los contratos de los trabajadores despedidos eran ilegales.
Hoy, en efecto boomerang, SITEA denuncia al radical por la misma práctica: confección de contratos truchos y malversación de fondos públicos.
La semana pasada, la fiscal Susana Muscianisi le tomó declaración al secretario general adjunto de ese sindicato, Federico Lorite, con quien dialogamos para conocer más detalles de la acusación que hacen sobre Gareca.
EL OTRO: – ¿Cómo se entera el sindicato de estas irregularidades en Cultura?
Federico Lorite: – Nuestro contacto con los compañeros de cultura surgió desde el momento en que un acuerdo paritario de 2015 ordena el pase a planta de todo el personal contratado, bajo cualquier modalidad con fondos provinciales. En ese momento, un grupo de esos compañeros, precisamente del ex banco hipotecario (NdR: sede administrativa del área cultural) se acercan a SITEA para asesorarse por su situación.
Es así que introducimos la discusión, logrando un acta complementaria que fue firmada y avalada por el gobierno provincial en la que se ratificó que ese acuerdo contemplaba a esos empleados de Cultura.
Como la paritaria es un contrato, empezamos a hacer las presentaciones correspondientes y los trámites administrativos para cumplir con los pases a planta. Cuando cambia la gestión, lo primero que hace Gareca es denunciar a Marizul Ibáñez y despedir a cuarenta trabajadores que se encontraban en esa modalidad ya tramitando su estabilidad.
En ese momento los medios y el elenco político triunfante denunciaban ñoquis por doquier…
Claro, pero previo a la denuncia de Gareca, nosotros habíamos hecho un minucioso registro con una escribana en Le Parc, en el ECA, en el Teatro Independencia, el Memorial de la Bandera y en el mismo Ministerio de Cultura, pidiendo los libros de asistencia donde firmaban estos trabajadores, corroborando que no eran ñoquis ni fantasmas como acusaban sectores ligados a Cornejo. Trabajaban todos los días como cualquier trabajador. Registramos unos cuarenta casos, entre los que se encontraban dos delegadas de nuestro sindicato con funciones en el Le Parc.
Tras ese registro, hacemos una presentación reclamando su incorporación a la planta permanente y la asesora letrada de Cultura Roxana Foschi (quien en la actualidad se mantiene en el cargo) nos dice que esos contratos son irregulares y no correspondían. Algo en lo que acordábamos, por eso solicitábamos su regularización.
¿Y cuál es el motivo por el que ahora denuncian a Gareca?
Porque al poco tiempo, lo mismo que denunciaron en la Justicia y calificaban como irregular, comienzan a repetirlo en su gestión. Los trabajadores que nosotros registramos fueron despedidos, incluyendo dos delegadas, a las que no se les respetó siquiera su fuero gremial. Gareca hace lo mismo que denunció como ilegal.
Por eso decidimos denunciar penalmente a Gareca: para que explique en el ámbito judicial, ya que nunca nos respondió ni las notas que le enviamos ni los cuestionamientos hechos en paritarias, por qué continuó con este tipo de contrataciones que él mismo había denunciado.
¿Aportaron pruebas a su denuncia?
Sí. Hemos aportado varias copias de este tipo de contratación. Y seguiremos aportando porque todos los días nos llega más documentación que prueba estas irregularidades. La grieta se va abriendo. Al principio la gente tiene miedo, pero una vez que se publica se va arrimando a contar otras situaciones. La realidad la pueden tapar los medios, pero hasta cierto punto y si se te cae una grúa…
¿Creés que la denuncia cobró incluso mayor relevancia ante la negativa de Gareca de presentarse en la Legislatura?
Puede ser. La presentamos el 21 de marzo y a los tres días me convocaron a declarar ante la fiscal Susana Muscianisi. Pero la verdad es que no hace falta tanta interpretación, nosotros presentamos copias de contratos que Gareca realizó en su gestión a pesar de haberlos denunciado apenas asumió. Y tenemos muy fresco el recuerdo de sus propias declaraciones cuando denunció a la anterior ministra.
¿Cuál es la intención de SITEA con esta denuncia? Seguramente se los acusa de tener alguna intencionalidad “política”…
Nosotros queremos que se respeten los acuerdos paritarios y que los compañeros despedidos sean reincorporados y pasados a planta. No pedimos la renuncia de Gareca, pero sí que explique por qué sigue negreando a los trabajadores, por qué ha incorporado a gente nueva de su grupo bajo las mismas condiciones irregulares.
¿Por qué piensan que tanto la gestión anterior como esta de Gareca han confeccionado este tipo de contratos?
Mano de obra barata, agilización administrativa y negociados. Por eso pedimos que se investigue: existe netamente una malversación de fondos públicos. Esas contrataciones a veces ni siquiera toman estado público y se transforman en una caja sin control.
Eso es lo que se sabe de Cultura, pero ustedes que tienen una visión panorámica del Estado, ¿saben de casos en otras dependencias?
Así, groseramente, no. Existen contrataciones y locaciones arbitrarias, por amiguismo. Se sabe de algunas áreas donde se ha engrosado el cuerpo de asesores, con clases fuera de escalafón. Pero esto de Cultura es exageradamente desprolijo.
¿Les preocupa algo más del área de cultura?
Sí. La verdad es que no sabemos cuál es la política cultural del gobierno. ¿Reducir costos? Se redujeron en Vendimia y pasó lo que pasó. No hay espacios culturales. Hacer del Le Parc un espacio de pelopinchos para los pibes en verano fue un papelón, no hay relación con muchos hacedores culturales.
Pero además, eso de concentrar las responsabilidades en las empresas es muy burdo. ¿El Estado no controla entonces?
Leé el texto de la denuncia penal completa aquí.
