El Gobierno Nacional tiene programado cambiar la normativa que rige actualmente por una que se base en el Modelo Social, el cual concibe a las personas con discapacidad como sujetos activos de la vida en sociedad, en todas sus esferas. El proyecto, según fuentes oficiales, apunta al reconocimiento de derechos humanos, civiles y políticos y de libertades fundamentales, con el objetivo de alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad.
Por Redacción EL OTRO | Fotos: Coco Yañez
El proyecto de ley “básicamente plasma un nuevo modelo que está vigente hoy en todo el mundo, que fue ratificado por la Argentina con la Convención de los Derechos por la Discapacidad en el 2008, y adquirió rango constitucional en el 2014, y que pone foco en la persona, ver a la persona como sujeto de derechos y no de cuidados permanentes, tal como establece la actual ley 22.431, de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, sancionada y promulgada en 1981, durante la última dictadura cívico-militar”, explica Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El programa que se ha propuesto el Ejecutivo Nacional contempla como primera etapa una Consulta Federal, que comenzó el 1 de marzo y que se extendió hasta el 15 de junio, para recoger aportes y opiniones de organizaciones sociales, familias, organismos públicos, universidad y entidades en general vinculadas a las personas con discapacidad. Luego de la incorporación de los aportes el paso siguiente será el envío del proyecto al Congreso, que según se prevé debería ocurrir antes de que finalice 2022.
En nuestra provincia, el Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza, primera y única organización de personas con discapacidad, conformada para la defensa de derechos, vienen trabajando en el cambio de normativa. El Observatorio está activo desde el año 2014 brindando acompañamiento y representación para que se haga efectivo el cumplimiento de atenciones básica, como el traslado a los centros terapéuticos, prestaciones de las mutuales, y diferentes gestiones para que, las agencias de los Estado (municipales, provincial y nacional) cumplan con derechos adquiridos y establecidos, y garanticen la calidad de vida de estas personas.
Para conocer qué expectativa tienen en la organización con el cambio de normativa, EL OTRO dialogó con Mónica Bascuñán, directora del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza. Desde su perspectiva, construida desde la lucha diaria personal y colectiva, nos precisó de qué se trata la inclusión plena de las personas con discapacidad, y cuáles son los alcances y limitaciones que puede tener una ley.
“Desde nuestra organización trabajamos los aportes a la nueva ley con las personas con discapacidad de Mendoza, escuchando a las y los protagonistas. Nuestra opinión es que necesitamos sanciones ante el incumplimiento de la ley y formación a las y los profesionales en perspectiva en discapacidad, y que sea bajo el lineamento del Modelo Social de la discapacidad. Una ley es un papel y para que se cumpla hay que trabajar mucho. Esa es la propuesta de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) encargada de recibir los aportes de todo el país para esta nueva ley. Fue una gran oportunidad para escuchar a las personas con discapacidad y sus familias, pero por sobre todo la oportunidad de ser protagonistas de un cambio tan necesario para el colectivo y para toda la sociedad.
“Si no existen sanciones, si las instituciones, los organismos del Estado y el sector privado no cumple con el cupo laboral del 4%, hay que sancionarlos; si una obra social no le garantiza el 100% tratamiento a una persona con discapacidad (sin tener que acudir a un amparo judicial) como dice la ley, debe tener sanción. Si no ponemos a las personas con discapacidad en el foco de derechos sexuales y políticos, nunca los podríamos estar viendo. La sexualidad de la persona con discapacidad está postergada, y hay que entender que, primero que todo, es una persona que siente, que trabaja, que sueña, que quiere crear una familia, estudiar, capacitarse en igualdad de oportunidades”, advirtió Mónica.
En referencia al cambio de paradigma que plantea el proyecto del Ejecutivo nacional, la directora del Observatorio destacó, “la discapacidad reconoce tres modelos socio-histórico, el de la prescindencia, que considera que las causas de la discapacidad responden a motivos religiosos y que había que ocultarlas; el modelo médico, que dice que las personas con discapacidad están enfermas y que hay que sanarlas y rehabilitarlas para que puedan integrarse en la sociedad; y el modelo social de la discapacidad, que es el que todes queremos, que considera que el origen de la discapacidad obedece a causas sociales, es decir a una construcción y un modo de opresión social. Este modelo se contrapone al modelo médico”.
“Las barreras y las limitaciones las pone la misma sociedad –sigue Mónica- en un sistema capitalista que no considera al cuerpo de estas personas como un cuerpo capaz de producir, viendo primero la discapacidad y no las capacidades de lxs mismos. Las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, pero la sociedad no les escucha, ni incluye”.
El avance en el reconocimiento de derechos y en materia de inclusión es una histórica deuda del Estado y de la sociedad en su conjunto. “El colectivo de las personas con discapacidad es el más postergado y vulnerado en la historia, podemos reconocer a la discapacidad como la primera diversidad, de 10 personas con discapacidad entrevistadas 9 no tiene trabajo, el 85% de las personas con certificado único de discapacidad en Argentina no acceden al trabajo, este es un tema relevante ya que la puerta a una participación activa en la sociedad es el trabajo para una vida independiente”, agrega Bascuñán
Los Estados, en el marco del respeto de tratados internacionales, deben garantizar igualdad ante la ley, accesibilidad al entorno físico y a los servicios públicos; derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades; respeto y protección para las mujeres con discapacidad, sujetas a múltiples formas de discriminación; reconocer el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente, entre otros aspectos fundamentales. A pesar de que estas responsabilidades están establecidas, las administraciones públicas en sus diferentes esferas registran un avance lento que impacta en la vida particular de las personas. Al respecto, Mónica nos explicó cómo es la situación de las instituciones de Mendoza y de las que administra el Gobierno Nacional.
“En Mendoza, las personas con discapacidad nos encontramos ante un Gobierno que aplica políticas iguales a las de Macri. Son gobiernos que consideran a este colectivo como un gasto y no trabajan sobre políticas de inclusión, sino de exclusión. Con los gobiernos de Cornejo y Suarez este colectivo retrocedió. Nadie controla sobre el presupuesto en discapacidad, ni cómo funcionan las instituciones que trabajan y atienden la temática. Las personas con discapacidad profesionales, no pueden acceder a la docencia, ya que la DGE (Dirección General de Escuelas) no les aprueba el psicofísico. Uno de los sectores donde más denuncias por discriminación hay, es la DGE, según el INADI de Mendoza. Por su parte Osep (Obra Social de los Empleados Públicos) no respeta la ley 29.401 y no adhiere al nomenclador nacional. Nadie habla de accesibilidad, esta se refiere al derecho de toda persona con discapacidad a participar en igualdad de oportunidades en las actividades cotidianas, tales como el empleo, el transporte, la educación, la cultura y la tecnología, sin ningún tipo de barrera o limitación. Debemos pensar un diseño universal”, recalcó la delegada del Observatorio .
Al respecto de las instituciones que dependen de Nación, Bascuñán refirió que “las políticas públicas nacionales pensadas para este colectivo, en su mayoría no llegan a estas personas. Las organizaciones, instituciones que deberían trabajar para garantizar la participación plena del colectivo, en su mayoría no lo hacen. Respecto a los subsidios que la Nación entrega, nadie regula si estos impactan directamente en las vidas de estas personas. ¡Las y los prestadores de servicios a estas personas son empresas! Que no tienen perspectiva en discapacidad, que no les importa la realidad de las mismas y de sus familias. Hablamos de subsidios millonarios que nadie regula”.
“Todos los días recibimos por las redes sociales denuncias de las propias personas con discapacidad, contándonos los maltratos que reciben. Desde el Observatorio hacemos asesoramiento e informamos cómo y dónde denunciar. Consideramos que garantizar el derecho a la información constituye un punto de partida ineludible. Escuchar a las personas con discapacidad es lo que hacemos, por ello sabemos qué necesitan, qué quieren y cómo lo quieren. Este hecho casi no sucede, hablamos de un colectivo muy invisibilizado. A las personas con discapacidad, hay que salir a buscarlas y darles todo lo que necesiten”.
Como reseñamos, el Gobierno Nacional prevé llevar el proyecto de la nueva ley de discapacidad, con los aportes recogidos en la Consulta Federal, antes de que finalice el 2021, y someterla a discusión parlamentaria en 2022 – pleno año electoral. El camino no está allanado y pondrá a prueba la voluntad de las y los legisladores para que se trate, se refuerce y apruebe.
“Generalmente la sociedad ve primero a la discapacidad y no a la persona”
