La Dirección General de Escuelas adeuda, desde julio de 2016, los sueldos de todos los coordinadores de políticas estudiantiles que cumplen funciones en los institutos de formación docente de la Provincia. Nuevamente, el Director de Educación Superior, Gustavo Capone, en el centro de los cuestionamientos.
El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) se inauguró en abril de 2007, para dinamizar y jerarquizar las carreras de los y las futuras formadoras, al tiempo que se crearon los cargos de Coordinadores Institucionales de Políticas Estudiantiles (CIPES), ocupados por trabajadores encargados de “promover la participación e involucramiento de los estudiantes en la gestión democrática de las instituciones y en el mejoramiento académico”.
Entre otras tareas, los coordinadores deben canalizar y gestionar las becas y los estímulos económicos que el Estado presta a este sector estudiantil de nivel superior, para lograr una terminalidad educativa eficiente, en el proceso de formación de futuros docentes de inicial, primario y secundario.
En Mendoza, son 30 personas las que desempeñan estas funciones en los IES (Institutos de Educación Superior), dependientes de la DGE.
Trabajo gratuito y excusas oficiales
Mientras por estos días se da un intenso debate sobre el insuficiente aumento salarial de los trabajadores de la educación, los coordinadores de políticas estudiantiles ni siquiera cobran sus haberes. Las partidas presupuestarias para el pago de esos sueldos dependen de las arcas del ministerio nacional, sin embargo la gestión para la efectiva acreditación es responsabilidad del gobierno de la provincia, y es aquí, como ya ocurrió en otros casos, donde la ineficiencia administrativa se traduce en una demora injustificada en algo tan vital como el salario.
Ante los sucesivos reclamos verbales y escritos las excusas oficiales también se reiteran: que los fondos aún no los gira la Nación, que falta documentación en los expedientes, que están los papeles pero no las firmas…
Los trabajadores apuntan a Tamara Salomón, titular del Área de Políticas Estudiantiles de la DGE, como responsable de la inoperancia con que se ha manejado el funcionamiento de las coordinaciones. La funcionaria, militante del Franja Morada y delfín político del rector de la UNCuyo Daniel Pizzi, está bajo la órbita administrativa del Director de Educación Superior, Gustavo Capone, quien si bien no tomaría el toro por las astas para evitar fricciones políticas al interior del radicalismo, tiene obligaciones de gestión ineludibles.
A merced de la precarización
La situación de los 30 coordinadores es un ejemplo más de la precarización laboral que aún padecen miles de trabajadores del Estado. Los gobiernos cambian pero los cambios no aparecen. No obstante ser empleados estatales, estos trabajadores están bajo el régimen de los autónomos. En los papeles figuran como “prestadores de servicios”, una figura usual para encubrir “contratos basura” que no garantizan derechos laborales mínimos, como aportes patronales, estabilidad, pago de vacaciones, aguinaldos, licencias por enfermedad, embarazo, etc.
En Mendoza, a diferencia de otras provincias donde esta política también se implementa, las coordinaciones no comenzaron a trabajar hasta julio de 2016, por la ausencia de gestiones provinciales que activaran el “diezmado ministerio nacional”. Incluso, muchos de estos trabajadores empezaron a prestar funciones un mes antes de tener un contrato vigente.
“La verdad que es una pena esto que está pasando, porque no sabemos nada de nada. A mi escuela llegó el aviso de recontratación y sólo me dijeron “te tenés que notificar”. Lo hice pero nunca nadie me respondió. Por mi parte me avisaron que mi contrato y facturas están OK, pero aún no me pagaron”, relató uno de los coordinadores de CIPES.
El fin del año pasado encontró a estos trabajadores de la educación con la esperanza frustrada de cobrar el semestre trabajado. Este año, nuevamente las promesas han sido incumplidas por el gobierno escolar y, pese a los renovados reclamos, ninguna autoridad de la Dirección de Educación Superior o del Área de Políticas Estudiantiles se contactó formalmente con ellos.
