El Observatorio “Lucía Pérez” de Violencia Patriarcal publicó recientemente su último informe, donde además de incluir datos de femicidios y travesticidios, infancias huérfanas, movilizaciones, sumó un registro nacional de funcionarios públicos denunciados por violencia de género. Esta última muestra se basa en informaciones periodísticas de los últimos tres años. En el caso de nuestra provincia, figuran nueve denuncias contra ocho funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial. Desde nuestro diario sumamos otros antecedentes sustanciales y que en su momento generaron un gran impacto en la sociedad mendocina, de acuerdo a testimonios recabados por nuestro trabajo periodístico, contra el exministro de Seguridad, Gianni Venier; el exdirector del IUSP, Alejandro Antón; y el encargado de Compras de ese Instituto, Ceferino Sánchez.
Por Milagritos Contreras | Fotos: Silvana Díaz Coppoletta
El pasado 8 de octubre se cumplieron 5 años del femicidio de Lucía Pérez y hasta ahora su familia sigue esperando justicia. En el 2018, el Tribunal Oral en lo criminal de Mar del Plata absolvió por unanimidad a los tres imputados: Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, por el abuso sexual y femicidio de Lucía y sólo dos de ellos fueron condenados por delitos vinculados a tenencia y tráfico de estupefacientes. Un fallo verdaderamente patriarcal, opuesto a todas las leyes contra la violencia sexual y completamente alejado de toda perspectiva de género.
El caso de Lucía conmocionó tanto a la sociedad argentina que conllevó al primer paro nacional de mujeres en octubre de 2016. Y luego de la insistencia por el pedido de justicia de parte de familiares y organizaciones feministas, en agosto del año pasado la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires anuló el fallo que dejó impune el femicidio. En agosto de este año, la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la realización de un nuevo juicio oral con perspectiva de género para Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Tras cumplirse los cinco años del cruento hecho, se volvieron a realizar manifestaciones para dar inicio de una vez por todas al nuevo juicio.
La cooperativa de trabajo Lavaca que edita lavaca.org, cuenta con el Observatorio Lucía Pérez que, de acuerdo a lo mencionado por el portal en su presentación, “es una herramienta de análisis, debate y acción para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades. Los padrones que aquí compartimos los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos aquí recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas […]”
El año pasado, el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia machista. Olga había denunciado en el año 2002 al padre de sus hijos, Luis Palavecino, pero la ineficacia del Estado no tardó en demostrarse, por lo que en 2017 la mujer sufrió un intento de femicidio por el que pasó 45 días internada en terapia intensiva. Luego de recuperarse, junto a la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa (MPD), decidió denunciar al Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw, en inglés) por no haber respondido a todas las denuncias que ella hizo.
Este acuerdo amistoso incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo, por lo que obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre las cuales se puede mencionar:
El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.
También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a la violencia de género, en el que conste además el trámite impartido en esas denuncias”.
Pero al día de hoy el Consejo de la Magistratura sólo ha publicado en su página web un registro que se puede descargar en un archivo pdf, que únicamente cuenta con datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de las denuncias.
Debido a esta ineficiente respuesta por parte del Estado argentino, es que el Observatorio Lucía Pérez creó un padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 153 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.
El Observatorio aclara que los 153 casos no significan la totalidad de funcionarios denunciados. Representa apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas de los últimos años.
En el caso de Mendoza, constan nueve denuncias contra ocho funcionarios: Ceferino Sánchez, encargado de Compras del Instituto Universitario de Seguridad Pública; Rubén Giacchi, ministro de Salud; Fabricio Sidoti, fiscal penal; Marcelo Esquivel, comisario; Alejandro Jofré, subsecretario de Trabajo; Sergio Salgado, intendente de Santa Rosa; Jaime Correas, director general de Escuelas; Gustavo Estrella, Séptima Cámara Laboral.
Desde EL OTRO nos tomamos el atrevimiento de aportar a esta minuciosa investigación de parte de lavaca.org, e incluimos otras denuncias de gran interés y que en su momento generaron impacto en el plano local:
Venier, con prohibición de acercamiento por violencia de género
El 3 de septiembre del 2018, la jueza a cargo del Séptimo Juzgado de Familia Flavia Ferraro ordenó “la prohibición de acercamiento y acceso” del entonces Ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier hacia quien en ese momento era su cónyuge.
Esta resolución por parte de la magistrada se produjo a partir de la denuncia por violencia intrafamiliar realizada por la entonces esposa del exministro, que consta en el expediente 1537/18 de la Justicia de Familia provincial.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso nuestro diario, Venier se había separado de hecho desde marzo de ese año, momento en el que la denunciante solicitó el divorcio y la manutención de su hijo. Pero tal fue el hostigamiento del ex ministro, que llevó a la mujer develar la violencia ejercida por el mandamás de Seguridad.
Referente de la UCR condenado por violencia de género
Si bien figuran dos denuncias en el Padrón contra este funcionario, no se consigna una sentencia que confirma antecedentes de violencia de género por parte de Ceferino Sánchez. En mayo de este año, la Justicia dictaminó que el encargado de Compras y Suministros del Instituto de Seguridad Pública (IUSP) ejerció violencia machista contra Linda Martínez, extrabajadora de esa institución. La condena que le pesa al dirigente de la UCR de Maipú se efectúa tras la demanda, en el año 2018, de Martínez por hostigamiento laboral, acoso sexual, amenazas y lesiones leves. Además de obligar a Sánchez a reparar económicamente a Martínez.
Pero esta denuncia es apenas la punta del iceberg de otras más, y que en el caso de nuestro diario contamos con los testimonios en primera persona de cuatro mujeres del mismo Instituto que no quisieron callar más. Es el caso de María José Perdezolli, María Lucero, Alejandra Córdova y Liliana Sánchez, que han sufrido por parte de Ceferino Sánchez hostigamiento, acoso, amenazas al punto de lograr aislarlas de sus respectivas tareas o funciones. En la actualidad, pese a contar con una condena, el violento de Sánchez sigue en su cargo y las autoridades del IUSP continúan favoreciendo al victimario en lugar de ofrecer protección a sus trabajadoras.
Recientemente, Liliana Sánchez advirtió que “la hacen usar el baño de policías varones y se ve obligada a lavar ahí mismo su taza y utensilios, porque es la forma de ‘cuidarla’, de acuerdo a lo que le mencionaron autoridades del IUSP, para evitar el contacto con Ceferino Sánchez”. Una forma de cuidar bastante alejada de lo que establece la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales.
IUSP: Violencia machista, hostigamiento laboral y silencio cómplice
El 11 de marzo de este año, el Instituto Universitario de Seguridad Pública despidió a su exdirector Alejandro Antón, funcionario denunciado por violencia de género y laboral por la docente María José Pederzolli, quien cumple tareas administrativas en esa institución: “Cada una de nosotras sufría estas situaciones de violencia muchas veces ejercidas por Alejandro Antón, otras de parte de Ceferino Sánchez. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que éramos un grupo de mujeres violentadas durante muchos años pero en forma separada. Creo que esa es la actitud del violento, mantenernos aisladas para no denunciar”.
“Al cuarto día que tomó la dirección Antón en el Instituto fue la primera discusión en la que hubo gritos, golpes en el escritorio, y también me echó de la oficina. Obviamente el maltrato continuó pero pude denunciar. Dentro de la institución nadie se hace cargo legalmente de nuestras denuncias, tuve que pagar un abogado privado para poder sostenerla. Lamentablemente hay que tener dinero para poder defenderte”, aseguró María José.
Pederzolli no fue la única que sufrió violencia por parte de Antón. También lo acusaron de maltratador María Lucero, Alejandra Córdova y Liliana Sánchez, ya que el abuso constante venía desde su propia dirección hasta el encargado de Compras y Suministros del IUSP. Con total complicidad, Antón encubría y sostenía a su aliado machista como forma de mantener aisladas a sus víctimas y sin poder defenderse dentro de la misma institución.
A pesar de que hasta el día de hoy las víctimas reclaman al Gobierno la remoción de Ceferino Sánchez de su cargo, el nuevo director del Instituto, Alberto Rivero, continúa en la misma línea de su predecesor, resguardando al violento y exponiendo a sus víctimas.
IUSP: Violencia machista, hostigamiento laboral y silencio cómplice
