La Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos Xumek presentó su Informe Anual 2023, sobre la Situación de los DD HH en Mendoza.
Fotos: Coco Yañez
El pasado 1 de diciembre, en el auditorio Luis Triviño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, la asociación Xumec dio a conocer su Informe Anual 2023 (disponible aquí), cuyo prólogo, escrito por el abogado Pablo Garciarena el 30 de octubre de este año, reproducimos a continuación:
Las páginas que siguen pretenden dar cuenta de la tarea realizada por los y las activistas, militantes y voluntarios que integran las distintas áreas temáticas de nuestra asociación. Cada artículo, cada capítulo, cada informe que componen el presente está precedido no solo de un interés y un saber específico respecto a la temática abordada sino, y especialmente, está inspirado en la voluntad colectiva de ir en busca, de interpelar, de visibilizar, de traer de los márgenes y de la periferia, la vulneración estructural de derechos de los sectores históricamente excluidos.
Violencia institucional, abuso policial, pueblos originarios, mujeres privadas de libertad, migrantes, infancias, barrios populares, entre otros, conforman un entramado de problemáticas que no solo no integran la agenda prioritaria del Estado Nacional, Provincial o Municipal, sino que además, en muchos casos, esos colectivos se constituyen en chivos expiatorios que nutren discursos y posiciones políticas donde cargan a la cuenta de los mismos gran parte de los fracasos estructurales de las políticas públicas en las últimas décadas.
La respuesta punitiva como recurso demagógico frente a la conflictividad social, la criminalización de la pobreza y la protesta social, el cuestionamiento del “gasto irracional” en seguridad social (“los planeros”) como causa de las deficientes políticas económicas, entre otros, conforman y consolidan un discurso que permea en amplios sectores de la ciudadanía, especialmente la clase media, que se percibe amenazada en su condición de tal, y que otorgan una equívoca legitimidad para decisiones políticas regresivas y de repliegue de la intervención estatal, en definitiva, de restricción de derechos.
El contexto electoral del presente año ha sido tierra fértil para la emergencia de esos discursos, que socavan las bases mismas del sistema democrático, y a la vez, cuestionan roles básicos del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, los derechos que garantizan la vida digna y que, como sabemos, exigen una acción positiva del Estado.
Mientras escribimos estas palabras, la coyuntura se manifiesta como arrasadora, más del 40% de la población está bajo la línea de la pobreza y en el caso de niños, niñas y adolescentes ese porcentaje es aún mayor. La contienda electoral por dirimirse sobre el final del presente año contiene una propuesta -con ciertas chances de vencerabiertamente antidemocrática, elitista, discriminatoria y odiante de los sectores populares.
La paradoja es la siguiente: a cuatro décadas de la recuperación de sistema democrático, vemos emerger con legitimidad social -al punto tal de consolidar un espacio político con chances del triunfo electoral- discursos y propuestas que van desde el negacionismo del terrorismo de Estado hasta la mercantilización de derechos básicos como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, etc. Tal vez lo más desolador es que esos discursos calan y son apropiados por amplios sectores de jóvenes, todos nacidos en democracia.
Advertimos un clima de época donde la crisis no solo es material, sino que también es una crisis que pone en juego las identidades fundantes de nuestro cuerpo social, esos lazos y acuerdos por décadas inamovibles y que hoy aparecen lábiles e inestables.
Este es el contexto que ha rodeado nuestro compromiso y acción militante el presente año. Por eso, aún reconociendo el impacto subjetivo que la realidad despliega sobre nuestras mentes y cuerpos, la búsqueda y el movimiento ha sido no el repliegue sino el encuentro, anudar vínculos y construir refugios, como decía Ulloa, desde la práctica de la ternura como acto político y revolucionario en tiempos de barbarización de los lazos sociales.
Desde esos encuentros y refugios se profundizaron y fortalecieron las alianzas estratégicas con las organizaciones sociales de base, que son la primera barrera de resistencia frente a un Estado que no provee ni garantiza derechos, sino que los vulnera.
Así, quienes recorran el presente informe podrán advertir el hilo conductor que orientó nuestra tarea en el contexto descripto.
Continuamos con la participación en las misiones internacionales de solidaridad y derechos humanos, frente a la continuidad sistémica de la respuesta represiva de los estados en la región.
Así, en el mes de febrero, estuvimos en la República del Perú escuchando a las víctimas y denunciando la vulneración de los derechos fundamentales del pueblo peruano. En la misma línea de compromiso activista, participamos de las misiones y delegaciones que relevaron testimonios y denuncias de las violaciones de derechos, especialmente de los pueblos originarios, ocurridas en la provincia de Jujuy, las que ya no son novedosas, y que pretendieron cristalizarse en el proyecto de reforma constitucional de dicha provincia.
Sostuvimos y profundizamos nuestra articulación con las organizaciones sociales en territorio, a través del dispositivo REPAD. Con el cual, además, este año realizamos la primera instancia de formación de promotores/as en derechos para referentes territoriales en alianza con la universidad pública, especialmente, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Asimismo, continuamos las acciones vinculadas a la incidencia internacional, participando en el proceso de solicitud de opinión consultiva de la Corte Interamerica de Derechos Humanos, en una de las temáticas que mayor impacto tiene en el mundo, como es la emergencia climática.
En el ámbito local, se sostuvo la participación en casos de litigio estratégico, entre ellos la causa “Próvolo”, donde aún frente a la respuesta de impunidad y complicidad dada por el Poder Judicial de Mendoza, se mantiene el acompañamiento a las víctimas y se prosiguen las instancias recursivas correspondientes.
En materia de Género y Diversidad, se llevó a cabo el proyecto “ENTRAMAR, derecho a los cuidados”, vinculado al ejercicio de las tareas de cuidado en contexto de encierro junto con mujeres y disidencias alojadas en la Unidad Penal III de Almafuerte.
Entendemos el rol protagónico que les debe ser reconocido a las niñeces y adolescencias en sus vidas, por lo que ha sido fundamental reforzar las instancias de diálogo y debate sobre violencias en ámbitos de escuelas secundarias y seguir apuntando al análisis de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y su real implementación, como derecho humano de niños, niñas y adolescentes.
Un apartado merece el trabajo desarrollado junto a las comunidades indígenas existentes en nuestra Provincia, en el marco de dos proyectos vinculados a la sistematización y relevamiento de datos y a la capacitación sobre derechos de los pueblos indígenas dirigidas a quienes ejercen la función pública. Esto último de gran relevancia atento al pronunciamiento de la Cámara de Diputados de Mendoza a comienzos de año negando la identidad del pueblo mapuche y, con ello, sus derechos, reforzando el avance de los discursos de odio y la instalación del negacionismo y racismo estructural.
Abordar las deudas y los desafíos en materia ambiental exige una reflexión crítica sobre la consolidación de nuestra democracia.
Las desastrosas consecuencias ecológicas y las graves tensiones sociales que han significado el método extractivista propio de un sistema económico explotador de nuestros bienes comunes, “hidroagota” y saquea nuestros territorios, destruyendo nuestro futuro. En el capítulo “Emergencia hídrica “real” con la injerencia de Mekorot a nuestro territorio” queda de manifiesto.
También, en materia de vinculación institucional, se puso en marcha la primera cohorte (con más de 50 inscriptos) del Diplomado en Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, instancia de formación realizada entre nuestra asociación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.
Mención especial a nuestra participación en el Primer Encuentro Nacional de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC), de la cual somos miembros promotores, como así también la organización y realización del Encuentro Regional de la Red en nuestra provincia, denominado “El derecho como herramienta emancipadora”, espacio de debate y reflexión respecto a rol de la abogacía comunitaria y el empoderamiento jurídico.
Finalmente, y en ocasión de los 40 años de la recuperación de la democracia, acompaña nuestro informe anual, un Dossier que propone reunir el sentir y pensar de distintos referentes de DDHH, cuyo objetivo no sólo es la conmemoración de dicha fecha sino también pretende ser un aporte para mantener y profundizar el debate en torno a la consolidación del sistema democrático y el Estado de derecho, especialmente en estos días.
Así, en un año de plena disputa de sentidos, seguimos construyendo nuestro refugio y nuestro espacio de encuentro desde el cual sostenemos la lucha cotidiana y nuestro activismo, cuyo horizonte y utopía es la plena vigencia de los derechos que garantizan la vida digna, el buen vivir de nuestros pueblos y el cuidado de nuestra casa común.
Como lo decimos cada año, seguiremos presentes en los estrados judiciales, en las oficinas de los organismos internacionales, en los ámbitos académicos, pero también y fundamentalmente en los barrios, en las calles, en las plazas y en cada lucha o reclamo por el derecho a una vida digna, especialmente de aquellos históricamente excluidos, de los nadie.
Ni un paso atrás, ni para tomar distancia.
Informe 2023: Situación de los Derechos Humanos en Mendoza
Dossier: 40 años de Democracia
