El pasado viernes, la (in)Justicia mendocina le concedió la libertad a Kumiko Kosaka, acusada por delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, como partícipe primaria por omisión. La monja de la Iglesia Católica, quien continúa procesada, era la única que cumplía prisión domiciliaria entre las nueve personas imputadas en este segundo juicio. En tanto les sobrevivientes de este aberrante caso aún no cuentan con reparación alguna que les permita vivir dignamente. Es que el gobierno de Rodolfo Suarez –a más de cinco años de destaparse el horror– desoye constantemente las demandas de las familias por asistencia médica, piscológica, educativa y económica. La dilación del proceso hace cada vez más lejana la obtención de sentencias condenatorias.
Por Milagritos Contreras | Fotos de archivo: Seba Heras
El caso Próvolo inició su proceso judicial en el año 2016 y cuenta con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de curas, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetrados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos, que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.
En la primera etapa del megajuicio, los sacerdotes recibieron condenas históricas, en el caso de Nicola Corradi 45 años de prisión, Horacio Corbacho 42 años; además de los 18 años de cárcel para el jardinero Armando Gómez.
En esta segunda etapa, se unifican tres causas, con nueve mujeres imputadas, entre ellas las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, la representante legal Graciela Pascual, las exdirectoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz. Imputadas por gravísimos delitos, tales como abuso sexual agravado y corrupción de menores. La única que cumplía con prisión domiciliaria hasta la semana pasada era Kosaka, mientras que las demás seguían el juicio en libertad.
“Llevamos mucho tiempo sin que Kumiko tenga una sentencia condenatoria”
“Con el profundo dolor de la injusticia y la impunidad haciéndose nudo en nuestras gargantas y manos, queda libre una de las protagonistas y encubridoras de abusos en el Instituto Próvolo, la monja Kumiko Kosaka. Que los jueces y la defensa de la acusada, que son quienes han promovido la dilación en el proceso judicial y luego utilizan este mismo criterio para garantizar la libertad, asuman la responsabilidad del impacto que esto genera en sobrevivientes y familiares. Que la sociedad mendocina no se olvide que camina por nuestras calles una de las mayores perpetradoras del horror que vivieron niñxs y adolescentes en el Instituto Próvolo de Luján”, reza parte del comunicado publicado, el viernes pasado, por el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo Mendoza.
En diálogo con EL OTRO, Lucas Lecour, presidente de la organización Xumek y abogado querellante en la causa, expresó su descontento luego de que la Justicia dejara en libertad a Kumiko Kosaka, quien fue detenida en 2017 y hasta el viernes pasado cumplía prisión domiciliaria: “Lo que ha pasado hoy es que se ha ordenado la libertad de Kumiko porque se vencieron los plazos para que una persona pueda estar privada de la libertad sin condena, pero no significa que ha cambiado su situación procesal, que ha mejorado su situación, que no le crean a las víctimas o que se ha terminado el juicio respecto a ella. El Código Penal prevé un tiempo por el que una persona puede llegar a estar privada de la libertad sin condena y cuando se supera este tiempo, obligatoriamente tienen que concederle la libertad. Acá ha sido tan lento todo que, obviamente, se benefició a Kumiko, quien llegó a esta instancia, después de cinco años, sin una condena en su contra”.
“Llevamos 1 año y un mes desde que inició el juicio y recién han declarado 30 testigos y aún falta que declaren 230 más”, afirma Lecour al referirse a los plazos judiciales y, cuando este diario le consultó respecto a la vulneración a las que una vez más se ven expuestos las y los sobrevivientes, remarcó: “Existe un riesgo, obviamente Kumiko tiene prohibido acercarse a las víctimas, ponerse en contacto con ellas. Por supuesto que a las víctimas no les gusta que la Justicia diga que ella esté en libertad, y lo aún más grave acá es que llevamos mucho tiempo sin que se dicte una sentencia condenatoria”.
Además de evitar el contacto con las víctimas, la Justicia estableció las siguientes condiciones: mantener la fianza real de 2 millones de pesos; lo cual obliga a la monja a fijar y mantener un domicilio y a permanecer a disposición del Tribunal, motivo por el cual no tiene permitido salir del país ni debe ausentarse de la provincia sin autorización judicial.
“Los chicos la señalan como la entregadora”
Las dilaciones de la (in)Justicia mendocina, la Iglesia que encubre a una red escabrosa de abuso sexual eclesiástico, el Estado que de la mano de Suarez no se hace presente, son las contras que -tras haber pasado más de cinco años desde que comenzó el juicio – aún sobrevivientes y familiares enfrentan todos los días para no desistir en su pedido de justicia y reparación integral.
Julia Morcos, integrante del Colectivo por la Restitución de Derechos de los y las Sobrevivientes del Próvolo, y referenta de La Colectiva Mendoza, dialogó con este medio y apuntó duramente contra el Tribunal Judicial y el gobierno local: “Kumiko Kosaka está acusada de cometer abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes que asistían al instituto, agravado por estar a cargo de la custodia de los chicos. Ellos la señalan como ‘la entregadora’ y quien facilitaba también el acceso de quienes perpetraban los abusos con ellos. Esto es muy grave, ella queda en libertad al vencerse los plazos para tener a una persona detenida en prisión preventiva, y eso ocurre porque en este juicio se han presentado muchísimas dilaciones por parte de la defensa de Kumiko, postergaciones a las que, por supuesto, la Justicia les ha dado lugar, por eso no se puede avanzar en este proceso judicial. Todo viene siendo muy lento, si seguimos así tenemos una proyección de que este juicio duraría nueve años”.
Morcos también señala que este año el Colectivo mantuvo una reunión con el juez de la Suprema Corte, José Valerio quien recordemos cuenta con fallos misóginos y homofóbicos, a quien se le planteó toda esta situación y prometió tomar medidas. Sin embargo, no se han visto efectivizadas. “Dentro de este proceso judicial se han cometido todo tipo de atropellos contra los derechos de les sobrevivientes, por ejemplo, se los ha obligado volver a declarar en jornadas muy extensas, hay sobrevivientes que han declarado más de veinte veces. El Tribunal no ha dispuesto que la duración de cada día de juicio sea extendida, porque no ha liberado a los jueces para que puedan hacer eso, entonces son días de media jornada, con lo cual esto significa aún más revictimización para los y las sobrevivientes”.
La reparación integral en el olvido
La sentencia que condenó a los curas Corradi y Corbacho ordenaba medidas de reparación integral a les sobrevivientes. En procesos judiciales normales, estas acciones demoran aproximadamente seis meses en concretarse. En el caso Próvolo, les sobrevivientes llevan más de dos años esperando por ellas.
Estas medidas buscan que se brinde opciones educativas o de capacitación formal a les sobrevivientes según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, se dé tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, se garantice el acceso a becas, subsidios o programas de ayuda y se busquen soluciones a la problemática habitacional de ellos, ellas y sus familias. Sin embargo, el Estado mira para otro lado como ocurre comúnmente con les más vulnerades.
“Estamos atravesando el sexto año desde que empezó la causa – no hemos conseguido grandes avances en cuanto a la restitución de derechos y con toda la demanda que nosotras le hacemos al gobierno provincial, que tiene que ver con el abordaje integral a cada una y a cada uno de los sobrevivientes y sus familias. Entonces la noticia de que Kumiko está en libertad, tiene unas consecuencias terribles en la vida de los sobrevivientes. Para ellos, psicológicamente, Kumiko implica muchas cosas negativas, muchas cosas que atrasan en su proceso psicológico de volver a tener un proyecto de vida, de volver a tener sueños. Por ende esta noticia nos llena de bronca, nos llena de indignación, nos llena de vergüenza ante la Justicia mendocina y la impunidad con la que se manejan, con la falta de perspectiva de discapacidad, con la falta de perspectiva de género, con la falta de perspectiva de una Justicia que hable en lengua de señas”, denunció Julia ante la inacción del gobierno local y la inoperancia del Poder Judicial.
Para completar, la militante feminista recordó que, pese a los obstáculos que presenta la defensa de las acusadas, no dejarán de organizarse para exigir justicia: “Quiero brindar un mensaje esperanzador a todas las familias que seguimos luchando para exigir condenas firmes, para exigir restitución de derechos, porque no vamos a bajar los brazos, porque este colectivo sigue en pie. Seguimos abrazándonos todas las familias, los sobrevivientes y los equipos de abogados que acompañan”.
Las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, la representante legal Graciela Pascual, las exdirectoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz, todas ellas, por acción u omisión, permitieron que les sobrevivientes atravesaran el horror, todas ellas posibilitaron que los abusos, torturas e indescriptibles aberraciones se cometieran contra niñas y niños sordas/os en el Instituto Próvolo de Mendoza.
Recordemos sus nombres, exijamos justicia, para que hechos como los sucedidos no vuelvan a ocurrir nunca más, ni en Mendoza ni en ninguna parte del mundo.
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